La Justicia jujeña se mueve muy lejos de la democracia.
Ya lleva dos semanas detenido Marcelo Nahuel Morandini, profesor de la Universidad Nacional de Salta, por un infantil tuit en el que hacía mención a una supuesta infidelidad de la mujer del gobernador.
Morandini fue detenido el día 4 de este mes junto a otra persona, el trabajador independiente Roque Villegas, siendo alojados en la comisaría 3ª de Chijra, para luego ser trasladados al penal de Gorriti.
Como si esto fuera poco, ahora, desde la Mesa Coordinadora por la Libertad de Nahuel Morandini, denuncian hoy que el juez Pablo Pullen Llermanos (el mismo que persiguió a Milagro Sala) dictó una medida cautelar que «prohíbe» a familiares y allegados de las dos personas que permanecen detenidas acusadas por posteos en redes sociales a utilizar el nombre del exgobernador Gerardo Morales y su pareja, denunciantes en la causa.
El colectivo se pronunció con la adhesión de una veintena de organismos civiles y de derechos humanos tras la resolución del magistrado en el marco de la causa en la que fueron imputados y permanecen detenidos Nahuel Morandini y Roque Villegas.
«Con el argumento de proteger a los denunciantes, (Pullen Llermanos) prohíbe al grupo familiar y a las amistades de Nahuel y Roque que utilicen el nombre de quienes hicieron la denuncia», indica el comunicado de prensa publicado por los activistas.
En ese marco indicaron que la medida del juez «también prohíbe hacer referencia al esposo o mencionar el cargo que ocupó», porque «entiende que nombrarlos constituye violencia psicológica».
Tanto Morandini como Humberto Roque Villegas resultaron imputados como parte de una investigación, a la vez que los familiares sostienen que «las pruebas de imputación son únicamente un posteo en la red social X en el caso de Morandini y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas».
Para el colectivo, «la resolución – del juez jujeño- vulnera los artículos 13° y 14° de la Convención Americana de Derechos Humanos constituyendo un acto de censura» y afirmaron que «Gerardo Morales es una persona pública, que ha ejercido la función pública a lo largo de toda su vida y bajo ningún punto de vista le cabe los mismos estándares que al resto de la población».
«Hacer público y nombrar a los denunciantes en el marco de una causa penal que ha cobrado interés nacional no puede bajo ningún punto de vista ser un acto de violencia psicológica, sino que forma parte de libertad de expresión y de dar difusión de los motivos por los cuales estamos ante detenciones arbitrarias», agregaron.
Sobre ese punto, aseguraron que «los propios denunciantes han dado publicidad en los medios de comunicación del inicio de las denuncias penales».
Las dos personas detenidas replicaron de forma irónica versiones que circulaban masivamente en las redes y hasta en diarios digitales locales sobre una supuesta infidelidad de la esposa del exgobernador.
«El poder judicial de Jujuy, nuevamente al servicio del poder, arremete contra la libertad de expresión, buscando disciplinar e intimidar a quienes estamos pidiendo la liberación de Nahuel y Roque», marcaron desde el colectivo que reclama la libertad de los detenidos.
La Coordinadora Nacional por la Libertad de Nahuel, además, manifestó que denunciar «las injusticias y arbitrariedades es un derecho fundamental que tenemos todos en una sociedad democrática».
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