El diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón inició una ofensiva institucional contra el oficialismo por el ingreso irregular del proyecto de “Modernización Laboral” al Senado, pese a que la Constitución manda que toda iniciativa con contenido impositivo debe comenzar en Diputados. Las intimaciones alcanzan al jefe de Gabinete Manuel Adorni y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Por Roque Pérez para Noticias La Insuperable
Un proyecto que viola la Constitución… por capricho político
El punto legal es tan simple como contundente: el Artículo 52 de la Constitución Nacional establece que los proyectos de ley sobre contribuciones y reclutamientos deben tener origen en la Cámara de Diputados. Y el propio oficialismo admite que su reforma laboral incluye modificaciones en cargas, contribuciones, Ganancias e IVA.
Aun así, Milei decidió enviarlo al Senado.
Paulón no dejó pasar la maniobra. En sus redes difundió las intimaciones dirigidas a Adorni y Villarruel, denunciando que el envío a la Cámara Alta responde exclusivamente al “capricho” de Patricia Bullrich, hoy senadora, que busca “capitalizar” la eventual aprobación de la iniciativa como si se tratara de un trofeo personal.
Advertencia a Adorni y freno institucional a Villarruel
En la intimación enviada al jefe de Gabinete, Paulón le exige que en un plazo de 24 horas remita el proyecto a Diputados, “bajo apercibimiento de realizar las acciones legales que correspondan”.
A Villarruel, en cambio, le requirió algo más básico: que se abstenga de tratar el proyecto, justamente porque su ingreso por el Senado es inconstitucional.
Paulón fundamenta sus planteos en dos criterios:
- Materia impositiva: está prohibido que el Senado sea Cámara de origen cuando se trata de cargas, contribuciones o impuestos.
- Derecho laboral como derecho de fondo: el artículo 75 inciso 12 asigna al Congreso la facultad de dictar los códigos de fondo y, por práctica constitucional, la Cámara de Diputados es la que representa al pueblo para iniciar ese tipo de debates.
Así, el diputado de Provincias Unidas concluye que la maniobra de Milei no busca agilizar nada, sino añadir ruido político: “La presentación en el Senado demuestra que no es interés del Poder Ejecutivo darle tratamiento urgente a la pretendida reforma laboral sino sólo sumar escollos, dimes y diretes legislativos… en criollo, es humo”.
Un mensaje directo al oficialismo
Paulón también dejó un mensaje para el gobierno, cuya obsesión por hablar de “debates profundos” choca con la falta de mínimos respetos institucionales. Señaló que si de verdad quieren discutir una reforma laboral, deben respetar el funcionamiento del Congreso y los “canales interpoderes” construidos en democracia, incluso entre sectores políticos enfrentados.
Ese respeto —que el oficialismo pisoteó enviando un proyecto impositivo al Senado, violando el Art. 52— es el que garantiza que los debates sean serios y no maniobras marketineras para alimentar internas y redes sociales.
En definitiva: la reforma laboral de Milei nació mal, no solo por su contenido regresivo contra derechos adquiridos, sino porque ni siquiera respetó el ABC constitucional.
Y si algo deja claro la decisión de Paulón es que el Congreso tiene herramientas para frenar el desorden legislativo que el oficialismo intenta imponer.
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