En el mismo día en que confirmó la anulación de la Ley de Financiamiento Universitario, Milei firmó el veto total a la Ley de Emergencia Pediátrica, aprobada por unanimidad en el Congreso para garantizar fondos urgentes a hospitales y centros de salud dedicados a la atención de niñas, niños y adolescentes.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
La medida fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial, justo cuando vencía el plazo para su promulgación. El Ejecutivo justificó la decisión alegando que la norma carecía de “sostén presupuestario” y que su implementación pondría en riesgo el “equilibrio fiscal” que el Gobierno defiende incluso frente a la crisis sanitaria.
Un proyecto con consenso y urgencia
La Ley de Emergencia Pediátrica había sido impulsada por diputados de distintos bloques y contaba con un amplio consenso social y parlamentario. Fue sancionada por 62 votos a favor y apenas 8 en contra en el Senado, luego de una sesión maratónica el pasado 21 de agosto. El texto declaraba la emergencia en salud pediátrica y en las residencias médicas nacionales, autorizando partidas especiales para la compra de insumos, equipamiento y la recomposición salarial del personal especializado.
Entre los beneficiarios directos se destacaba el Hospital Garrahan, símbolo de la pediatría argentina, que atraviesa un deterioro creciente por la falta de recursos y la fuga de profesionales.
Ajuste contra la salud infantil
Con este veto, Milei confirma que su programa de ajuste no hace excepciones ni siquiera con los sectores más sensibles. La decisión golpea de lleno a hospitales pediátricos de todo el país, que venían advirtiendo sobre guardias desbordadas, salarios depreciados y una migración constante de médicos hacia otros ámbitos o al exterior.
La iniciativa parlamentaria buscaba precisamente frenar ese drenaje de recursos humanos y materiales, que amenaza con dejar sin cobertura a miles de chicos y chicas.
Precedente y reacción
El rechazo presidencial se amparó en el artículo 84 de la Constitución Nacional, que habilita al Ejecutivo a vetar leyes cuando las considera contrarias a los intereses del país. Sin embargo, distintos legisladores anticiparon que evaluarán insistir con los dos tercios necesarios para revertir la medida, aunque el oficialismo confía en que sus aliados en ambas cámaras bloquearán cualquier intento.
Organizaciones médicas y sindicatos de la salud expresaron su repudio y exigieron que se priorice la atención pediátrica por encima del ajuste. “Es inaceptable que los más chicos paguen el precio de un experimento económico”, señalaron desde la Asociación de Profesionales del Garrahan.
La ofensiva contra esta ley, sumada al reciente golpe al financiamiento universitario, muestra el sesgo de un Gobierno que privilegia la aritmética fiscal sobre los derechos básicos. En medio de la crisis, hospitales y familias quedan otra vez a la intemperie.
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