El juez federal Ariel Lijo extendió la acusación contra el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad por presuntas maniobras irregulares en la compra de medicamentos e insumos médicos. La investigación incorpora nuevas empresas y empresarios, alcanza a 19 personas con procesamientos y expone un posible mecanismo de direccionamiento de contratos públicos que habría perjudicado al Estado en miles de millones de pesos.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial que agrava la situación de Diego Spagnuolo, el exfuncionario elegido por Javier Milei para conducir el organismo encargado de atender las necesidades de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. El juez federal Ariel Lijo amplió su procesamiento al incorporar nuevas maniobras vinculadas con la adquisición de insumos médicos y ortopédicos, y profundizó una investigación que ya no se limita a las sospechas sobre las compras de medicamentos: ahora apunta también a un entramado más amplio de contrataciones públicas, proveedores privados y funcionarios que habrían actuado coordinadamente para obtener beneficios económicos ilegítimos.
La decisión judicial, adoptada a partir de la investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 5, a cargo de Franco Picardi, constituye un avance relevante en un expediente que compromete a personas que ocuparon posiciones estratégicas dentro del Estado y a empresarios vinculados con la provisión de bienes sanitarios. Lijo amplió, además, los procesamientos de Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y del empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario entre funcionarios y proveedores. La resolución también dispuso el procesamiento de otras 19 personas, entre ellas directivos y representantes de empresas del sector.
El dato central es que la investigación comienza a describir una presunta modalidad de contratación que habría atravesado distintas categorías de insumos y no solamente la adquisición de medicamentos. La hipótesis judicial sostiene que determinadas compras públicas pudieron haber sido manipuladas mediante la selección de proveedores favorecidos, la simulación de competencia entre oferentes y la adjudicación de contratos en condiciones irregulares. Si estas maniobras se acreditan durante el proceso, el caso dejará al descubierto mucho más que decisiones administrativas cuestionables: pondrá en discusión el funcionamiento de una estructura que habría utilizado recursos estatales destinados a garantizar prestaciones sanitarias para producir beneficios privados.
De los medicamentos a los insumos ortopédicos: una investigación que se amplía
La nueva etapa del expediente comprende seis segmentos de insumos: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología. Se trata de bienes vinculados con tratamientos, equipamiento y necesidades concretas de personas que dependen de la cobertura pública para acceder a prestaciones esenciales. La investigación busca establecer cómo se desarrollaron las contrataciones, qué empresas resultaron beneficiadas, qué diferencias de precios existieron y qué intervención tuvieron los funcionarios y particulares involucrados.
De acuerdo con la información incorporada a la causa, las contrataciones examinadas en esos rubros superaron los 82.881 millones de pesos. Dentro de ese universo, el análisis económico detectó diferencias de precios estimadas en 1.849 millones de pesos para los insumos médicos y ortopédicos. Esa cifra se suma a los aproximadamente 5.984 millones de pesos identificados en el tramo correspondiente a medicamentos. En conjunto, la afectación económica preliminar bajo análisis supera los 7.833 millones de pesos.
Es necesario distinguir el volumen total de las contrataciones investigadas de la estimación de las diferencias de precios: no son conceptos equivalentes. La cuantificación del posible perjuicio se encuentra limitada a las operaciones que pudieron compararse con valores de referencia y podría modificarse a medida que se profundice el análisis. Pero la dimensión económica del expediente ya obliga a examinar con rigor qué ocurrió con los recursos públicos, cómo se definieron las adjudicaciones y qué controles funcionaron —o dejaron de funcionar— dentro de la agencia.
La hipótesis de los investigadores apunta a una estructura que habría operado, según los períodos examinados, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. La presunta reiteración de procedimientos similares en diferentes rubros es uno de los elementos centrales para determinar si se trató de episodios aislados o de un mecanismo organizado. En una contratación estatal, la competencia entre proveedores, la transparencia de los procedimientos y la comparación razonable de precios no son formalidades burocráticas: constituyen garantías para impedir que el dinero de la sociedad termine convertido en una fuente de ganancias indebidas.
Spagnuolo, Garbellini y Calvete, bajo una acusación más grave
La resolución de Lijo mantiene a Spagnuolo y Garbellini como presuntos jefes de la asociación ilícita investigada y les atribuye, además, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada por el perjuicio a la administración pública nacional. En el caso de Calvete, señalado como miembro de la organización, también se incorporaron imputaciones vinculadas con su presunta participación necesaria en las maniobras y con el lavado de activos de origen ilícito, agravado por la habitualidad y por su supuesto vínculo con una asociación destinada a cometer hechos de esa naturaleza.
Los embargos dispuestos contra los principales acusados fueron ampliados hasta alcanzar aproximadamente 47.100 millones de pesos. La cifra refleja la magnitud patrimonial que la Justicia busca resguardar en función de las imputaciones y de los posibles daños investigados. No representa, por sí misma, dinero recuperado por el Estado ni una condena definitiva: se trata de una medida cautelar dentro de un proceso penal en curso.
El expediente tiene, además, un antecedente decisivo. En septiembre, la Sala II de la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Spagnuolo en el tramo relacionado con las presuntas irregularidades en la contratación de medicamentos. La ampliación actual extiende el alcance de la investigación hacia nuevos rubros y otros participantes, reforzando la necesidad de reconstruir las relaciones entre quienes intervenían en las decisiones administrativas y quienes obtenían los contratos.
Spagnuolo había llegado a la conducción de la ANDIS por decisión del Gobierno de Milei y dejó el cargo en agosto de 2025, en medio del escándalo generado por la difusión de audios atribuidos al exfuncionario que aludían a un supuesto sistema de cobro de coimas. Aquellas grabaciones provocaron una crisis política y abrieron interrogantes sobre posibles conexiones entre proveedores y personas vinculadas con el poder. Las nuevas decisiones judiciales se inscriben en una investigación más amplia, pero las responsabilidades de cada persona deben establecerse a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de las resoluciones que adopte la Justicia.
El costo de la corrupción cuando están en juego derechos esenciales
El caso ANDIS tiene una dimensión que trasciende los tribunales de Comodoro Py. Cuando se investigan contrataciones de medicamentos, prótesis, sillas de ruedas, audífonos y otros insumos indispensables, el eventual perjuicio no puede medirse únicamente en términos contables. También importa determinar si las irregularidades afectaron la provisión, encarecieron las compras, condicionaron la competencia o dificultaron el acceso a prestaciones de personas con discapacidad y beneficiarios de programas de salud.
La responsabilidad política del Gobierno también exige respuestas. Spagnuolo no era un funcionario ajeno a la estructura oficial: fue designado para conducir un organismo nacional durante la administración de Milei. La ampliación de su procesamiento vuelve inevitable preguntar qué controles ejerció el Ministerio de Salud, cómo se supervisaron las compras, qué mecanismos de auditoría estaban activos y qué medidas se adoptaron para evitar que los fondos destinados a prestaciones esenciales quedaran expuestos a posibles maniobras irregulares.
La investigación penal deberá establecer si existió una asociación ilícita, cuáles fueron los roles concretos de los acusados y qué responsabilidades corresponden a cada uno. Pero el avance del expediente ya impone una exigencia institucional: esclarecer el destino de los recursos, identificar a los responsables si los hechos se prueban y garantizar que las contrataciones públicas destinadas a personas con discapacidad respondan al interés colectivo y no a circuitos privilegiados de negocios.
En un organismo cuya razón de ser es garantizar derechos, las sospechas sobre un posible esquema de corrupción adquieren una gravedad particular. La ampliación del procesamiento de Spagnuolo no cierra la causa ni equivale a una condena, pero sí ensancha el campo de las maniobras investigadas y compromete a más actores del circuito de contrataciones. Ahora la Justicia debe avanzar hasta reconstruir cómo funcionaba ese mecanismo, quiénes se beneficiaron y qué consecuencias tuvo para el Estado. La sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre el manejo de fondos públicos que debían estar al servicio de quienes más necesitan protección.
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