La justicia de Chubut avanza en una causa de alto impacto político tras el allanamiento de oficinas y domicilios vinculados al exfuncionario provincial Gonzalo Carpintero, acusado de un presunto ofrecimiento de dinero a un dirigente sindical a cambio de impedir el inicio del ciclo lectivo 2026, fijado para el 23 de febrero.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI
La investigación se desató luego de una denuncia penal presentada por el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Trelew, José Severiche, quien aseguró ante la Fiscalía que Carpintero lo contactó para ofrecerle una retribución económica con el fin de que promoviera un conflicto gremial que —según dijo— pudiera impedir que las clases comenzaran con normalidad.
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública provincial, a cargo de la fiscal Julieta Gamarra, ordenó los procedimientos judiciales, en los que se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad de la empresa donde presumiblemente se realizó la reunión.
Denuncia y acusaciones
Según el relato del dirigente sindical, Carpintero le habría ofrecido dinero a Severiche, asegurándole que si generaba “un quilombo” previo al inicio de clases —con paros o acciones gremiales significativas— él recibiría una compensación económica y luego se discutirían paritarias que lo beneficiarían. El dirigente aportó a la causa conversaciones y otros indicios que, según dijo, respaldan su denuncia.
Para los denunciantes, detrás de la maniobra existe un trasfondo político y económico: fuentes judiciales y del gobierno provincial señalaron que el objetivo del ofrecimiento sería no sólo obstaculizar el comienzo de las clases, sino causar un perjuicio político al actual gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y proteger intereses vinculados a empresarios con deudas impositivas y presión contra iniciativas legislativas como la “Ley de Ficha Limpia para la Pesca”.
Respuesta del Estado y querella oficial
El Gobierno de Chubut anunció que actuará como querellante en la causa, con el ministro de Educación, José Luis Punta, calificando la situación como “grave” y expresando que ninguna acción de esta naturaleza será tolerada cuando se intenta afectar el normal funcionamiento del sistema educativo. Punta sostuvo que la educación es un pilar de la sociedad y que “no se puede permitir que sectores o personas atenten contra la organización y la provincia”.
El gobernador, según fuentes oficiales, respaldó la decisión de presentarse como querellante y de “defender a ultranza” el inicio de clases. El fiscal continúa analizando la evidencia secuestrada y no se descarta que surjan nuevas líneas de investigación a medida que avance la causa.
Defensa y miradas contrapuestas
La defensa de Carpintero cuestionó la actuación judicial, acusando a la fiscalía de actuar sin fundamentos sólidos y señalando que reuniones con sindicalistas son habituales en la política y no constituyen delitos por sí mismas. Esta postura abre un cruce político-judicial que promete tensar aún más el clima en la provincia en pleno arranque del ciclo lectivo.
La causa sigue su curso y, de confirmarse las acusaciones, podría implicar consecuencias penales de gran alcance para los involucrados, además de dejar un saldo de debate profundo sobre la utilización de conflictos sociales como herramientas de presión política en contextos electorales y de gestión pública.
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