Se trata de Eduardo Rodríguez Chirillo, quien actualmente trabaja en España.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
De a poco se van conociendo los nombres de los futuros funcionarios para el plan «libertario» de Javier Milei, que cada vez parece asemejarse más a lo vivido en los noventa. Y si va a ser así, qué mejor que traer a gente que tuvo responsabilidades en aquella época donde se remató a la Argentina.
Por eso, para la estratégica Secretaría de Energía, que manejará los apetecibles manjares deseados por las potencias del mundo, el elegido fue el abogado Eduardo Rodríguez Chirillo, quien durante los años 1995 y 1996 fue consultor de la Secretaría de Energía, cuando estaba bajo la órbita de Domingo Cavallo, y con de la Rúa fue asesor del entonces Ministerio Nacional de Infraestructura y Vivienda, en 2001, a cargo de Carlos Bastos.
Pocos años después, ya en España, tuvo un papel destacado en el plan privatización que llevó adelante José María Aznar siendo condecorado en 2004 con el reconocimiento de la nacionalidad por carta de naturaleza. En la actualidad trabaja en su propia consultoría «ERC Consultores», con base en España, y es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros clientes.
Además, Rodríguez Chirillo escribió el libro “Privatización de la empresa pública y post privatización: análisis jurídico”, en el que aborda los aspectos generales para llevar adelante un proceso de esas características, los distintos modos para hacerlo, la legislación aplicable para ello y la experiencia en los países de la Comunidad Económica Europea.
Su plan para Argentina
En nuestro país, una vez que pasé (si pasa) el cimbronazo del descomunal ajuste que llevará adelante el gobierno entrante, contempla dos objetivos principales: la entrega de Vaca Muerta y la reprivatización de YPF.
En cuanto a Vaca Muerta, el plan libertario promueve la eliminación de los derechos de exportación y aranceles de importación para el petróleo crudo y combustibles; la extensión de contratos de mediano plazo entre productores y refinerías no integradas; y el levantamiento de las trabas para el ingreso de equipos y maquinarias nuevas y usadas, para facilitar el desarrollo de nuevos pozos y nuevas obras de ampliación de oleoductos y gasoductos.
En tanto para YPF, la línea a seguir tiene como objetivo, a mediano plazo, la venta gradual de las acciones mayoritarias que posee el Estado. Antes, advierte, será “despolitizada” y sus unidades de negocios –entre ellas YPF Luz– repotenciadas para poder incrementar el valor de la empresa y los ingresos que dejaría su reprivatización.
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