La reapertura de la causa por parte del juez federal Julián Ercolini, a casi seis años de los hechos, volvió a poner en el centro a los exdirectivos del Banco Nación y a los principales responsables de Vicentin. Según el fiscal Gerardo Pollicita, las maniobras “habrían lesionado al Estado en alrededor de 300 millones de dólares”.
Por Celina Fraticiangi para Noticias La Insuperable
La vuelta de un escándalo que parecía dormido
La investigación sobre Vicentin estaba casi paralizada, pero Ercolini sorprendió al citar a 26 imputados, entre ellos Javier González Fraga y Lucas Llach, quienes presidieron y vicepresidieron el Banco Nación en 2019. Para fuentes judiciales consultadas por Noticias La Insuperable, “el llamado a indagatoria llega dos meses antes de que los hechos prescriban, lo que evita que la causa muera por el paso del tiempo”.
Cómo funcionó la presunta maniobra
En su dictamen, Pollicita describió “retiros y transferencias desde cuentas de garantía de prefinanciación de exportaciones, autorizados entre agosto y diciembre de 2019”, que habrían terminado en otras cuentas de Vicentin, en bancos del exterior —como Uruguay y Países Bajos— o en firmas offshore como Brickland Real Assets y BAF Latam Trade. El expediente también menciona “pagos de facturas apócrifas” para justificar movimientos de fondos.
Préstamos sobre préstamos en plena crisis
La resolución judicial subraya que, en noviembre de 2019, el directorio del Banco Nación aprobó “más de 105 millones de dólares en préstamos en apenas una semana”, cuando la cerealera ya estaba incumpliendo pagos. “Fue un esquema de créditos sobre créditos, con garantías debilitadas en el peor momento”, remarcan en la fiscalía.
Política y negocios: un mapa incómodo
El caso exhibe vínculos entre el poder político de entonces y los beneficiados por las decisiones del banco. Funcionarios citados fueron designados durante el gobierno de Mauricio Macri, y varios directivos de Vicentin aparecen como aportantes de esa fuerza. Un pasaje de la resolución apunta que “algunas de las aprobaciones ocurrieron en la semana posterior a la derrota electoral de octubre de 2019, cuando ya se sabía que habría cambio de gobierno”.
En diálogo con este portal, un abogado que interviene en la pesquisa resumió: “La reapertura no debería usarse para disciplinar a nadie ni para congelar la verdad; lo importante es que se investigue todo, caiga quien caiga”.
Lo que está en juego
Ercolini, señalan desde EnOrsai, advirtió que el futuro de las plantas y terminales portuarias de Vicentin podría definirse en el marco del cramdown dentro de la convocatoria. “Podríamos terminar con activos estratégicos en manos de quienes se beneficiaron cuando la empresa estaba en crisis”, alertaron fuentes cercanas al proceso.
Justicia o maniobra de último minuto
La cercanía con el plazo de prescripción abre interrogantes. “¿Es una búsqueda real de justicia o sólo una jugada para mantener viva la causa y usarla según el clima político?”, deslizó un especialista en derecho financiero. Lo indudable es que la ciudadanía necesita saber cómo se autorizaron los movimientos y quiénes se beneficiaron.
Lo que no puede repetirse
El camino hacia la verdad pasa por tribunales, peritajes y acceso público a la información. Como concluyó Pollicita en su requerimiento, “no se trata de demonizar el crédito al sector productivo, sino de investigar por qué, en este caso, se desoyeron las alertas y se puso en riesgo dinero del Estado”.
Si el gobierno que hoy pregona transparencia quiere ser coherente, debe garantizar que esta investigación avance sin privilegios ni encubrimientos.
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