La investigación judicial reveló que una organización criminal montó un esquema de engaño digital, amenazas y audios intimidatorios que cercó psicológicamente a un joven militar de 21 años. La banda operaba desde cárceles bonaerenses con celulares ingresados ilegalmente.
Por Lola Santacreta para NLI
El caso que sacudió a la opinión pública sumó en las últimas horas detalles estremecedores. Rodrigo Andrés Gómez, el soldado que se suicidó mientras cumplía funciones en la Quinta Presidencial de Olivos, era víctima de una red de extorsión virtual que lo había colocado bajo una presión constante y asfixiante.
Según la reconstrucción judicial, la maniobra comenzó con un perfil falso en una aplicación de citas. Detrás del nombre “Julieta Ayelén Cardozo” no había ninguna joven interesada en conocerlo, sino una organización dedicada a cazar víctimas al azar para luego someterlas a un mecanismo de chantaje.
El mecanismo del engaño y el “audio del terror”
El esquema estaba cuidadosamente diseñado. Primero, los delincuentes entablaban una conversación amistosa para generar confianza. Luego, tras algunos intercambios, activaban la segunda fase: la intimidación.
Gómez recibió lo que los investigadores describen como el “audio del terror”: una voz femenina que se presentaba como la madre de una menor de edad y lo acusaba de haber mantenido conversaciones indebidas con su hija. La amenaza era directa: denuncia penal, escándalo público y destrucción de su reputación.
Minutos después llegaba el golpe final. Otra voz, esta vez masculina, decía ser integrante de una fuerza de seguridad y afirmaba tener pruebas del supuesto delito. La presión era inmediata: había que “arreglar” la situación con dinero para evitar una causa judicial.
El objetivo era claro: generar pánico, culpa y desesperación en cuestión de minutos. Bajo ese estado emocional, muchas víctimas accedían a realizar transferencias a cuentas o billeteras virtuales controladas por la banda.
Una estructura montada desde cárceles bonaerenses
La investigación determinó que la organización operaba desde unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la Unidad Nº 36 de Magdalena y el penal de Olmos.
Los delincuentes utilizaban teléfonos celulares ingresados ilegalmente en los penales, con los que coordinaban llamados, enviaban audios y gestionaban las cuentas receptoras del dinero extorsionado.
Tras una serie de allanamientos, la Justicia detuvo a al menos siete personas presuntamente vinculadas a la maniobra. La causa está a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien advirtió sobre la gravedad del uso sistemático de dispositivos móviles dentro de las cárceles para cometer delitos de alto impacto.
El suicidio de Gómez, ocurrido en diciembre mientras estaba de guardia en la residencia presidencial, había generado conmoción institucional y múltiples hipótesis. Hoy, con el avance de la causa, se confirma que detrás del hecho había una red criminal especializada en explotación psicológica digital.
Violencia digital y responsabilidad del Estado
El caso expone un problema estructural: la circulación de celulares en cárceles y la falta de controles efectivos permiten que verdaderas “pymes del delito” operen con total impunidad desde el interior del sistema penitenciario.
La modalidad no es nueva, pero el desenlace trágico de este caso la coloca en el centro del debate público. La violencia ya no es solamente física: también puede ser virtual, silenciosa y devastadora.
La historia de Rodrigo Andrés Gómez deja una advertencia contundente sobre el alcance de las extorsiones digitales y sobre la necesidad urgente de controles reales en el sistema carcelario para evitar que estas estructuras sigan funcionando desde dentro del propio Estado.
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