Alberto Nallar brindaba asesoramiento legal a manifestantes en las masivas protestas en la provincia contra la reforma constitucional que impulsó el exgobernador Gerardo Morales.
La justicia jujeña confirmó hoy la pena a tres años y seis meses de prisión a la que fue condenado el abogado de derechos humanos Alberto Nallar, quien brindaba asesoramiento legal a manifestantes en las masivas protestas en la provincia contra la reforma constitucional que impulsó el exgobernador Gerardo Morales.
«Están empeñados en disciplinar a la sociedad de Jujuy con mi condena», aseguró Nallar al criticar el proceso de revisión de su sentencia y el funcionamiento del Poder Judicial local «al servicio» del Ejecutivo y de Gerardo Morales como el «jefe», y sostener que en la provincia no hay «Estado de Derecho».
Nallar dijo que «si llega a quedar firme la sentencia, con gusto voy a cumplir la condena al solo y único efecto de que todos entendamos el problema que estamos atravesando y la necesidad imperiosa de que se haga efectiva la intervención federal a la provincia para desanclar al Poder Judicial del Poder Ejecutivo».
Aseguró que «era de esperar» la resolución desde el Tribunal de Revisión local y apuntó contra una de las juezas que había recusado, María Gracia Cardone, quien, dijo, es «esposa del secretario de Justicia del Poder Ejecutivo Provincial, Javier Gronda».
«Obviamente, negó que pudiera esto afectar su ecuanimidad, su imparcialidad, y se abocó a dictar la sentencia», reprochó el abogado contra la jueza, pero además expuso que la misma fue «designada el 15 de noviembre por un decreto que no salió publicado en el Boletín Oficial», ni «tampoco fue sorteada como dice la ley procesal».
«En una palabra, he sido víctima de una nueva condena en manos de un tribunal que se armó exprofesamente para esto«, completó Nallar, mientras aseguró: «todos los ciudadanos estamos en libertad condicional. Vivimos una situación en un Estado de excepción, se acabó el Estado de Derecho».
La sentencia se debe al hecho de haber acompañado e informado a la población que desde junio salió a las calles y rutas. Las protestas eran (y siguen siendo) en rechazo a la reforma constitucional “express” aprobada por el propio Gerardo Morales, quien desdobló su condición de gobernador con la de constituyente. El delito que se le imputa a Nallar es “Instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”.
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