Mientras el Gobierno de Jorge Macri pregona transparencia en las contrataciones públicas, el Boletín Oficial confirmó la adjudicación de una licitación por casi $2.300 millones a una empresa que había quedado en el centro de fuertes denuncias por un supuesto direccionamiento. La firma beneficiada es PBG Travel & Events SRL, señalada por distintos medios por sus presuntos vínculos con el ministro porteño Hernán Lombardi.
Por Roque Pérez para NLI
La historia que durante meses estuvo rodeada de cuestionamientos finalmente tuvo su desenlace administrativo. A través de la Disposición N.º 120/DGTALEATC/26, publicada hoy en el Boletín Oficial porteño, el Ente Autárquico Teatro Colón aprobó la licitación y adjudicó el servicio de conducción de visitas guiadas del Teatro Colón y Colón Fábrica a PBG Travel & Events SRL por $2.289.300.000 (un millón y medio de dólares).
La resolución pone punto final —al menos en el plano administrativo— a un proceso que durante meses estuvo atravesado por impugnaciones, una medida cautelar judicial y denuncias periodísticas sobre un eventual favoritismo hacia la empresa finalmente ganadora.
Una licitación que llegó a la Justicia
El expediente oficial confirma que la empresa Torus SRL, una de las oferentes, presentó una acción judicial que derivó en una medida cautelar suspendiendo los efectos del dictamen de preadjudicación.
Según consta en la disposición, el Juzgado de Feria Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad hizo lugar inicialmente al planteo de la firma, que reclamaba además acceso completo a la documentación del expediente. Meses después, el magistrado consideró cumplida la cautelar, se reanudó el procedimiento y volvió a abrirse el plazo para impugnaciones. Finalmente, la única impugnación restante —presentada por Andesmar— fue desistida y la adjudicación quedó firme.
Es decir, el propio Boletín Oficial reconoce que la contratación atravesó un conflicto judicial antes de concretarse.
Las denuncias que apuntaron a Hernán Lombardi
Durante la tramitación de la licitación, La Política Online publicó una investigación en la que sostuvo que existían cuestionamientos internos por un supuesto direccionamiento del proceso y que la empresa PBG Travel & Events SRL mantenía vínculos con el actual ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi.
En la misma línea, el portal Mosca fue aún más allá y habló de un presunto armado de la licitación para favorecer a la compañía, reproduciendo además denuncias realizadas por competidores del proceso.
Según las investigaciones publicadas por La Política Online y otros medios que siguieron el expediente, PBG Travel & Events SRL está integrada por Patricia Vicenta Pécora, Adolfo Boada Aguirre y Cristian Carlos González. Las publicaciones señalan que Pécora se desempeñaba como funcionaria del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, conducido por Hernán Lombardi, mientras que Boada Aguirre y González ocuparon cargos en el Ente de Turismo de la Ciudad durante las gestiones encabezadas por el propio Lombardi, una circunstancia que alimentó los cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso licitatorio.
El dato político no es menor. Lombardi ocupa desde marzo de 2025 el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, una de las áreas con mayor peso dentro de la administración de Jorge Macri.
Casi $2.300 millones para un servicio turístico
El contrato adjudicado comprende el servicio integral de conducción de visitas guiadas dentro del Teatro Colón y del complejo Colón Fábrica.
La adjudicación terminó cerrándose por $2.289.300.000, apenas unos 12,5 millones de pesos menos, una diferencia inferior al uno por ciento respecto del monto previsto por la administración porteña. La contratación fue realizada bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, un esquema que permite solicitar prestaciones de acuerdo con la demanda efectiva durante la vigencia del contrato.
Aunque la contratación quedó formalmente firme, la decisión seguramente volverá a generar interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a la adjudicataria y sobre la necesidad de que el Ejecutivo porteño brinde mayores explicaciones públicas frente a un proceso que terminó atravesado por denuncias, impugnaciones y una intervención judicial antes de concluir con una adjudicación cercana a los 2.300 millones de pesos.
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