El avance de la investigación por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo: la Justicia convocó a declarar a las cuatro mujeres que figuran como prestamistas en las operaciones inmobiliarias del funcionario. La medida busca esclarecer el origen de los fondos y la legalidad de un esquema de financiamiento que despierta cada vez más sospechas.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La decisión fue tomada en el marco de la causa que instruye el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga un posible enriquecimiento ilícito vinculado a la compra de propiedades por parte de Adorni. En ese expediente, las protagonistas ahora son Claudia Sbabo, Beatriz Viegas, Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, señaladas como las personas que aportaron los dólares necesarios para concretar las operaciones inmobiliarias.
Un esquema de financiamiento bajo la lupa
Según surge de la investigación, el mecanismo utilizado por Adorni se repite en distintas operaciones: las propias vendedoras de los inmuebles —o allegadas— terminan financiando gran parte de la compra mediante préstamos en dólares, muchas veces equivalentes a porcentajes altísimos del valor declarado.
En el caso del departamento de Caballito, por ejemplo, las entonces propietarias Sbabo y Viegas habrían aportado unos 200.000 dólares, es decir, cerca del 90% del precio de la operación. A eso se suma otra maniobra previa: una hipoteca sobre un departamento en Parque Chacabuco, donde Molina de Cancio (una Conisario ascendida por Patricia Bullrich) y Cancio prestaron 100.000 dólares adicionales.
Este tipo de operatoria —por fuera del sistema bancario tradicional— es uno de los puntos que más inquieta a la fiscalía, ya que podría encubrir subdeclaración de valores o ingresos no justificados.
La pista de las hipotecas y la escribana
Otro elemento central en la causa es la reiterada intervención de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó varias de las operaciones bajo investigación. La profesional también fue citada a declarar, y se le solicitó la documentación completa de las transacciones para reconstruir el circuito del dinero.
Los investigadores buscan determinar si las hipotecas privadas utilizadas en estas compras responden a mecanismos legales habituales o si, por el contrario, funcionaron como una fachada para blanquear fondos o justificar incrementos patrimoniales difíciles de explicar.
El rol de las “prestamistas”
El perfil de algunas de las mujeres citadas también agrega un condimento sensible a la causa. En particular, Molina de Cancio es una comisaria retirada de la Policía Federal, lo que introduce interrogantes adicionales sobre los vínculos personales y profesionales del funcionario.
Para la fiscalía, las declaraciones serán clave: no solo deberán confirmar los montos prestados, sino también explicar el origen de esos fondos, las condiciones de devolución y la relación con Adorni.
Un expediente que se expande
La citación de las cuatro prestamistas marca un nuevo salto en la investigación, que ya venía acumulando medidas de prueba. El objetivo es claro: reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su llegada al gobierno y verificar si existe correspondencia con sus ingresos declarados.
El caso, además, no se limita a una sola operación, sino que exhibe un patrón repetido de adquisiciones inmobiliarias apalancadas con préstamos privados, lo que refuerza la hipótesis de un esquema sistemático.
En Comodoro Py, la causa empieza a tomar volumen. Y con cada nueva declaración, el “modelo Adorni” de comprar propiedades con dólares prestados queda más expuesto a una pregunta central que la Justicia todavía no logra responder: ¿se trata de operaciones legales o de una ingeniería financiera diseñada para ocultar el verdadero origen del dinero?
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