La causa judicial por la presunta criptoestafa conocida como $Libra suma un nuevo capítulo: la querella anticipó que solicitará la indagatoria de Javier Milei, Karina Milei y el operador Mauricio Novelli, en base a elementos que —según la investigación— comprometerían directamente a la cúpula del poder político.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La investigación judicial por el caso $Libra avanza hacia un punto de inflexión. Según reveló hoy la periodista Irina Hauser en Página/12, la querella se prepara para pedir formalmente la indagatoria de Javier Milei, su hermana Karina Milei y el trader Mauricio Novelli, en un expediente que ya acumula pruebas sensibles y vínculos comprometedores.
El planteo no es menor: implica que, para una de las partes acusadoras, existen elementos suficientes como para que el Presidente de la Nación deba dar explicaciones ante la Justicia en calidad de imputado.
Nuevas pruebas y un rol más activo del entorno presidencial
De acuerdo con la reconstrucción publicada por Hauser, la querella presentará elementos hasta ahora desconocidos que complejizan la situación judicial. Uno de los puntos centrales es el rol de Mauricio Novelli, señalado como mucho más que un intermediario.
Lejos de la figura de “asesor externo”, la investigación sostiene que Novelli habría tenido control directo sobre la operatoria de la criptomoneda, lo que lo ubica en el núcleo de la maniobra.
En ese esquema también aparece el nombre de un financista colombiano, Camilo Rodríguez Blanco, quien —según la denuncia— actuaba como intermediario en pagos destinados a “Javi y Kari”, en referencia directa al Presidente y su hermana.
Este punto resulta especialmente delicado, ya que conecta la operatoria financiera con el círculo íntimo del poder político, un aspecto que podría configurar delitos vinculados a negociaciones incompatibles con la función pública.
De la promoción política a la sospecha penal
El caso $Libra se originó a partir de la promoción pública de la criptomoneda por parte de Milei, lo que generó un fuerte impacto en su cotización antes de un abrupto desplome que dejó pérdidas masivas a miles de inversores.
Investigaciones previas ya habían señalado la existencia de vínculos entre el entorno presidencial y los impulsores del proyecto, incluyendo chats, audios y registros que sugieren coordinación en la operatoria.
En ese contexto, el pedido de indagatoria no surge de manera aislada, sino como consecuencia de una acumulación de pruebas que —según la querella— delinean un patrón de intervención más activo del que el propio Milei ha reconocido públicamente.
El punto de quiebre: la indagatoria
La solicitud de indagatoria representa un momento clave dentro del proceso penal. No se trata aún de una condena ni de una imputación formal definitiva, pero sí de un paso que coloca a los señalados frente a la obligación de responder en sede judicial.
En términos políticos, el impacto es aún mayor: por primera vez en esta causa se plantea que el Presidente podría ser citado a declarar por su presunta participación en una maniobra financiera de gran escala.
La decisión final dependerá del juez y del fiscal interviniente, quienes deberán evaluar si los elementos aportados alcanzan para avanzar en ese sentido.
El blindaje político y mediático
Mientras la causa avanza, crece también el contraste entre la gravedad de las acusaciones y el tratamiento que reciben en distintos sectores del poder.
En buena parte del discurso oficial y en algunos medios alineados, se insiste en presentar a Milei como un actor ajeno a la operatoria, alguien que habría actuado como mero “difusor” sin conocimiento profundo de las implicancias del proyecto.
Esa narrativa contrasta con el criterio aplicado en otros casos judiciales, donde la responsabilidad política suele inferirse incluso sin pruebas directas de participación operativa. Aquí, en cambio, la figura presidencial aparece rodeada de un margen de duda que no suele concederse a otros dirigentes, lo que alimenta sospechas de un tratamiento desigual.
La hipótesis implícita es clara: mientras a otros actores se les presume capacidad de decisión y responsabilidad, en el caso de Milei se intenta instalar la idea de desconocimiento o ingenuidad, aun cuando la causa acumula indicios que lo vinculan con el entramado.
Una causa que puede escalar
El expediente $Libra ya dejó de ser un escándalo financiero para convertirse en un problema político de primera magnitud. El eventual llamado a indagatoria de Milei y su entorno marcaría un antes y un después en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Justicia.
Con nuevas pruebas en camino y una querella decidida a avanzar, el caso entra en una fase decisiva donde ya no alcanza con explicaciones mediáticas: la discusión se traslada de lleno a los tribunales.
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