Ocurre en el marco del ajuste y desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia.

El gobierno nacional impidió el ingreso a su lugar de trabajo a empleados y delegados gremiales de la Secretaría de Derechos Humanos, en el marco del ajuste y desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia que impulsa el gobierno de Milei.
Entre los afectados, señalan desde la Agencia FARCO, se encuentran abogados querellantes en juicios contra represores de la dictadura y trabajadores de distintas áreas del organismo. Según denuncian, la medida responde a una decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien es el mismo que, anteriormente, fue Juez en la causa del desaparecido policía Arshak Karhanyan y nunca hizo nada.
“Se trata de una persecución sindical y un nuevo avance sobre los derechos laborales, en el marco del desmantelamiento de la Secretaría. Ya hubo más de 500 despidos y ahora directamente nos impiden el acceso a nuestros puestos de trabajo”, señaló Hernán Col, abogado de la coordinación de asistencia a testigos víctimas y delegado gremial.
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