Exclusivo: Un dedo que complica a Macri en la justicia

Millonarios pagos vía AFI a una empresa sospechada de corrupción en el Consejo de la Magistratura porteño

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable

Una nueva denuncia judicial, esta vez de parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, vuelve a poner sobre el tapete una estructura de contrataciones digitadas a empresas vinculadas al gobierno, con pagos de millonarios e inexplicables sobreprecios.

Este martes, Caamaño desembarcó en tribunales con las pruebas de varias contrataciones irregulares llevadas adelante por la AFI durante la gestión macrista y amparadas en el manejo discrecional de fondos dispuesto por el entonces presidente para la entidad. Tal vez, la más sobresaliente de las mismas, sea la de la contratación de un software de gestión de expedientes jurídicos, en diciembre de 2016, por medio de un expediente de contratación directa del que surge que resultó adjudicataria la firma One Finger S.A.

“A pesar de la ausencia de un circuito de conformidades o controles previos, se emitieron hacia esa sociedad comercial órdenes de compra por un total de $ 3.180.485, cifra que se ubica un 36% por encima de la propuesta de otro oferente que resultó desestimado”, se indica en la denuncia de Caamaño.

Pero tal vez lo que pocos sepan, Caamaño inclusive, gracias al apagón informativo que reinó durante la gestión de Cambiemos, es que One Finger (un dedo, en castellano), la firma en cuestión, fue contratada por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires de forma tan irregular que, luego de ser denunciada mediáticamente desde Noticias La Insuperable, el mismo Consejo tuvo que retrotraer su decisión en lo que hubiese significado un escándalo con renuncias incluidas si hubiese visto la luz en los “grandes” medios de comunicación.

Pero vayamos por partes…

A través de la RESOLUCIÓN N.º 206/OAyF/18 de fecha 26 de octubre y publicada en el Boletín Oficial del 2 de noviembre de 2018, con firma de Luis Montenegro, Director General de Auditoria del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, se aprobó la contratación directa para el “desarrollo de la aplicación mobile del Poder Judicial para dispositivos ios y Android”.

La misma fue adjudicada a la firma One Finger S.A. por un monto total de un millón seiscientos ochenta mil pesos ($1.680.000,00).

One Finger es una sociedad constituída en 2011 por los hermanos Jorge Mariano y Jorgelina Natalia Mirad con el objeto principal del desarrollo y diseño de sistemas de procesamiento de datos y software.

Pero según consta en el Boletín Oficial del 26 de noviembre de 2015, los hermanos Mirad renuncian a sus cargos, asumiendo como Presidente de la empresa el señor Claudio Gregorio Singer.

Lo irregular es que Claudio Gregorio Singer trabaja para el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires que contrató a su empresa en un millón sesicientos ochenta mil pesos. Militante radical, apoyó activamente la candidatura de Juan Pablo Mas Vélez para ingresar como representante de los abogados en el Consejo.

El 1 de octubre de 2017 se lo designó en el el cargo de Prosecretario Jefe (interino) en la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, a través de la Resolución de Presidencia N.º 1113/2017.

En junio de 2018 se otorgó el pase al agente Claudio Gregorio Singer, Legajo N° 6935, a la Dirección de Auxiliares de Justicia, con carácter interino a través de la Resolución de Presidencia Nº 0583/2018

Finalmente, con fecha 17 de octubre de 2018, por Resolución de Presidencia Nº 0944/2018 se otorgó el pase al agente Claudio Gregorio Singer, Legajo N° 6935, al Departamento de Auxiliares de Justicia dependiente de la Secretaria de Apoyo Administrativo Jurisdiccional, manteniendo las condiciones de revista.

Por Caja Chica

One Finger S.A., la empresa de Singer, logra la Contratación Directa porque, el año anterior “fue la adjudicataria para realizar el rediseño de la App Jusbaires a través del Expediente DIyT N° 224/17 por Régimen de Caja Chica Especial y que por esta razón la misma es que antecedentes y conocimientos en esta aplicación es que se solicita sea contratada en forma directa y por exclusividad para cumplir con la solicitud de la titular de la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica”.

La pareja de Claudio Gregorio Singer es María Javiera Graziano, quien también trabaja en el Consejo de la Magistratura y, curiosamente, lo hace en la Oficina de Preadjucicaciones.

Reculando en chancletas

Luego que, desde este portal denunciáramos lo irregular de este hecho, dentro del mismo Consejo las voces disidentes empezaron a hablar de “corrupción”. Finalmente, a los pocos días, en medio de acaloradas discusiones, el Consejo de la Magistratura debió suspender la Resolución y dar marcha atrás con la contratación y el pago.

Así, con fecha 6 de noviembre de 2018 la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires emitió la Resolución CAGyMJ N.º 106/2018. En la misma, en el punto XIV de los Considerandos se especifica “Que, con fecha 02/11/18, los integrantes de esta Comisión hemos tomado conocimiento, con motivo de la publicación periodística “Una Contratacion bien directa” que los ex Presidentes de la firma ONE FINGER S.A. serían empleados del Poder Judicial local y, además, que la actual presidente de la firma habría tenido un contrato de locación de servicios con el organismo”.

Ante esto, en el apartado XIX, la Comisión indica que “corresponde solicitar a la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna del Consejo de la Magistratura elabora un informe detallado de todo lo actuado respecto a las contrataciones del organismo con la firma ONE FINGER S.A.

Así, finalmente, la Comisión resuelve dar marcha atrás con la Contratación Directa, investigar si los integrantes que figuran en el Estatuto de la firma se corresponden con empleados del Consejo, de ser así investigar las Declaraciones Juradas de los mismos así como ampliar los futuros requerimientos para los procesos de contratación.

Ahora, tras la denuncia de Cristina Caamaño, sale a la luz que la empresa que provocó un escándalo en el Consejo de la Magistratura porteño, ha tenido sus antecedentes en la AFI macrista, donde la nueva administración, pese a los millonarios pagos emitidos durante el macrismo, solo encontró un sistema parcialmente instalado e imposible de utilizar.

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