Mientras el desarrollo hidrocarburífero se presenta como una de las grandes apuestas para generar dólares, Neuquén enfrenta el costo ambiental de décadas de explotación convencional. Un relevamiento provincial reúne 441 registros vinculados con pozos que requieren abandono, reclasificación o evaluación técnica. Entre las empresas involucradas aparece Bentia Energy, la firma encabezada por el exministro de Energía de Mauricio Macri que adquirió áreas de YPF y cuya estructura societaria NLI investigó en 2025.
Por Roque Pérez para NLI
Vaca Muerta se convirtió en una de las palabras más repetidas de la política económica argentina. Se la invoca para prometer exportaciones, inversiones, ingreso de divisas y una transformación estructural de la economía nacional. Sin embargo, detrás de los anuncios de producción récord y de los proyectos para ampliar la infraestructura energética existe una realidad menos promocionada: los pozos que dejan de producir, las instalaciones que envejecen, los ductos que pierden utilidad y las obligaciones ambientales que deben resolverse cuando un yacimiento pierde atractivo comercial.
El problema adquirió una dimensión concreta en Neuquén. Según un relevamiento sobre compromisos registrados durante 2025 y lo transcurrido de 2026, publicado por Economía Sustentable el 19 de octubre, existen 441 registros relacionados con pozos que requieren abandono, reclasificación o evaluaciones técnicas. En ese universo aparecen YPF, Fluxus, Pluspetrol, Bentia Energy e Ingeniería SIMA. La cifra no equivale a 441 pozos que se encuentren todos en idéntica situación jurídica o técnica: incluye distintas categorías de intervención y compromisos ambientales. Pero expone la magnitud de una deuda que la expansión del negocio hidrocarburífero no puede borrar.
Lo sucedido pone el foco sobre un lado desconocido de Vaca Muerta, precisamente en esa herencia: cientos de perforaciones cuyo destino debe resolverse mientras el sector concentra sus recursos en las áreas con mayor rentabilidad. El interrogante es incómodo y esencial: ¿quién paga cuando un pozo deja de ser negocio?
El petróleo rentable y los pozos que quedan atrás
La transformación del mapa petrolero neuquino ayuda a entender el problema. Mientras las inversiones se orientan hacia los desarrollos no convencionales, los activos convencionales maduros pasan de una empresa a otra. YPF impulsó ese proceso mediante el Proyecto Andes, destinado a desprenderse de áreas convencionales para concentrar recursos en sus negocios considerados estratégicos.
La transferencia de un yacimiento, sin embargo, no elimina su historia. Un área puede contener pozos productivos, perforaciones inactivas, instalaciones que requieren mantenimiento y estructuras que deben ser desmanteladas. También puede arrastrar obligaciones que no desaparecen cuando cambia el nombre del operador. El negocio de adquirir activos maduros no consiste solamente en poner nuevamente en producción lo que todavía puede generar ingresos: también exige determinar qué debe repararse, qué tiene que cerrarse y qué responsabilidades ambientales deben cumplirse.
En el caso de las áreas neuquinas transferidas a Bentia Energy, los documentos oficiales permiten dimensionar el asunto. El Decreto 380/2025, publicado por la provincia de Neuquén, autorizó la cesión de las concesiones de Octógono y Al Norte de la Dorsal. El esquema aprobado incluyó una garantía ambiental a cargo de la cesionaria, destinada a cubrir eventuales daños y responsabilidades relacionados con pozos, líneas, ductos, plantas, instalaciones, abandonos y otros pasivos derivados de actividades realizadas u omitidas.
La información publicada sobre esas transferencias identifica, para el conjunto de activos comprendido en el acuerdo, 1.015 pozos: 195 activos, 237 inactivos, 111 clasificados para abandono, 452 abandonados y 20 sin conexión. También registra 40 instalaciones de producción y 939,36 kilómetros de ductos. Son cifras que describen una infraestructura extensa y un conjunto de obligaciones que excede largamente la imagen de una plataforma petrolera en funcionamiento.
Según ese mismo relevamiento, YPF se comprometió a reclasificar otros 100 pozos inactivos antes de completar la transferencia. Bentia, por su parte, asumió obligaciones como nueva concesionaria y debió constituir una garantía ambiental de 1,17 millones de dólares por cuatro años. La garantía es un instrumento de cobertura, no una demostración de que todos los trabajos estén terminados ni una prueba automática de que el monto resulte suficiente para afrontar cualquier contingencia.
La diferencia importa. Una cosa es establecer obligaciones sobre el papel; otra, verificar que cada pozo haya sido correctamente sellado, que las instalaciones en desuso reciban el tratamiento correspondiente y que las autoridades controlen el cumplimiento de los cronogramas. El debate público necesita información verificable sobre el avance efectivo de esas tareas, sus costos y los responsables de ejecutarlas.
Bentia Energy: el negocio detrás de los activos de YPF
Aquí aparece un antecedente que NLI ya presentó el año pasado. En la investigación titulada “Exclusivo: quién está detrás de Bentia Energy, la empresa del exministro Iguacel”, NLI reconstruyó la estructura societaria de la firma y sus conexiones empresariales.
Bentia fue constituida en 2024 y quedó presidida por Javier Iguacel, exadministrador de Vialidad Nacional y exministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri. En la composición accionaria reconstruida por aquella investigación, Lisandro Garmendia concentraba el 51% del capital, Iguacel el 40% y Lucas Logaldo el 9%. Logaldo había sido jefe de Gabinete de Iguacel en el Ministerio de Energía. La investigación también describió los vínculos familiares y comerciales de los Garmendia con TB Cargo, empresa asociada a la operación.
El dato político y económico es relevante: un exfuncionario con responsabilidades centrales en la política energética de la administración macrista pasó a encabezar una compañía privada que ingresó al negocio de las áreas convencionales que YPF buscaba transferir. Esa trayectoria merece escrutinio público, especialmente cuando las operaciones involucran recursos estratégicos, concesiones provinciales y compromisos ambientales de largo plazo.
La secuencia también fue llamativa por sus tiempos. La licitación de las áreas convencionales de YPF se puso en marcha en abril de 2024; Bentia se constituyó ese año y obtuvo adjudicaciones para operar activos en Neuquén. La provincia autorizó posteriormente las cesiones correspondientes. La existencia de esos antecedentes no demuestra por sí sola irregularidad alguna, pero sí justifica examinar con rigor las condiciones de adjudicación, la capacidad técnica y financiera de los operadores y la distribución de riesgos entre las empresas que transfieren activos, quienes los reciben y el Estado.
El problema ambiental agrega una pregunta concreta a esa investigación empresarial: ¿qué capacidad económica y operativa tiene cada compañía para cumplir sus obligaciones cuando los activos que recibe incluyen pozos inactivos, abandonados o pendientes de evaluación?
No alcanza con observar quién adquiere una concesión ni cuánto puede producir. También hay que conocer qué compromisos asume, qué garantías presenta, qué inversiones realiza y qué sucede si el operador no cumple. La transparencia de esos datos es una condición básica para que las concesiones de recursos públicos no terminen convirtiéndose en negocios privados con costos colectivos.
Una obligación legal que no puede quedar en promesas
El abandono de pozos no es una cuestión librada exclusivamente a la voluntad empresarial. La Resolución 5/1996 de la Secretaría de Energía estableció normas y procedimientos específicos para estas tareas, con exigencias vinculadas a la seguridad y la protección ambiental. El régimen contempla distintas categorías de pozos, procedimientos de abandono temporario y definitivo, plazos y responsabilidades para concesionarios y permisionarios.
Por eso, la discusión no debería reducirse a contabilizar perforaciones. Hay que conocer su ubicación, su estado, su riesgo potencial, las medidas previstas y el grado de cumplimiento de cada programa. Tampoco corresponde equiparar automáticamente todo pozo abandonado con una contaminación comprobada: el riesgo depende de sus condiciones y del tratamiento que haya recibido. Pero precisamente por eso se necesitan controles técnicos, información pública y fiscalización sostenida.
El desafío es mayor cuando las empresas transfieren áreas con décadas de historia productiva. La provincia debe asegurar que las obligaciones se identifiquen antes de autorizar los cambios de titularidad, que las garantías sean adecuadas y que existan mecanismos efectivos para exigir las tareas pendientes. También debe poder determinarse qué corresponde a cada operador y qué responsabilidades conserva, en su caso, quien produjo o administró anteriormente los activos.
En paralelo, el crecimiento de la explotación no convencional abre otras discusiones ambientales. Un informe publicado por El País en junio de 2026 documentó la acumulación de residuos vinculados con el fracking en Neuquén y las preocupaciones por su tratamiento y disposición. Se trata de un problema distinto del abandono de pozos, pero relacionado con una misma cuestión de fondo: la velocidad de expansión de la industria exige capacidad estatal de control, infraestructura adecuada y obligaciones ambientales verificables.
La Argentina necesita desarrollar sus recursos energéticos y discutir cómo convertir esa riqueza en producción, empleo, infraestructura y bienestar. Pero ningún balance serio puede contabilizar solamente los barriles extraídos, las exportaciones o los dólares anunciados. También debe incorporar los costos de cierre, saneamiento, mantenimiento y remediación que forman parte de la actividad.
Vaca Muerta no puede medirse únicamente por lo que produce hoy. También debe medirse por lo que deja cuando un yacimiento se agota, cambia de operador o deja de ser rentable. Los 441 registros relevados en Neuquén, las obligaciones asociadas a las áreas transferidas y el caso de Bentia Energy muestran por qué la discusión energética necesita salir de los anuncios y entrar en el terreno de los controles, los contratos y las responsabilidades concretas.
La riqueza del subsuelo es un recurso estratégico. La obligación de evitar que sus costos ambientales terminen socializados también debería serlo.
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