La Justicia procesó al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por el escándalo de coimas en la ANDIS. La Cámara de Casación ratificó que la investigación sigue en pie y dejó al descubierto un sistema de retornos, auditorías explosivas y un descontrol administrativo que compromete a exfuncionarios.
Por Roque Pérez para NLI
El caso que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo judicial de alto voltaje: el juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo en la causa que investiga un entramado de coimas, sobreprecios y negociaciones incompatibles con la función pública en la gestión de prestaciones y medicamentos para personas con discapacidad.
La resolución judicial alcanza también a otros exfuncionarios y empresarios del sector, en una investigación que gira en torno a presuntas maniobras de retornos vinculados a contrataciones con droguerías, en particular en el circuito de provisión de medicamentos y servicios financiados por el Estado.
Cómo funcionaba el mecanismo bajo la lupa
De acuerdo con la reconstrucción judicial y auditorías internas que complicaron a la anterior conducción, en la ANDIS habría operado un esquema de falta de controles, discrecionalidad en autorizaciones y pagos con sobreprecios.
Una auditoría oficial detectó irregularidades administrativas graves, expedientes con inconsistencias y mecanismos de aprobación que no respetaban los circuitos formales. Ese informe fue clave para que la investigación avanzara y comenzara a delinear responsabilidades penales.
Según surge de la causa, el esquema implicaba acuerdos con proveedores que luego devolverían porcentajes de los contratos como coimas. El procesamiento dictado por Casanello incluye figuras como negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación, delitos que podrían agravarse si se comprueba la existencia de una estructura organizada.
Audios, denuncias y el impacto político
El escándalo tomó dimensión pública tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, que habrían sido incorporados al expediente. En esas grabaciones se mencionaban porcentajes y referencias a pagos indebidos en el marco de contrataciones del organismo.
El procesamiento judicial no implica condena, pero sí que el magistrado encontró pruebas suficientes para considerar que existió un esquema delictivo con responsabilidad concreta de los imputados.
El caso golpea en un área particularmente sensible: la administración de recursos destinados a personas con discapacidad. Se trata de fondos públicos que financian tratamientos, medicamentos, acompañantes terapéuticos y prestaciones esenciales.
Casación ratificó que la investigación sigue
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que la causa continúa su curso y rechazó planteos que buscaban frenar o anular la investigación. La decisión implica que el expediente no se cae y que el proceso judicial seguirá avanzando.
La ratificación de Casación consolida el escenario judicial adverso para los exfuncionarios involucrados y abre la puerta a nuevas medidas de prueba, ampliaciones de imputaciones e incluso eventuales elevaciones a juicio oral.
Un escándalo que recién empieza
El procesamiento de Diego Spagnuolo marca un punto de inflexión, pero no cierra el capítulo. La investigación continúa y la lupa está puesta sobre cómo se administraron recursos públicos en un organismo clave.
En un contexto donde el Gobierno proclama austeridad y transparencia, el caso ANDIS expone un presunto sistema de retornos y descontrol administrativo en una de las áreas sociales más delicadas del Estado.
La causa sigue abierta. Y el escándalo, lejos de apagarse, recién comienza.
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