Adorni pide más tiempo a la Justicia para justificar su fortuna y vuelve a quedar en el centro de las sospechas

Manuel Adorni pidió más tiempo a la Justicia para justificar su patrimonio y acceder a las pruebas de la causa.

Por Tomás Papazzo para NLI

Manuel Adorni volvió a quedar bajo la lupa de la Justicia por la evolución de su patrimonio y, esta vez, con una particularidad que reaviva una contradicción que ya había quedado expuesta durante su paso por el Gobierno: el exjefe de Gabinete pidió una prórroga para responder el requerimiento fiscal destinado a justificar el origen de su fortuna y solicitó además acceder a la totalidad de las pruebas incorporadas a la causa. La presentación se produce cuando el expediente entra en una etapa especialmente sensible y cuando aquella promesa presidencial de que su declaración jurada estaba “lista” parece cada vez más lejana de la imagen de transparencia que se intentó instalar desde la Casa Rosada.

El dato adquiere otra dimensión si se lo compara con lo que ocurría apenas tres meses atrás. A mediados de mayo, cuando Adorni todavía ocupaba un lugar central dentro del Gobierno de Milei, el Presidente había asegurado públicamente que el documento ya estaba preparado. Según aquella información, Milei había dicho que Adorni tenía “lista” la declaración y que la presentación se produciría a fines de mayo, mientras sobre el funcionario ya pesaba una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La secuencia resulta políticamente incómoda porque no se trata simplemente de una demora administrativa. La cuestión patrimonial acompañó a Adorni durante buena parte de su permanencia en el poder, en momentos en que el Gobierno libertario convirtió la supuesta superioridad moral frente a “la casta” en uno de los pilares de su discurso político. El problema, entonces, no es solamente cuánto dinero posee un funcionario ni cómo explica cada uno de sus bienes, sino qué ocurre cuando un dirigente que llegó al Estado prometiendo ejemplaridad termina necesitando sucesivas instancias de aclaración frente a organismos de control y ante la Justicia.

La promesa de mayo que quedó en el camino

En mayo, la discusión estaba concentrada en la demora para presentar la declaración jurada. La presión política había crecido al punto de que Patricia Bullrich reclamaba que Adorni hiciera pública su información patrimonial mientras Milei salía a respaldarlo y sostenía que el funcionario tenía “los números en orden”. La defensa presidencial tenía además un componente político evidente: Adorni era entonces uno de los hombres centrales de la administración y cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio amenazaba con convertirse en un problema para la propia narrativa oficial.

Pero la declaración finalmente llegó en junio y lejos de cerrar la discusión, abrió una nueva etapa. Adorni declaró bienes por unos $944,5 millones, incluyendo alrededor de US$209.000, y posteriormente trascendieron rectificaciones y diferencias respecto de sus presentaciones anteriores. La información publicada en los meses siguientes mostró que la discusión ya no giraba únicamente alrededor de si había presentado o no la declaración jurada, sino sobre la consistencia de la evolución patrimonial informada y sobre determinados bienes, dólares y operaciones que debían ser explicados.

La Justicia avanzó entonces sobre esas inconsistencias. En agosto, el fiscal Gerardo Pollicita le requirió explicaciones sobre su situación patrimonial y le otorgó un plazo de 15 días para responder, en una instancia que precede a una eventual profundización de la investigación. Ahora, cuando ese plazo se aproxima a su vencimiento, Adorni solicita más tiempo y pide conocer todas las pruebas de la causa antes de presentar su explicación.

No significa, desde luego, que pedir una prórroga implique por sí mismo responsabilidad penal ni que la investigación determine que Adorni haya cometido un delito. Una investigación judicial no equivale a una condena, y las explicaciones patrimoniales deben ser evaluadas dentro del debido proceso. Pero precisamente por eso resulta relevante observar la evolución del expediente y no reducir la discusión a consignas partidarias: la Justicia está pidiendo explicaciones concretas sobre determinadas inconsistencias y el investigado está ejerciendo su derecho a defenderse.

Del “está lista” a “necesito más tiempo”

El contraste con mayo, sin embargo, resulta difícil de ignorar. En aquel momento, el Gobierno transmitía la idea de que la cuestión estaba prácticamente resuelta: Milei decía que Adorni tenía preparada su declaración y que sus números estaban en orden. Tres meses después, el expediente no solo continúa abierto sino que el exfuncionario solicita tiempo adicional para explicar su patrimonio y reclama acceso a las pruebas que sustentan el requerimiento fiscal.

La diferencia entre ambas escenas también revela algo sobre el funcionamiento político de la administración libertaria. Mientras Adorni era una pieza importante del Gobierno, la discusión patrimonial fue acompañada por una defensa política cerrada desde el oficialismo. El Presidente lo respaldó públicamente y otros dirigentes del espacio reclamaron que presentara rápidamente la documentación. Con el cambio de escenario y la salida de Adorni del Gabinete, el problema dejó de ser exclusivamente político y pasó a desarrollarse con mayor nitidez en el terreno judicial.

La paradoja es que la promesa de transparencia terminó convirtiéndose en una cadena de explicaciones. Primero fue la demora en presentar la declaración jurada; después, la presentación de un patrimonio cercano a los mil millones de pesos; luego aparecieron rectificaciones y cuestionamientos sobre bienes y fondos; más tarde llegó el requerimiento fiscal y ahora aparece el pedido de prórroga. Cada episodio, tomado aisladamente, puede tener una explicación jurídica o administrativa. Observados en conjunto, construyen una historia política mucho más incómoda.

Porque el discurso libertario construyó buena parte de su identidad alrededor de una acusación: que los funcionarios tradicionales utilizaban el Estado para enriquecerse mientras exigían sacrificios a la sociedad. Esa acusación fue central para construir legitimidad electoral. Por eso, cuando uno de sus propios dirigentes queda sometido a una investigación patrimonial, la vara de la transparencia no debería ser distinta. Ni Adorni merece una condena anticipada por su pertenencia política, ni puede pretenderse que su pertenencia política lo coloque por encima de las preguntas que corresponden a cualquier funcionario.

Una pregunta que sigue pendiente

La cuestión central, entonces, no es cuánto tiempo más puede demorar Adorni en presentar su explicación, sino qué explicación ofrecerá finalmente y si será suficiente para despejar las inconsistencias que dieron origen a la investigación. La Justicia deberá determinar qué elementos resultan relevantes, cuáles tienen una explicación legítima y si existe o no algún ilícito. La política, por su parte, deberá hacerse cargo de una contradicción que excede el expediente: quienes llegaron al poder prometiendo terminar con los privilegios y exhibir una administración ejemplar también deben aceptar que sus propios patrimonios sean examinados con el mismo rigor que reclamaban para los demás.

En mayo, Milei decía que Adorni tenía la declaración jurada “lista”. En agosto, el exjefe de Gabinete pide más tiempo para justificar su fortuna ante la Justicia. Entre una frase y la otra hay tres meses de declaraciones, rectificaciones, investigaciones y nuevas preguntas. La diferencia no constituye una prueba de culpabilidad, pero sí explica por qué el caso dejó de ser una simple discusión sobre papeles atrasados y se convirtió en un problema político que el oficialismo ya no puede resolver únicamente con respaldo presidencial.

La transparencia, en definitiva, no consiste en afirmar que los números están en orden antes de que nadie pueda revisarlos. Consiste precisamente en poner los números sobre la mesa, explicar su origen, aceptar el control institucional y responder cuando aparecen inconsistencias. Y mientras Adorni reclama ahora más tiempo y acceso a las pruebas, aquella declaración que en mayo parecía estar “lista” sigue funcionando como el recordatorio incómodo de una promesa que todavía espera una explicación capaz de cerrar todas las preguntas.