Mientras el oficialismo libertario avanza en su proyecto de blindaje judicial, el Consejo de la Magistratura frenó el intento de la jueza María Eugenia Capuchetti de cerrar la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. La denuncia de Rodolfo Tailhade vuelve a colocar en primer plano el rol de la corporación judicial, los medios que la protegen y el silencioso entramado político detrás de un expediente que lleva más de dos años empantanado.
Por Roque Pérez para Noticias La Insperable
La corporación judicial al descubierto
En una Argentina donde la corporación judicial hace tiempo dejó de disimular su autonomía política y su deslegitimación social, la denuncia que expuso este miércoles el diputado Rodolfo Tailhade volvió a iluminar un engranaje que funciona más para garantizar impunidad que para esclarecer delitos.
El eje del escándalo, otra vez, es la jueza María Eugenia Capuchetti, responsable de la causa por el intento de magnicidio contra Cristina. Un hecho que marcó un antes y un después en la política nacional y que, sin embargo, sigue paralizado por maniobras, chicanas y silencios que benefician siempre a los mismos.
El celular destruido: la prueba que nunca quisieron investigar
Tailhade, señalan desde EnOrsai, fue categórico: Capuchetti destruyó la prueba central del caso. El teléfono de Fernando Sabag Montiel —quien gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina— terminó inutilizado tras decisiones que, como mínimo, rozan lo inadmisible. La magistrada entregó el dispositivo a una fuerza sin capacidad técnica para preservarlo, pese a las advertencias. El resultado: evidencia clave perdida para siempre.
La denuncia no es nueva. Lo que sí es nuevo es el avance formal del expediente disciplinario en el Consejo de la Magistratura, un dato que el propio Tailhade confirmó y que encendió las alarmas en Comodoro Py.
El blindaje mediático: silencio para unos, escándalo para otros
En su mensaje público, el diputado apuntó a la pata mediática del entramado de impunidad. Señaló que los escribas del poder, como Hernán Capiello (La Nación) y Daniel Santoro (Clarín), jamás contarán esta parte de la historia. Y no es apenas una crítica: es una radiografía del modelo de protección que ambos diarios han montado alrededor de los jueces funcionales al oficialismo.
Mientras Clarín y La Nación machacan relatos de “república”, callan frente al grotesco manejo de la causa del atentado. Desde el minuto uno impulsaron la teoría del “lobo solitario”, un cuento infantil diseñado para evitar cualquier investigación seria sobre los vínculos políticos, financieros y organizativos que rodearon el ataque.
Capuchetti contribuyó a ese guion: cerró líneas de investigación, limitó peritajes y dilató decisiones clave. Nunca una curiosidad. Siempre un beneficio para los mismos.
Maniobras, presiones y una causa que quisieron enterrar
Durante meses, la investigación estuvo bloqueada. Tailhade detalló cómo las presiones y chicanas de la corporación judicial buscaron impedir que se avanzara sobre las conexiones que incomodan: financistas, operadores políticos, grupos de fachada y entornos que hoy orbitan alrededor del gobierno libertario.
Según el legislador, lo que se frustró en el Consejo de la Magistratura fue un operativo en marcha para cerrar la causa sin mirar nada de eso. Un cierre exprés que hubiera consagrado una impunidad obscena.
Un atentado que nunca fue aislado
El ataque contra Cristina no fue el acto desesperado de un marginal. Estuvo rodeado de discursos de odio amplificados por los grandes medios, de estructuras paraestatales y de financiamiento oscuro. Cualquier investigación seria sobre ese entramado toca intereses pesados. Y ahí aparece el rol político de Capuchetti, señalada como pieza funcional para que ese entramado quede a salvo.
Cerrar la causa sin investigar el borrado del celular, sin indagar vínculos y sin permitir peritajes independientes exhibe un nivel de degradación que ya no sorprende en Comodoro Py, pero que resulta imposible naturalizar.
Una grieta en el muro de impunidad
El avance disciplinario no resuelve el caso, pero abre una grieta. Muestra, una vez más, que la independencia judicial que repite el oficialismo es una ficción útil para proteger a los propios. Y confirma que detrás del discurso libertario de “modernizar la justicia” opera un pacto de protección entre jueces, medios concentrados y funcionarios que necesitan garantizar silencios.
Tailhade lo resumió con crudeza: esta mafia inmunda quiso cerrar la causa para siempre. Lejos de ser un exabrupto, es la descripción más precisa del funcionamiento real del poder judicial argentino.
Punto de inflexión
Lo ocurrido hoy en el Consejo de la Magistratura no es el desenlace, pero sí un punto de inflexión. La trama de encubrimientos que rodeó el atentado quedó, otra vez, al desnudo. Y con ella, la verdadera “república” que defienden los mismos medios y jueces que hicieron lo imposible para que la causa muriera.
Porque si la justicia hubiera hecho su trabajo, la destrucción de la prueba central del atentado contra una vicepresidenta habría provocado un terremoto institucional. En cambio, solo generó silencios, complicidades y un nuevo capítulo de un sistema que se protege a sí mismo.
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Noticias La Insuperable 