Expolicía, fue condenado por crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención El Infierno y Pozo de Banfield.

El represor Luis Horacio Castillo, ex oficial inspector de las brigadas de Investigaciones de Banfield y de Lanús, condenado el año pasado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, falleció este domingo a los 83 años.
Dueño del Colegio San Diego de Wilde, institución que fundó en 1979 y de la que fue desvinculado recién en 2022 tras su procesamiento, fue condenado en marzo de 2024 junto a otros 9 acusados por crímenes contra 605 víctimas en las brigadas de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo.
“El tema se inicia con una denuncia que trae Mercedes Alvariño Blanco, una de las víctimas que al regresar de España fruto de la enfermedad de su hijo reconoce a Horacio Luis Castillo como uno de los que la había tenido cautiva”, indicó al diario Tiempo Argentino Claudio Yacoy, quien encabeza la Secretaría de Derechos Humanos de Avellaneda en el edificio que antes funcionó como El Infierno.
“Al recibir esta denuncia, en mi carácter de querellante como secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Avellaneda junto con la doctora Miryam Espinoza, nos presentarnos directamente en la causa que estaba iniciada”, contó y destacó la decisión del juzgado de avanzar rápidamente con la denuncia. “Esto nos permitió que hoy este nefasto personaje no muriera impune”.
A partir de la denuncia, Castillo le inició una demanda civil a Yacoy y otros funcionarios por “daño moral” y les reclamaba 8 millones de pesos en compensación. “Tuvimos una audiencia en la que dijo haberse sentido muy incómodo con que nosotros develáramos lo que había ocultado durante más de 40 años. Y utilizó todo tipo de ardides: intentó vincular a su hermano, que ya estaba muerto, y después dijo que había otro Castillo en la comisaría, pero resultó que era una mujer. Con el devenir del juicio, con los alegatos, con todas las denuncias de nuevas víctimas, se pudo comprobar que Horacio Luis Castillo había actuado en el Pozo de Banfield y El Infierno”, explicó el funcionario.
En El Infierno, Castillo estaba a cargo, entre otras cosas, de los empresarios secuestrados. “Tenía la responsabilidad de llevar adelante el área de delitos económicos que, evidentemente, no era para prevenirlo sino para cometerlos. Allí desapareció el patrimonio de los hermanos Iaccarino, que son desapoderados por más de 2000 millones de dólares; estuvo Héctor Oscar Callejas, que era del Hotel Liberty e infinidad de empresarios a los que se los sometió a torturas con la idea de desapoderarlos de su patrimonio”, detalló el abogado querellante.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lo encontró culpable por crímenes contra más de 600 personas, entre ellas los y las jóvenes de la Noche de los Lápices.
Brigada de Investigaciones de la Bonaerense
Según el legajo de Castillo en la Policía Bonaerense, entre el 10 de agosto de 1976 y el 7 de marzo de 1977 fue oficial inspector y luego ascendido a oficial principal de seguridad de lo que entonces era la División Delitos contra la propiedad de la Bonaerense que funcionaba en Vernet y Siciliano, Villa Centenario, Banfield. En esa dependencia, que a partir de enero de 1977 pasó a ser sede de la Brigada de Investigaciones de la fuerza conducida por Ramón Camps, ya funcionaba el centro clandestino conocido como Pozo de Banfield
Del mismo legajo surge que aquel marzo de 1977 Castillo fue trasladado a la Brigada de Investigaciones de la Bonaerense en Lanús, que entonces funcionaba en Avellaneda: «El Infierno». Allí fue reconocido y nombrado por dos sobrevivientes de ese campo de concentración: Mercedes Alvariño Blanco y Héctor Oscar Callejas.
En su testimonio, Callejas lo nombró por su apellido y lo identificó como el “jefe que estaba a cargo” de las y los detenidos clandestinos del lugar. Alvariño Blanco lo nombró por su apellido, lo describió físicamente y lo acusó de ser quien la obligó, bajo amenaza de muerte, a firmar una declaración falsa mientras ella estaba detenida de manera clandestina en El Infierno.
“Entró a mi celda con una silla y con un papel en la mano que decía que yo había sido detenida por tener en mi casa volantes y armas de la organización ERP y Montoneros”, testimonió la sobreviviente, que contó que se negó a obedecer: “Se puso nervioso y me dijo ‘mirá Mercedes, a vos acá no te torturamos, porque no lo hacemos nosotros sino que estamos a las órdenes de los militares’. Yo seguí sin firmar y sacó de la cintura su arma y me dijo que firmara, entonces yo ante esa amenaza firmé y él se fue”.
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