La explicación de Francisco Adorni ante el juez Rafecas: aseguró que escribió $13 millones donde debía consignar $130 millones. El problema es que se trata de un contador con veinte años de experiencia en tareas vinculadas a registración y declaraciones patrimoniales. Mientras tanto, la Justicia investiga una larga lista de rectificaciones y omisiones.
Por Roque Pérez para NLI
La causa que investiga el patrimonio de Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y actual diputado bonaerense de La Libertad Avanza, acaba de sumar una explicación que, lejos de cerrar el expediente, promete alimentar todavía más las preguntas. El legislador se presentó espontáneamente ante el juez federal Daniel Rafecas para evitar una eventual citación a indagatoria y sostuvo que una de las principales inconsistencias detectadas en su Declaración Jurada Patrimonial se debió, sencillamente, a que se olvidó de poner un cero.
El episodio podría parecer un simple error administrativo si no fuera porque el número en cuestión no es precisamente menor: según la explicación brindada por Adorni, consignó $13 millones en lugar de $130 millones al declarar un crédito hipotecario del Banco Provincia utilizado para la compra de una vivienda en City Bell. En su presentación ante la Justicia, el diputado sostuvo que la equivocación no fue deliberada y que no tuvo intención de falsear la información patrimonial.
El problema es que quien ahora invoca el olvido es contador público y cuenta, según había señalado el fiscal Guillermo Marijuan al solicitar su indagatoria, con 20 años de antigüedad como perito contador del Consejo de la Magistratura bonaerense, además de experiencia específica en tareas de registración y declaraciones juradas. Para el fiscal, esas características profesionales vuelven particularmente difícil sostener que las inconsistencias puedan explicarse simplemente como errores involuntarios.
Un cero que vale $117 millones
Hay algo que conviene detenerse a mirar porque permite dimensionar la singularidad de la explicación. No estamos hablando de una diferencia de redondeo, de una coma mal ubicada o de una cifra que varía por una actualización contable. La diferencia entre $13 millones y $130 millones es de $117 millones. Es decir, el número que faltó declarar multiplica por diez el monto consignado originalmente.
En su presentación, Adorni buscó explicar que se trató de un error material y que el crédito hipotecario realmente debía figurar por $130 millones. La cuestión será ahora determinar si esa explicación resulta suficiente para la Justicia o si, por el contrario, debe analizarse dentro del conjunto de inconsistencias que aparecen en sus presentaciones patrimoniales.
Porque el expediente no comenzó por un cero perdido. La investigación judicial procura reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la administración nacional y determinar si existieron omisiones deliberadas o datos falsos en sus declaraciones juradas. En junio, el fiscal Marijuan había pedido que fuera citado a indagatoria precisamente por las inconsistencias encontradas.
Y ahí aparece el dato que vuelve todavía más incómoda la defensa del “me olvidé”. Según la información difundida sobre el expediente, Adorni realizó más de diez rectificaciones de sus declaraciones juradas. En las sucesivas correcciones fueron apareciendo nuevos datos sobre su patrimonio, entre ellos una herencia de $21 millones, dinero en efectivo, cuentas bancarias en pesos y dólares y otros instrumentos financieros que no figuraban de la misma manera en las presentaciones originales.
Más que un error aislado
La Justicia deberá establecer, naturalmente, si cada una de esas modificaciones constituye un error administrativo, una consecuencia de actualizaciones patrimoniales o algo de mayor gravedad. Esa determinación no corresponde hacerla desde una nota periodística. Pero tampoco corresponde ignorar la dimensión del conjunto.
Según la acusación fiscal, Adorni presentó tres declaraciones juradas oficiales entre febrero de 2024 y enero de 2026, durante el período en que ocupó distintos cargos en la estructura estatal, entre ellos la titularidad de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. Las presentaciones originales fueron posteriormente modificadas en reiteradas oportunidades.
En una de esas rectificaciones apareció, por ejemplo, una herencia de $21 millones que no había sido incorporada inicialmente. En otra presentación se consignaron $24,5 millones en efectivo, de los cuales $21 millones correspondían a esa herencia, además de nuevas cuentas y tarjetas. También hubo modificaciones sobre la valuación de su vivienda de City Bell y sobre la deuda hipotecaria declarada.
La explicación de Adorni debe ser evaluada por los investigadores, pero el dato político y judicial es difícil de esquivar: el mismo funcionario que debe explicar inconsistencias patrimoniales acumuló sucesivas correcciones en sus declaraciones y ahora sostiene que una diferencia de semejante magnitud obedeció a que se le escapó un cero.
La Justicia tiene la palabra
El fiscal Marijuan había planteado justamente la contradicción entre la naturaleza de las inconsistencias y la formación profesional del diputado. En su pedido de indagatoria sostuvo que Adorni es un profesional capacitado específicamente en cuestiones vinculadas con el control del sector público y las declaraciones patrimoniales, por lo que consideró difícil aceptar que determinados errores pudieran atribuirse sin más a desconocimiento o equivocación.
Ahora será el juez Rafecas quien deberá valorar la presentación espontánea y decidir cómo continúa el expediente. La defensa intenta instalar la hipótesis de los errores materiales, mientras que la investigación procura establecer si existió una conducta deliberada para ocultar o falsear información patrimonial. Esa diferencia no es menor: de su resolución dependerá buena parte de la situación procesal de Adorni.
Y hay otro elemento que vuelve particularmente relevante el caso. Esta causa no es el único expediente judicial que involucra al diputado. En paralelo se investigan presuntas irregularidades vinculadas con el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) y un préstamo de $40.000 millones al IOSFA, en una investigación que también alcanza a otros exfuncionarios del área de Defensa.
Por eso, más allá de lo que finalmente determine la Justicia sobre la responsabilidad penal de Francisco Adorni, la explicación del cero perdido deja planteado un interrogante elemental: ¿cuántos errores materiales puede soportar una declaración jurada antes de que dejen de parecer simples errores?
La respuesta no la tiene esta nota ni corresponde anticiparla. La tienen que dar los peritajes, los documentos, los movimientos bancarios y, finalmente, los tribunales. Pero una cosa es segura: $117 millones no son un detalle de tipeo para la mayoría de los argentinos. Y cuando quien dice haberlos omitido es un contador especializado en registración y declaraciones patrimoniales, la explicación difícilmente pueda terminar en un simple “me olvidé de poner un cero”.
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