Con un trámite acelerado y acuerdos tejidos con gobernadores “dialoguistas”, el oficialismo logró dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 y este miércoles a las 14 buscará darle media sanción en Diputados. Detrás del discurso del equilibrio fiscal, el proyecto consolida un esquema de ajuste que avanza sobre leyes sensibles ya votadas por el Congreso, como el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
Por Celina Fraticiangi para NLI
El Gobierno apuró los tiempos y consiguió dictaminar de manera exprés el Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El despacho de mayoría reunió 28 de las 49 firmas, con el respaldo cerrado de los 20 diputados de La Libertad Avanza, el interbloque Fuerza del Cambio (PRO, UCR y MID) y legisladores que responden a gobernadores alineados con la Casa Rosada, como los de Catamarca, Tucumán, Misiones y San Juan.
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia parcial. Allí aparecen el PRO, el MID, la UCR, Innovación Federal (el espacio que responde a gobernadores de Misiones y Salta) y el flamante bloque Elijo Catamarca, encabezado por Sebastián Nóblega, surgido tras la ruptura con Unión por la Patria luego de negociaciones directas entre el gobernador Raúl Jalil y referentes del oficialismo.
Un dictamen casi calcado y el “ancla fiscal” como dogma
En términos generales, el texto que el oficialismo pretende aprobar no difiere sustancialmente del dictamen firmado en noviembre pasado, que quedó en el camino por el cierre del período ordinario. El corazón del proyecto vuelve a ser el mismo: ancla fiscal, resultado financiero superavitario y obligación de ejecutar el gasto con equilibrio o superávit, consolidando la disciplina fiscal como columna vertebral de la política económica.
Las proyecciones oficiales hablan de un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Un dibujo optimista que contrasta con la realidad de un ajuste que ya viene golpeando fuerte en áreas sociales clave.
Durante el debate en comisión, el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, celebró el rumbo del proyecto y sostuvo que se trata de “un presupuesto con equilibrio fiscal”, algo que —según dijo— “debería haber pasado en la historia de la Argentina”. La frase, repetida como mantra, evita deliberadamente discutir qué se ajusta y a quiénes para alcanzar ese supuesto equilibrio.
El corazón del conflicto: derogar lo que el Congreso ya votó
Las principales disidencias y rechazos se explican por un punto central del dictamen: la derogación de leyes sensibles que el propio Congreso sancionó este año con amplias mayorías. Concretamente, el artículo 75 del nuevo texto libertario deroga las leyes 27.793 (Emergencia en Discapacidad) y 27.795 (Financiamiento Universitario).
Ambas normas habían sido vetadas por Milei, luego insistidas por el Congreso con más de dos tercios y finalmente promulgadas de manera forzada antes de las generales de octubre. Sin embargo, el Ejecutivo las suspendió en los hechos, al no asignar partidas y escudarse en el ya conocido argumento de que “no hay plata”.
Ahora, directamente, va por su eliminación. Y lo hace por la ventana del Presupuesto, incorporando los artículos a último momento, horas antes de la reunión de comisión. Una maniobra que desató la alarma en el sistema universitario y en el colectivo de la discapacidad.
“Están llevando a la comunidad educativa otra vez a un conflicto”, advirtió Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA. El dirigente recordó que, además de incumplir la ley de financiamiento, el Gobierno decretó unilateralmente los aumentos para 2026, dejando a los gremios fuera de la discusión paritaria y profundizando el deterioro salarial.
En el caso de la discapacidad, la ofensiva oficial es todavía más cruda. La semana pasada, un fallo de la justicia federal de Campana ordenó al Gobierno aplicar sin dilaciones la ley de emergencia, con los fondos necesarios para recomponer lo perdido por el ajuste desde diciembre de 2023. La respuesta libertaria fue intentar derogarla.
“El Gobierno hizo todo lo posible para dilatar los tiempos legislativos y judiciales. Ahora que está acorralado por el fallo de Campana, busca derogarla. No les importan las partidas, quieren destruir al colectivo de la discapacidad”, sintetizó un prestador del sistema.
Como si fuera poco, el dictamen suma el artículo 77, que modifica la ley 13.478 y elimina la posibilidad de otorgar pensiones a personas con Certificado Único de Discapacidad, otro derecho consagrado por la normativa que Milei pretende borrar.
CABA, zonas frías y ciencia: otros perdedores del Presupuesto
El PRO tampoco logró imponer uno de sus reclamos históricos: la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El dictamen no incorpora partidas que eleven la participación porteña al 2,95%, tal como ordenó la Corte Suprema en el fallo de 2022. El tema volvió a quedar afuera del texto final.
Además, el Presupuesto 2026 elimina artículos de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijaban metas progresivas de inversión como porcentaje del PBI, y recorta el financiamiento específico para la educación técnica.
El régimen de zonas frías tampoco sale ileso: el beneficio no se elimina formalmente, pero deja de estar definido por ley y pasa a depender de la reglamentación y la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una señal clara del modelo de concentración de poder que impulsa el mileísmo.
Dictámenes alternativos y una mayoría atada con alambre
Frente al avance oficial, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 18 firmas, que reivindica las leyes insistidas por el Congreso —financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y fondos para salud pediátrica— y propone sostener la extensión del régimen de zona fría, el presupuesto del ENARD y los aumentos progresivos en educación.
También hubo un tercer dictamen de Provincias Unidas, con tres respaldos, que plantea que alcanzar el equilibrio fiscal no puede implicar el desfinanciamiento de políticas esenciales y suma propuestas para el Fondo Nacional de Bosques Nativos, FAdeA, el Poder Judicial y el Fondo Nacional de Empleo.
La Libertad Avanza, sin embargo, logró garantizar el dictamen de mayoría no solo con acuerdos políticos, sino también mediante una distribución selectiva de lugares en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, favoreciendo a radicales y macristas más cercanos al oficialismo y dejando afuera a bloques opositores como el Frente de Izquierda.
Una sesión clave y una pregunta abierta
Con la sesión convocada para este miércoles 17 de diciembre, el oficialismo buscará media sanción en pleno período de extraordinarias. La incógnita es qué harán ahora los bloques de la llamada “oposición amigable”, que votaron hace pocas semanas las leyes que hoy el Presupuesto 2026 pretende derogar.
Mientras tanto, el Gobierno vuelve a mostrar que su idea de “orden fiscal” no es neutral: tiene nombres, sectores afectados y derechos en retroceso. Y que, una vez más, el ajuste se escribe con letra chica… pero consecuencias enormes.
Descubre más desde Noticias La Insuperable
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Noticias La Insuperable 