La deuda de 57.100 millones de dólares contraída durante el gobierno de Mauricio Macri con el FMI quedó al borde del cierre judicial luego de que el fiscal Raúl Pleé desistiera de sostener el recurso contra el archivo. Los antecedentes de su vínculo con Macri, la salida del Estado como querellante durante el gobierno de Javier Milei y las objeciones de los fiscales que impulsaron la investigación reabren el debate sobre la independencia judicial y el control de una de las decisiones económicas más trascendentes de la historia argentina reciente.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La investigación judicial sobre el mayor endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de la historia argentina acaba de ingresar en una instancia decisiva. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, desistió de impulsar el recurso que buscaba revertir el cierre de la causa por el préstamo de US$ 57.100 millones contraído durante el gobierno de Mauricio Macri, una decisión que favorece al expresidente y a dos funcionarios que hoy ocupan lugares centrales en la administración de Javier Milei: Luis Caputo y Federico Sturzenegger. El movimiento de Pleé deja al expediente al borde de su clausura definitiva, después de que la jueza María Eugenia Capuchetti archivara la investigación y los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaran esa decisión. La gravedad institucional del episodio no se limita al destino de una causa económica: vuelve a poner bajo discusión la independencia de quienes deben impulsar la persecución penal cuando los investigados pertenecen a las más altas esferas del poder político.
La particularidad es que Pleé no es un fiscal sin antecedentes de vínculos con el macrismo. Como documentó NLI en mayo de 2023, el funcionario judicial se reunió con Macri en la Quinta de Olivos en marzo de 2018, cuando el entonces presidente evaluaba quién ocuparía la Procuración General de la Nación. También había integrado la Comisión Asesora en Seguridad Deportiva creada por Macri durante su presidencia en Boca Juniors. Esos antecedentes fueron invocados por la defensa de Cristina Kirchner cuando pidió su recusación en la causa Vialidad. Ahora, su intervención en el expediente por la deuda con el FMI vuelve a colocar su trayectoria y sus relaciones institucionales en el centro del debate público. Los vínculos documentados no prueban por sí solos una conducta delictiva ni determinan automáticamente la invalidez de sus decisiones, pero constituyen antecedentes relevantes para examinar la apariencia de independencia con la que actúa un representante del Ministerio Público Fiscal en una causa de semejante trascendencia.
Una deuda gigantesca, una investigación archivada y preguntas que siguen sin respuesta
Para entender la dimensión del expediente hay que volver a 2018. Durante la presidencia de Macri, la Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional un programa de financiamiento por US$ 57.100 millones, cuyo desembolso efectivo fue inferior al monto total acordado. El crédito fue presentado por el Gobierno de Cambiemos como una herramienta para estabilizar la economía, pero terminó convertido en uno de los episodios más controvertidos de la historia económica reciente: el país asumió obligaciones extraordinarias en moneda extranjera, atravesó una crisis cambiaria y quedó condicionado por compromisos con el organismo internacional que continuaron pesando sobre las administraciones siguientes. La discusión judicial no consistía simplemente en determinar si endeudarse era una buena o una mala decisión económica, sino en establecer si los funcionarios habían cumplido las normas legales y administrativas aplicables y si la negociación y el uso de las divisas podían configurar delitos.
El fiscal Franco Picardi sostuvo durante la investigación que existían elementos para examinar un presunto esquema defraudatorio que habría involucrado a funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central, junto con actores privados. Entre los puntos cuestionados figuraban la falta de intervención del Congreso, presuntos incumplimientos de la normativa financiera y administrativa, irregularidades en la documentación del acuerdo y el destino de las divisas. En sus planteos, Picardi también señaló que la Sindicatura General de la Nación había cuantificado en US$ 29.618 millones el perjuicio económico atribuido al accionar investigado. Esa cifra corresponde a la estimación invocada por la fiscalía, no a un daño establecido mediante una sentencia penal firme. La distinción es fundamental: se trata de hipótesis y argumentos de la acusación que debían ser evaluados judicialmente, no de una condena contra los funcionarios denunciados.
La jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa por inexistencia de delito en febrero de 2026. En septiembre, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron el cierre y rechazaron la pretensión de reabrir la investigación. Los fiscales Picardi y José Luis Agüero Iturbe habían cuestionado esa resolución y procurado que la discusión llegara a la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, tras la denegación del recurso de casación, la intervención de Pleé era decisiva para sostener la queja ante ese tribunal superior. El fiscal desistió de continuarla, con el argumento de que los planteos no identificaban medidas de prueba concretas pendientes ni demostraban que la investigación hubiera sido clausurada prematuramente. Su postura, por lo tanto, no fue una condena a los fiscales anteriores ni una declaración de inocencia dictada por él: fue una decisión procesal que dejó sin ese impulso la vía para cuestionar el archivo.
Pleé y Macri: los antecedentes que vuelven a cobrar relevancia
La decisión adquiere otra dimensión cuando se revisa la trayectoria del fiscal. En la investigación publicada por NLI el 5 de mayo de 2023, bajo el título “Causa Vialidad: quién es el fiscal Pleé, recusado por Cristina”, este medio reconstruyó sus vínculos institucionales con Macri y los antecedentes que motivaron el pedido de apartamiento presentado por la defensa de Cristina Kirchner. Uno de los episodios centrales fue la reunión que Pleé mantuvo con el entonces presidente en la Quinta de Olivos en marzo de 2018, cuando el fiscal era mencionado como posible candidato a la Procuración General de la Nación. El propio Pleé reconoció que había concurrido a la convocatoria presidencial y explicó que en ese momento existía una expectativa en torno a su eventual postulación. El encuentro generó cuestionamientos por la relación entre un fiscal de Casación y el jefe del Poder Ejecutivo, especialmente porque se produjo mientras estaba en discusión la conducción del Ministerio Público Fiscal.
Aquel vínculo no era el único antecedente documentado. Pleé había integrado en 2007 una comisión asesora de seguridad deportiva creada por Macri durante su etapa al frente de Boca Juniors, una relación institucional previa a la llegada del dirigente del PRO a la Presidencia. Además, nuestra investigación de 2023 recordó que en 2021 la AFA había dispuesto su suspensión como presidente del Comité de Ética, al señalar una incompatibilidad vinculada con la exigencia de independencia de quienes integraban ese órgano y su relación con Boca. Son antecedentes de naturaleza diferente y deben ser analizados en su contexto, pero ayudan a reconstruir una trayectoria pública en la que los vínculos con el universo macrista ya habían despertado interrogantes sobre la independencia institucional.
La cuestión, entonces, no pasa por sostener que cualquier funcionario que haya tenido una relación institucional con Macri esté automáticamente impedido de intervenir en una causa que lo involucre. El problema es si los antecedentes conocidos, examinados junto con las decisiones adoptadas en cada expediente, ofrecen suficientes garantías de independencia y confianza pública. En el caso de Pleé, el encuentro en Olivos, las expectativas en torno a la Procuración y su participación en la estructura de seguridad deportiva de Boca forman parte de un registro verificable. Su desistimiento en la causa del FMI debe analizarse a la luz de esos antecedentes, pero también de los argumentos jurídicos que expuso para justificarlo. Una crítica rigurosa exige ambas cosas: examinar las relaciones de poder y, al mismo tiempo, identificar qué resolvió el funcionario y cuáles fueron sus fundamentos.
Milei también entra en escena: el Estado dejó de impulsar la acusación
Hay otro elemento que vuelve especialmente relevante el desenlace. Según la reconstrucción publicada por Movimiento Alternativa, el Gobierno de Javier Milei había apartado previamente a la Procuración del Tesoro de su condición de querellante en el expediente, mediante el Decreto 87/2026. Esa decisión se produjo en una causa que involucraba a dos integrantes centrales de su propio gabinete: Luis Caputo, ministro de Economía, y Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Ambos habían ocupado cargos relevantes durante la administración de Macri en el período en que se contrajo el préstamo. La coincidencia entre el retiro de la representación estatal como querellante y el desistimiento posterior de Pleé plantea una pregunta institucional inevitable: ¿qué posibilidades concretas quedan para revisar judicialmente las irregularidades denunciadas cuando el Estado deja de sostener la acusación y el fiscal ante Casación decide no continuar el recurso?
La respuesta procesal es que el cierre quedó encaminado, aunque corresponde distinguir entre el desistimiento de Pleé, las resoluciones anteriores y el estado formal definitivo del expediente. No sería correcto presentar el desistimiento como si fuera, por sí mismo, una sentencia de Casación. Sí puede afirmarse que eliminó una vía relevante para cuestionar el archivo confirmado por la Cámara Federal. Y el efecto institucional es significativo: el Estado pierde capacidad para insistir en una revisión de las hipótesis investigadas, mientras los funcionarios señalados quedan cada vez más cerca de que la causa se cierre definitivamente.
El debate excede a un expresidente y a un fiscal. Se refiere a la posibilidad de que la Justicia examine con profundidad decisiones que comprometen recursos públicos, endeudamiento externo y obligaciones que recaen sobre generaciones de argentinos. Si se denunciaron incumplimientos de normas financieras, ausencia de intervención parlamentaria y un eventual perjuicio patrimonial de dimensiones extraordinarias, la pregunta que debía responder el expediente era si esos hechos tenían relevancia penal y qué pruebas permitían establecerlo. Los fiscales que impulsaron la revisión sostuvieron que faltaba producir medidas relevantes; los tribunales que confirmaron el archivo consideraron que no se había acreditado un delito y que los planteos no justificaban continuar. Esa es la controversia jurídica que está en el centro del caso, y el desistimiento de Pleé la deja sin una nueva revisión por la vía que se intentaba abrir.
La Argentina sigue pagando las consecuencias económicas y políticas de aquel ciclo de endeudamiento, mientras la discusión judicial se aproxima a un desenlace favorable a quienes tomaron las decisiones investigadas. La deuda permanece; las obligaciones con el FMI permanecen; pero la posibilidad de esclarecer judicialmente cómo se negoció, bajo qué procedimientos y con qué destino se administraron las divisas queda severamente restringida. La historia de los vínculos entre Pleé y Macri no demuestra por sí sola una maniobra ilícita, pero vuelve legítimo exigir explicaciones claras sobre la independencia de los funcionarios judiciales y la consistencia de las decisiones que adoptan en causas de semejante trascendencia pública.
En un Estado de derecho, la independencia judicial no puede depender solamente de que cada funcionario declare actuar conforme a la ley: también exige decisiones fundamentadas, procedimientos transparentes y garantías de que las relaciones políticas no condicionan la investigación de hechos de interés público. La causa por los US$ 57.100 millones deja planteado un interrogante de fondo: ¿quién responde cuando una deuda de dimensiones históricas compromete el patrimonio nacional, pero la investigación destinada a determinar si hubo delitos termina archivada sin que prospere una nueva revisión judicial?
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