REGISTROS DEL AUTOMOTOR: echaron a la encargada de dos registros de Lomas de Zamora por $117 millones que no le giró al Estado

El Ministerio de Justicia de Mahiques removió a Marta Elena Castañón, al frente de dos registros seccionales desde hace más de una década. Durante ocho meses cobró los trámites y no depositó la parte del Estado. Ella dice que no había plata para pagar: es el mismo Gobierno que les cerró registros, les cargó los costos y les sacó la caja.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

Personas realizan trámites en un mostrador de atención de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.

El Gobierno removió a Marta Elena Castañón, encargada titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora Nº 5 y del registro de motovehículos Letra «A» del mismo partido. La decisión quedó plasmada en la Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, que el ministro Juan Bautista Mahiques firmó el 12 de noviembre y que se publicó este lunes en el Boletín Oficial. Según el sumario, entre julio de 2024 y febrero de 2025 la encargada no depositó los remanentes de la recaudación que le correspondían al Estado, y la SIGEN calculó que, con los intereses, el perjuicio ya llega a $117.246.510,53. Ella se defendió con un argumento que el Ministerio rechazó de plano, que el registro estaba desfinanciado. Lo que la resolución no dice es que ese desfinanciamiento tiene firma, y es la del mismo Gobierno que hoy la echa.

Ocho meses sin depositar

Los registros del automotor funcionan como una concesión del Estado. El encargado cobra los aranceles de cada trámite, se queda con una parte para pagar los sueldos de sus empleados y los gastos de la oficina, y está obligado a girar el resto, lo que en la jerga se llama el remanente, a la administración central. Según el expediente, eso es lo que Castañón dejó de hacer a partir de julio de 2024, y no fue un mes perdido sino una racha que se sostuvo hasta el 17 de febrero de 2025. El primer mes quedaron sin depositar $10,37 millones, y en agosto el agujero fue el más grande de todo el período, de casi $19 millones. Después siguieron cifras de entre 7 y 10 millones por mes hasta enero, y la deuda se cortó con un saldo menor en la primera quincena de febrero.

Sumados, esos saldos dan $73.566.460,66 de capital, la misma cifra que fijó la instrucción del sumario como perjuicio. La SIGEN la actualizó en su Informe Técnico 77/2026 y concluyó que al 15 de septiembre de este año el daño fiscal ascendía a $117,2 millones, una suma que la propia resolución califica de «relevante significación económica» y que seguirá creciendo con los intereses hasta el día en que se cobre.

Del expediente a los tribunales

El caso tiene historia. El expediente administrativo se abrió en 2024 y el sumario lo ordenó la Resolución 585/2025, en agosto del año pasado, a partir de informes técnicos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, que detectó que la plata no llegaba. En paralelo corre una causa penal en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, Secretaría Penal Nº 6, bajo el número FLP 3431/2025, que es donde se va a definir si hubo delito.

Con la resolución, el Ministerio da por cerrado el sumario, declara la responsabilidad disciplinaria de Castañón por haber violado la Disposición 54/1998 y el Decreto 644/1989, fija el perjuicio fiscal y ordena a sus áreas que inicien las acciones para recuperar la plata. También manda avisar a la SIGEN y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Pero no es la última palabra, porque Castañón todavía puede pedir que se reconsidere la medida dentro de los 20 días hábiles o recurrir a una instancia superior dentro de los 30, y la vía administrativa no está agotada. Por ahora es una sanción administrativa, no una condena.

La defensa: no había plata

En el sumario, Castañón alegó imposibilidad económica y desfinanciamiento del registro. También sostuvo que había pedido saldar la deuda en cuotas y que nunca le contestaron. El Ministerio no se detuvo demasiado en esas explicaciones: el remanente es del Estado desde el momento mismo en que se cobra el trámite, y las dificultades de la oficina, según la resolución, no eximen al encargado de depositarlo.

No se trata de una recién llegada al sistema. Los listados de registros ya la mostraban como encargada del Nº 5 hace más de diez años, y en abril de 2021, en plena pandemia, seguía al frente de las dos oficinas, cuando la Dirección de Registros Seccionales dejó constancia de que no podían abrir entre el 9 y el 18 de ese mes por casos de covid entre el personal. Atravesó varios gobiernos y varias crisis al frente de esas oficinas, hasta que llegó el ajuste libertario.

La motosierra también pasó por los registros

Los meses en que la plata dejó de llegar no cayeron del cielo. Coinciden con el ajuste más fuerte que vivió el sistema de registros en décadas, y lo diseñó este Gobierno. En mayo de 2024 anunció que los encargados se iban a hacer cargo del 100% de sus costos operativos y que se cerraría el 40% de los registros, empezando por los intervenidos. En enero de 2025, con la oficina de Castañón ya en rojo, el ministro Cúneo Libarona suprimió 155 registros seccionales de un saque. Un mes después llegó el Registro Único Virtual para patentar en forma digital, y en noviembre de 2025 la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor, con la que la plata de los trámites pasó a cobrarla el Estado de manera directa. En menos de dos años, los registros perdieron trámites, perdieron oficinas y perdieron la caja.

Nada de eso convierte en propia la plata que era del Estado. La norma es clara y la causa penal dirá si hubo delito. Pero el caso deja una pregunta que el Boletín Oficial esquiva. El Gobierno les achicó la recaudación a los registros mientras les cargaba todos los costos, y ahora sanciona a la encargada que no pudo, o no quiso, cumplir con su parte. ¿Cuántos encargados quedaron en la misma situación que Castañón? ¿Cuántos pidieron pagar en cuotas, y cuántos siguen esperando una respuesta?


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