El presidente recalienta el clima de protestas.
Por Bruno A. Monteverde para NLI
La escalada autoritaria vuelve a marcar la agenda política de Estados Unidos. Donald Trump lanzó una amenaza directa: desplegar fuerzas militares en el estado de Minnesota para reprimir las protestas masivas contra el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La advertencia, formulada en tono beligerante, reaviva el debate sobre el uso del Ejército contra la propia población civil y deja al descubierto una estrategia de intimidación política frente al descontento social.
Las manifestaciones, que se multiplicaron en Minneapolis y otras ciudades del estado, surgieron como respuesta a redadas, detenciones arbitrarias y un creciente uso de la fuerza por parte de agentes federales. Lejos de desescalar el conflicto, la Casa Blanca optó por la amenaza abierta, colocando sobre la mesa la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, una norma excepcional que habilita al presidente a emplear tropas dentro del territorio nacional.
Una ley excepcional al servicio de la represión interna
La Ley de Insurrección, vigente desde el siglo XIX, fue concebida para situaciones extremas y muy puntuales. Su aplicación permite sortear las restricciones habituales al uso del Ejército en tareas de seguridad interior, un límite histórico pensado para evitar la militarización de la vida civil. La amenaza de Trump resulta particularmente grave porque plantea avanzar incluso sin el consentimiento del gobierno estatal, en este caso encabezado por el demócrata Tim Walz.
Desde sectores políticos y sociales se advierte que esta maniobra no busca restablecer el orden, sino disciplinar la protesta y reforzar un clima de miedo, utilizando a las Fuerzas Armadas como herramienta de control interno frente a reclamos vinculados a derechos humanos y política migratoria.
El trasfondo: redadas, violencia y estallido social
El conflicto se intensificó tras una serie de operativos de ICE en barrios populares, que derivaron en enfrentamientos con vecinos y organizaciones comunitarias. La tensión creció luego de episodios con armas de fuego y heridos durante protestas, lo que encendió la indignación pública y aceleró la movilización callejera.
Autoridades locales denunciaron tácticas agresivas y desproporcionadas, incluyendo el uso de gases, munición no letal y controles indiscriminados que afectaron incluso a personas con residencia legal. Para amplios sectores de la población, el despliegue federal se asemeja más a una ocupación militarizada que a un operativo de seguridad.
Rechazo político y alarma internacional
El gobernador Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazaron la posibilidad de una intervención militar y remarcaron que la situación puede y debe resolverse sin tropas federales. Organismos de derechos civiles y legisladores opositores coincidieron en que usar al Ejército contra manifestantes civiles sienta un precedente peligroso para las libertades democráticas.
La amenaza de Trump no solo profundiza la crisis en Minnesota: expone una deriva autoritaria en la principal potencia mundial, donde la protesta social es presentada como enemiga interna y respondida con lógica de guerra. La posibilidad de ver soldados patrullando ciudades estadounidenses, una imagen asociada históricamente a regímenes de excepción, deja en evidencia hasta dónde está dispuesto a llegar el trumpismo para sostener su agenda.
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