La causa reúne hechos cometidos contra 23 víctimas secuestradas en Comodoro Rivadavia, localidades de Santa Cruz y también en La Plata, además de detenidos trasladados desde los penales de Rawson y Trelew.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
El fiscal general Teodoro Nürnberg solicitó ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia penas de hasta 19 años de prisión y severas inhabilitaciones para seis imputados —tres exmilitares, dos ex policías de Santa Cruz y un ex prefecto— por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “Las Casitas”, en el Regimiento 8 de Infantería General O’Higgins. El alegato se extendió por seis horas y volvió a poner en el centro el entramado represivo de la dictadura y la demora de la Justicia en investigar.
El pedido de penas: nombres y montos
En su exposición, Nürnberg pidió 19 años e inhabilitación perpetua para Raúl Pantaleón Cruz; 11 años e inhabilitación absoluta perpetua para Alfredo Pablo Lisseri (ex Prefectura); 14 años e inhabilitación absoluta perpetua para Mario Enrique Pérez (expolicía); 9 años e inhabilitación absoluta perpetua para Francisco Olegario Sevilla (expolicía); y condenas menores —5 años y 3 años y 6 meses respectivamente— para Eduardo Rodríguez y Fernando Pedernera, ambos exmilitares, considerados partícipes secundarios. Para Rafael Augusto Manuelides, integrante de la policía de Santa Cruz, el Ministerio Público solicitó la absolución.
Las acusaciones comprenden una extensa lista de delitos: privaciones ilegítimas de la libertad, imposición de tormentos, severidades y vejámenes, violación de domicilio y la figura de asociación ilícita. La causa reúne hechos cometidos contra 23 víctimas secuestradas en Comodoro Rivadavia, localidades de Santa Cruz y también en La Plata, además de detenidos trasladados desde los penales de Rawson y Trelew.
Las Casitas y el circuito represivo
Según reconstruyó el fiscal en Comodoro Rivadavia funcionaron varios centros clandestinos bajo control militar: dependencias de la Policía Federal, la Prefectura, el Regimiento 8, el Batallón Logístico IX y comisarías locales. En ese entramado, el CCD “Las Casitas” fue clave: todas las víctimas coincidieron en que se trataba de una unidad militar cercana a una zona donde operaban aviones.
Nürnberg describió la maquinaria represiva como un sistema que combinó una fachada de legalidad con un aparato clandestino de secuestros, torturas y desapariciones. También apuntó al rol del Poder Judicial de entonces y recordó la actuación del fallecido juez federal de Rawson Omar Garzonio, cuya desidia y complicidad —según los testimonios incorporados a la causa— contribuyeron al prolongado silencio judicial.
Años de demora y una deuda histórica
El fiscal recordó que las primeras investigaciones datan de 1987 y que ya en 1984 había denuncias ante la CONADEP. Sin embargo, la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final demoró décadas la búsqueda de justicia. En ese marco, Nürnberg retomó el caso del militante universitario Guillermo Silvera, aún desaparecido, como símbolo del reclamo persistente de familiares y sobrevivientes.
Imputados fallecidos y causas pendientes
En esta misma causa murieron antes del inicio del juicio varios imputados —entre ellos, exintegrantes del Ejército, Prefectura, Policía Federal y Policía de Santa Cruz— lo que acentúa la urgencia de avanzar para que el paso del tiempo no siga consumiendo responsabilidades.
Nürnberg remarcó que la investigación debe continuar: el expediente tiene nombres de personas que nunca fueron indagadas y víctimas que aún no pudieron relatar lo que vivieron. Para el fiscal, la obligación del Estado es clara: ni el paso del tiempo ni la muerte de algunos represores pueden clausurar la búsqueda de verdad, memoria y justicia.
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