A 64 años del secuestro de Felipe Vallese, la historia del joven obrero metalúrgico desaparecido en 1962 y del crimen que anticipó una de las prácticas más terribles de la Argentina.
Por Alcides Blanco para NLI
Hay fechas que pertenecen simultáneamente a la historia y a la memoria, porque no solamente permiten recordar un acontecimiento ocurrido en el pasado, sino que obligan a comprender cómo determinadas prácticas de violencia política fueron construyéndose mucho antes de alcanzar las dimensiones que adquirirían años después. El 23 de agosto de 1962, Felipe Vallese, un joven obrero metalúrgico de apenas 22 años, delegado sindical y militante de la Juventud Peronista, fue secuestrado en el barrio porteño de Flores por un grupo de hombres armados y trasladado clandestinamente a dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires. Nunca volvió a aparecer y su cuerpo jamás fue encontrado. La Confederación General del Trabajo lo reconoce como el primer detenido-desaparecido del movimiento obrero argentino, mientras que distintos organismos e instituciones históricas lo ubican entre los primeros casos de desaparición forzada de la Argentina contemporánea.
El aniversario de su secuestro, por eso, no constituye una efeméride sindical más ni una fecha reservada exclusivamente a la memoria del peronismo. La desaparición de Vallese ocurrió catorce años antes del golpe de Estado de 1976, cuando todavía no existía la maquinaria sistemática de terrorismo de Estado que marcaría la última dictadura, pero cuando ya habían aparecido algunos de los mecanismos que posteriormente alcanzarían una escala infinitamente mayor: persecución política, secuestros clandestinos, torturas, negación oficial de las detenciones y desaparición de personas sin entrega del cuerpo a sus familiares. Recordar a Vallese significa, en ese sentido, mirar hacia una Argentina anterior a 1976 y reconocer que la desaparición forzada no apareció de manera repentina el 24 de marzo de 1976, sino que tuvo antecedentes concretos en décadas atravesadas por golpes militares, proscripciones y represión contra quienes desafiaban el orden político establecido.
El joven metalúrgico que eligió la resistencia
Felipe Vallese había nacido en Buenos Aires y trabajaba como obrero metalúrgico en Trafilación y Esmaltación de Alambres (TEA), donde se desempeñaba como delegado. Su vida política estuvo atravesada por la proscripción del peronismo y por la resistencia que se desarrolló después del golpe de 1955. La prohibición de la identidad política mayoritaria de los trabajadores argentinos había generado una situación en la que la actividad sindical y la militancia política se encontraban estrechamente relacionadas, particularmente entre los jóvenes que habían crecido durante los años posteriores al derrocamiento de Juan Domingo Perón. Vallese formó parte de esa generación y se vinculó con la reorganización de la Juventud Peronista, en una etapa en la que la militancia debía desarrollarse muchas veces en la clandestinidad.
La Argentina en la que Vallese fue secuestrado estaba atravesada por una crisis institucional profunda. En marzo de 1962, apenas unos meses antes de su desaparición, las Fuerzas Armadas habían derrocado al presidente Arturo Frondizi, y José María Guido había asumido la Presidencia en un escenario condicionado por el poder militar. La proscripción del peronismo continuaba vigente y las Fuerzas Armadas tenían una influencia decisiva sobre la vida política. El Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior ubica precisamente la desaparición de Vallese dentro de ese proceso de recrudecimiento de la represión política que siguió al golpe contra Frondizi.
La noche del 23 de agosto, Vallese salió de su casa y emprendió el camino hacia su lugar de trabajo. Al llegar a la zona de Canalejas al 1776, hoy calle Felipe Vallese, fue interceptado por varios hombres armados. De acuerdo con las reconstrucciones históricas disponibles, intentó resistirse aferrándose a un árbol para evitar que lo introdujeran en el vehículo, pero fue golpeado y reducido. El episodio tuvo además una dimensión más amplia: simultáneamente se produjeron otros procedimientos y detenciones vinculados con personas cercanas a Vallese, en una operación que buscaba obtener información sobre militantes de la Resistencia Peronista.
A partir de allí comenzó el tramo más oscuro de la historia. Vallese fue llevado a la Comisaría Primera de San Martín, donde distintos testimonios y reconstrucciones históricas sitúan las sesiones de tortura. Posteriormente habría sido trasladado a otras dependencias policiales, entre ellas un destacamento de José Ingenieros y la comisaría de Villa Lynch, hasta que finalmente se perdió todo rastro de él. La policía negó inicialmente haberlo detenido y llegó a sostener que no había permanecido bajo custodia de sus efectivos, mientras que las denuncias y las investigaciones judiciales fueron acumulando elementos que apuntaban en otra dirección.
“¿Puede desaparecer una persona?”
La pregunta que quedó instalada después del secuestro de Vallese resulta estremecedora precisamente porque fue formulada mucho antes de que la palabra “desaparecido” adquiriera en Argentina la dimensión que tendría durante la última dictadura. La búsqueda comenzó inmediatamente. Su familia, la Juventud Peronista y el movimiento sindical reclamaron por su aparición, mientras dirigentes de la UOM y de la CGT impulsaron acciones para esclarecer qué había ocurrido. El caso adquirió una enorme repercusión y la denuncia de la desaparición se transformó en una bandera de la resistencia política y sindical.
La consigna “Un grito que estremece: Vallese no aparece” comenzó a reproducirse en actos, pintadas y campañas públicas, mientras distintos periodistas e investigadores intentaban reconstruir el recorrido del joven metalúrgico desde el momento de su secuestro. La campaña no se limitó al reclamo sindical: el artista Ricardo Carpani realizó un célebre afiche con el rostro de Vallese y convirtió su imagen en uno de los símbolos gráficos de la resistencia peronista. La CGT, por su parte, bautizó con su nombre el salón principal de su sede de Azopardo, mientras que en 1965 los abogados Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde publicaron “Felipe Vallese. Proceso al sistema”, una investigación que reconstruyó las circunstancias del caso y denunció las responsabilidades que habían quedado impunes.
El Estado, sin embargo, no logró —o no quiso— ofrecer una respuesta capaz de establecer definitivamente qué ocurrió con Vallese. Algunos policías involucrados fueron condenados por privación ilegítima de la libertad, pero las responsabilidades por la desaparición y la muerte del joven nunca fueron esclarecidas de manera satisfactoria. La ausencia del cuerpo terminó convirtiéndose en una parte central del crimen, porque impidió a la familia darle sepultura y permitió que durante décadas persistieran interrogantes sobre su destino final. Esa combinación entre violencia clandestina y negación oficial constituye precisamente uno de los elementos que hacen de Vallese una figura fundamental para comprender la genealogía de la desaparición forzada en Argentina.
Antes de 1976 también hubo desaparecidos
La historia de Felipe Vallese adquiere una dimensión todavía mayor cuando se la coloca dentro de una secuencia histórica más extensa. Argentina ya había conocido formas de violencia política y desaparición antes de 1962, y Vallese no fue literalmente la primera persona desaparecida de toda la historia nacional; hubo antecedentes como Joaquín Penina, anarquista fusilado clandestinamente en 1930, y Juan Ingallinella, médico y militante comunista desaparecido y asesinado bajo custodia policial en 1955. Lo particular del caso Vallese es que se convirtió en un símbolo fundamental de la desaparición de un trabajador y militante peronista en el contexto de la proscripción política y de la represión contra la resistencia obrera.
Su caso también permite comprender por qué la historia del movimiento obrero argentino y la historia de los derechos humanos no pueden ser estudiadas como compartimentos separados. Vallese no fue perseguido únicamente por una identidad partidaria: era un trabajador organizado, delegado sindical y militante en una época en la que la representación política de millones de argentinos permanecía prohibida. Su desaparición mostró hasta dónde podía llegar el aparato represivo cuando el conflicto político se trasladaba al lugar de trabajo, al sindicato y a las organizaciones juveniles que intentaban reconstruir aquello que había sido prohibido.
Por eso, cada 23 de agosto la pregunta que vuelve no es solamente qué le ocurrió a Felipe Vallese, porque la respuesta histórica sobre su desaparición está suficientemente documentada como para saber que fue secuestrado y que su cuerpo nunca fue recuperado. La pregunta más profunda es qué sociedad permitió que una persona pudiera ser arrancada de la calle, llevada clandestinamente a dependencias policiales, torturada, desaparecida y luego negada por las mismas instituciones que tenían la obligación de protegerla. Esa pregunta atraviesa toda la historia argentina posterior, desde los conflictos políticos de los años sesenta hasta el terrorismo de Estado de la década siguiente.
Felipe Vallese tenía 22 años cuando desapareció. Era un obrero, un delegado y un militante en una Argentina en la que la democracia estaba limitada por la proscripción y condicionada por el poder militar. No hubo tumba, cuerpo ni despedida, pero sí quedó una pregunta que se volvió cada vez más poderosa con el paso del tiempo: ¿puede desaparecer una persona? La historia argentina respondió trágicamente que sí, pero también demostró que una desaparición no necesariamente consigue borrar una vida. Vallese permaneció en los afiches de Carpani, en los reclamos de la CGT, en la memoria de los trabajadores metalúrgicos, en el nombre de una calle y, sobre todo, en la conciencia de una sociedad que años después tuvo que enfrentarse a decenas de miles de desapariciones. Recordarlo hoy no significa solamente mirar hacia atrás: significa reconocer que la defensa de la democracia y de los derechos humanos también se construye recuperando las primeras señales de aquello que una sociedad nunca debe volver a permitir.
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