La contadora Norma Cristóbal, designada interventora por el Ministerio de Justicia, se encontró con las puertas del Instituto cerradas.
Hace unos días te contábamos que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), con sede social en la ciudad de Buenos Aires y presidido por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.
Ahora resulta que la Inspección General de Justicia (IGJ) no pudo poner en funciones a la interventora porque la misma está cerrada por vacaciones. La contadora Norma Cristóbal, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y designada por el Ministerio de Justicia como interventora, se encontró en la puerta del Instituto con un cartel de “cerrado por vacaciones”.
Sobre la base de publicaciones periodísticas, la IGJ inició una investigación y, a partir de documentación entregada por el IEES, determinó un “incumplimiento permanente y total de las actividades previstas en su estatuto y para cuyo desarrollo fue creado”. Según las conclusiones de la IGJ, el instituto es una “pantalla” para financiar la campaña presidencial de Patricia Bullrich por fuera del circuito legal establecido en las leyes electorales.
Se trata del mismo Instituto al que Ivana Bohdziewicz, exasesora del diputado Gerardo Milman, declaró ante la Justicia que la enviaron para borrarle los datos de su celular por su posible contenido vinculado a la causa del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Este contenido, como mostramos en Noticias La Insuperable en exclusiva, fue borrado por un perito que trabaja en el Gobierno de la Ciudad para Jorge Macri.
La intervención -que fue solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen– se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, en la cual se determinó que desde el instituto que preside Bullrich «se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar».
Las actuaciones sumariales realizadas determinaron que -bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES- “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata», se indicó en el comunicado.
También se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un «crecimiento exponencial» de los ingresos y egresos del instituto, «pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos».
En ese sentido, se explicó que el incremento de los ingresos es «coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad”.
El sumario que fue instruido por la Inspección General de Justicia incluyó «visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, el Cronista y Pagina12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES«.
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