La Justicia de San Luis ordenó retener parte de la dieta de Bartolomé Abdala por una deuda impositiva millonaria. El Senado deberá ejecutar la medida mientras el dirigente de La Libertad Avanza denuncia persecución política.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La escena política sumó un nuevo capítulo de alto voltaje: la Justicia de San Luis ordenó embargar el sueldo del senador nacional Bartolomé Abdala, uno de los principales referentes libertarios en el Congreso. La medida no es simbólica ni menor: implica que el propio Senado deberá retener parte de su dieta hasta cancelar una deuda fiscal que asciende a unos 45 millones de pesos.
El fallo fue dispuesto por el juez de Ejecuciones Fiscales Alberto Spagnuolo, quien instruyó directamente a la Cámara alta para que proceda con la retención de haberes. La orden ingresó formalmente al Senado y obliga a aplicar el embargo sobre un salario que ronda los 11 millones de pesos mensuales, lo que anticipa un proceso prolongado hasta cubrir la totalidad de la deuda.
Deuda millonaria y embargo efectivo
El origen del conflicto es concreto: incumplimientos en el pago del impuesto inmobiliario y otras tasas provinciales en San Luis. Lejos de tratarse de una irregularidad menor, la magnitud de la deuda coloca al senador en una situación judicial que activa mecanismos de ejecución directa sobre sus ingresos.
La decisión judicial no deja margen para interpretaciones: el Senado debe actuar como agente de retención. Es decir, el embargo ya no depende de la voluntad del legislador, sino de una obligación institucional que compromete al propio funcionamiento administrativo de la Cámara.
Este punto no es menor. Abdala no es un senador más: ocupa el cargo de presidente provisional del Senado, es decir, el tercero en la línea de sucesión presidencial. La contradicción política es evidente: quien forma parte del núcleo de poder del oficialismo nacional queda expuesto por incumplimientos fiscales en su provincia.
La respuesta libertaria: “persecución política”
Lejos de reconocer la situación como un problema administrativo, Abdala eligió una estrategia conocida dentro del universo libertario: victimizarse y denunciar una supuesta persecución política. Según sostuvo, la medida responde a una maniobra del gobernador puntano Claudio Poggi en el marco de la disputa electoral que se proyecta hacia 2027.
El senador afirmó que se trata de un intento de disciplinamiento contra quienes “no se alinean” y vinculó el embargo con sus aspiraciones a competir por la gobernación. Sin embargo, desde el propio gobierno provincial desmintieron esa interpretación y defendieron la legalidad del procedimiento.
La respuesta oficial fue directa: si alguien tiene capacidad económica y no paga impuestos, el Estado debe actuar. En ese sentido, desde la administración puntana remarcaron que la política tributaria se aplica según la capacidad contributiva y cuestionaron el incumplimiento del legislador.
El doble discurso en el poder
El caso expone una tensión más profunda que excede lo judicial. Mientras el discurso libertario insiste en la reducción del Estado y cuestiona la carga impositiva, uno de sus principales dirigentes aparece involucrado en una deuda millonaria con el propio Estado provincial.
No se trata sólo de una contradicción discursiva, sino de un problema estructural: la evasión o el incumplimiento fiscal en sectores de alto poder adquisitivo, en contraste con el peso que recae sobre los contribuyentes comunes.
En ese marco, el embargo del sueldo de Abdala se transforma en algo más que una noticia judicial: es un síntoma de cómo operan ciertas lógicas de poder que, mientras predican austeridad y orden fiscal, no siempre cumplen con las reglas que exigen al resto de la sociedad.
El conflicto, lejos de cerrarse, recién empieza. Porque además de la ejecución del embargo, el episodio ya impacta en la interna política de San Luis y en la imagen nacional de un oficialismo que vuelve a quedar bajo la lupa, esta vez por algo tan básico como pagar impuestos.
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