En Río Cuarto, un magistrado desestimó un amparo de la Sociedad Rural local impulsado en febrero para dejar de pagar las retenciones bajo el argumento de que el Presupuesto 2022 no fue aprobado por el Congreso.
La Justicia Federal de Córdoba rechazó un amparo de la Sociedad Rural de Río Cuarto contra el cobro de los derechos de exportación. Desde la entidad del agro local consideraban que las retenciones eran ilegales por no contar con una ley de Presupuesto que la sustente.
La medida fue adoptada por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, quien rechazó la presentación de la Sociedad Rural donde exigían la declaración de inconstitucionalidad e ilegitimidad del cobro del impuesto a partir del 1 de enero del año 2022. El fallo además rechazó cualquier disposición reglamentaria en la cual se pretenda sustentar ese reclamo tributario.
Desde la Sociedad Rural argumentaban que «Sin la Ley de Presupuesto 2022, que finalmente no fue aprobada en diciembre por el Congreso y sin la prórroga de la Emergencia, la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo para que fije los parámetros de ese impuesto ya no existe y por lo tanto tampoco está vigente la facultad del Ejecutivo para percibirlo«.
El juez federal consideró que en el caso no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo. Lo hizo dado que la Sociedad Rural de Río Cuarto no cuenta con legitimación para sustentar el reclamo judicial.
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