El gobierno impulsa seminarios donde se reivindica a los represores presos y se elimina el trabajo de archivos para los juicios de lesa humanidad, mientras coloca al frente del Ministerio de Defensa a Carlos Presti, hijo del militar responsable del Área 113 durante la dictadura. Organismos de derechos humanos alertan por un giro peligroso y una revancha histórica.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un programa oficial para “perdonar” a los genocidas
Desde hace meses, el gobierno de Milei viene desplegando entre militares en actividad y cadetes una serie de cursos denominados como “derechos humanos y verdad completa”. Aunque en la comunicación oficial se presentan como iniciativas de “concordia política y perdón”, la realidad es bastante más cruda: los seminarios están conducidos por referentes de organizaciones que militan activamente por la liberación de represores condenados por delitos de lesa humanidad.
Este dispositivo fue iniciado por Luis Petri, quien se retira del Ministerio de Defensa para asumir en la Cámara de Diputados, y promete profundizarse con la llegada de Carlos Presti, actual jefe del Ejército, al frente de la cartera.
No es un nombramiento menor: Presti es hijo del represor Roque Presti, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 7 de La Plata, estructura que comandó el Área 113, desde donde se autorizaron secuestros y asesinatos como la Noche de los Lápices y el operativo que culminó con el asesinato de cinco militantes y el secuestro de Clara Anahí, la nieta de “Chicha” Mariani.
Desde Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto advirtió que “no corresponde, no está preparado para eso”, denunciando que la designación implica militarizar la política de defensa y partidizar a las Fuerzas Armadas.
El regreso de un militar al Ministerio de Defensa, 44 años después
Hacía casi medio siglo que un militar no ocupaba el Ministerio de Defensa. El gobierno no intenta ocultarlo: presenta la decisión como una revancha histórica, la supuesta “superación” de lo que Milei llama la “demonización” de las Fuerzas Armadas.
Petri ya había utilizado esos mismos términos hace unas semanas, afirmando que se persigue “a militares por portación de apellido”. La frase no es casual: fue parte del discurso con el que anunció la eliminación de los equipos de relevamiento y análisis documental (ERyA), cuya tarea era justamente conservar, estudiar y aportar archivos clave para los juicios de lesa humanidad. Petri calificó ese trabajo como “nefasto”, acusándolo de ser utilizado para “carpetear” uniformados.
El giro no quedó ahí. En marzo de 2024, Petri echó a los especialistas responsables de los archivos militares y poco después incorporó como asesores a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, dos figuras centrales del discurso de “memoria completa”, alineados históricamente con organizaciones que piden amnistías o beneficios para represores condenados.
Una red de organizaciones que reivindica a represores
Larrabure e Ibarzábal no son actores aislados. Juntos integraron la Asociación de Víctimas del Terrorismo Argentino (AVTA) junto a José Sacheri, quien en 2006 reclamó una amnistía generalizada para militares. También confluyeron en espacios como Argentinos por la Pacificación Nacional (Arpana), y en la misma mesa de coordinación con Cecilia Pando y el grupo Jóvenes por la Verdad, entonces conducido por Victoria Villarruel.
Ambos siguen ocupando lugares centrales:
– Larrabure pertenece al CELTYV, que preside Villarruel.
– Ibarzábal integra Afavita, asociación que en diciembre impulsó un hábeas corpus a favor de represores presos.
Son ellos quienes recorren liceos militares impartiendo seminarios de “historia completa”. Consultado por Página/12, el Ministerio de Defensa respondió que el programa se basa únicamente en “testimonios”, sin bibliografía ni marco académico, y sostuvo que ambos expositores transmiten “un mensaje de concordia política y perdón”.
La respuesta fue firmada por Joaquín Mogaburu, director nacional de Derechos Humanos del ministerio, quien además es secretario del Tribunal Oral Federal N.º 7, responsable del juicio de los cuadernos. Mogaburu suele acompañar personalmente a Larrabure e Ibarzábal en estos recorridos.
Presti, los actos de “memoria completa” y un pasado que no repudió
Al frente del Ejército, Presti ha participado activamente de actos que reivindican el relato de “memoria completa”. Hace pocas semanas encabezó un homenaje en Formosa a los defensores del cuartel durante el intento de asalto de Montoneros, donde coincidió con la vicepresidenta.
Aunque ingresó a la fuerza en 1984, ya en democracia, no es ajeno a la historia de la dictadura: su padre estuvo al mando de uno de los centros clandestinos más brutales del país. Pese a eso, nunca repudió públicamente los crímenes ni hizo referencia a la responsabilidad de su familia en el terrorismo de Estado.
Desde Historias Desobedientes, organización conformada por familiares de represores que sí condenan los crímenes, señalaron que su designación es “un fuerte retroceso”, recordando que Roque Presti murió impune y que su hijo “nunca se pronunció en contra de los crímenes de su padre ni de la dictadura militar”.
Alianzas internas y guiños al discurso negacionista
En el Ejército era un secreto a voces que Presti simpatizaba con LLA, especialmente desde que comenzó a participar en comitivas a Estados Unidos. Petri ya había incorporado a otro referente de “memoria completa”, Claudio Pasqualini, al inicio de su gestión.
Pasqualini apareció la semana pasada en una iglesia de Stella Maris, frente a Comodoro Py, donde el obispo castrense Santiago Olivera —ferviente defensor de la liberación de represores— prepara una misa para agradecer “los servicios” de Petri y Bullrich.
Un rumbo que enciende alarmas
Para Estela de Carlotto, la movida oficial tiene un objetivo concreto: “iniciar una situación de violencia en la sociedad”, reabriendo heridas que la democracia se propuso cerrar con Memoria, Verdad y Justicia.
El giro en Defensa, los cursos para uniformados, la reivindicación de represores y la llegada de un hijo de genocida al ministerio confirman que el proyecto de Milei es profundizar la impunidad, revisar los consensos democráticos y reinstalar el discurso negacionista en las instituciones del Estado.
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