LEJOS DE EMPEZAR CON CERO: La inflación no baja con Milei

La inflación de septiembre fue del 1,9%, dos décimas por encima de agosto, y acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses de 2026. En doce meses, la suba llegó al 33,4%. El Gobierno sigue lejos de la inflación cero que Milei prometió como horizonte de su programa económico, mientras los aumentos de tarifas, los servicios y los alimentos continúan presionando sobre los ingresos populares.

Por Celina Fraticiangi para NLI

El Gobierno de Milei volvió a encontrarse con los límites de su promesa económica más repetida: la inflación no desaparece y tampoco consigue consolidar una trayectoria descendente sostenida. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este martes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registró una suba del 1,9%, frente al 1,7% de agosto. La diferencia puede parecer pequeña en términos estadísticos, pero tiene un significado económico y político concreto: después de meses de ajuste, contracción del consumo y pérdida de capacidad adquisitiva, la desaceleración de los precios sigue siendo insuficiente para cumplir el objetivo anunciado por el Presidente.

El dato oficial deja tres cifras centrales para entender la situación. La inflación mensual fue del 1,9%; el incremento acumulado entre enero y septiembre alcanzó el 23,6%; y la variación interanual llegó al 33,4%. La comparación con agosto muestra una aceleración de dos décimas, mientras que el resultado acumulado confirma que el costo de vida continúa aumentando a un ritmo significativo. No se trata de que los precios hayan dejado de subir, sino de que suben más o menos rápido: esa diferencia es fundamental para comprender qué está ocurriendo con la economía real.

La administración libertaria convirtió la reducción de la inflación en el principal argumento de legitimación de su política económica. Sin embargo, la promesa de llegar a registros mensuales cercanos a cero sigue sin materializarse. En septiembre, el índice volvió a aproximarse al 2%, un umbral que el programa oficial pretendía perforar de manera sostenida. La distancia entre el discurso presidencial y los resultados obliga a discutir no solamente el número publicado por el INDEC, sino también la estructura económica que lo produce: tarifas que se actualizan, ingresos que corren detrás de los precios, actividad productiva debilitada y una demanda interna condicionada por el deterioro del poder de compra.

Tarifas, educación y alimentos: los aumentos que explican el índice

El desglose del INDEC permite identificar dónde se concentraron las presiones inflacionarias. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 3,1% en septiembre, mientras que Educación registró un 3%, Salud un 2,4% y Comunicación un 2,5%. Alimentos y bebidas no alcohólicas subió un 2% y tuvo una incidencia determinante en el resultado nacional. No son datos menores: los servicios esenciales y los gastos cotidianos ocupan una parte sustancial del presupuesto de los hogares, de modo que sus aumentos repercuten directamente sobre el dinero disponible para el resto del consumo.

El comportamiento de los componentes del IPC resulta particularmente revelador. Los precios regulados, que incluyen servicios y otros valores sujetos a mecanismos de actualización, avanzaron un 2,3%, mientras que los estacionales subieron un 2,9%. En cambio, la inflación núcleo —que excluye los precios estacionales y regulados y permite observar mejor la dinámica subyacente— fue del 1,7%, una décima por debajo del registro de agosto. Esta diferencia obliga a distinguir dos fenómenos: la presión de fondo de los precios y el impacto de los aumentos específicos que inciden sobre el índice general. El dato de septiembre no demuestra que todos los precios estén acelerándose, pero sí evidencia que el alivio de la inflación núcleo no alcanza para impedir que las tarifas y los componentes estacionales empujen el resultado hacia arriba.

El rubro vivienda merece una atención especial porque refleja una de las tensiones centrales del programa económico de Milei: la recomposición de los precios de los servicios públicos y su traslado a los presupuestos familiares. Cuando aumentan la electricidad, el gas, el alquiler, las expensas y otros gastos asociados al hogar, una porción mayor del ingreso debe destinarse a sostener condiciones básicas de vida. Ese dinero deja de estar disponible para comprar indumentaria, consumir en comercios, salir a comer o adquirir bienes durables. La consecuencia puede ser una reducción de la demanda interna, incluso cuando los precios continúan aumentando. El ajuste, así, no opera únicamente a través de las tarifas: también modifica las decisiones de consumo y las posibilidades materiales de las familias.

La inflación acumulada y el deterioro del poder adquisitivo

Hay otra cifra que merece atención: la canasta básica alimentaria aumentó un 40% interanual y la canasta básica total, un 38,7%, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el INDEC para septiembre. La primera permite estimar el costo de los alimentos necesarios para cubrir requerimientos nutricionales básicos; la segunda incorpora otros bienes y servicios esenciales y se utiliza para establecer la línea de pobreza. Ambas variaciones superan el 33,4% de inflación interanual del IPC general.

La diferencia importa porque el índice general es un promedio ponderado de numerosos bienes y servicios, pero los hogares no consumen todos esos componentes en la misma proporción. Una familia de ingresos bajos destina una parte mucho mayor de sus recursos a alimentos, transporte, vivienda y servicios básicos que un hogar de ingresos altos. Por eso, una inflación promedio del 1,9% mensual no necesariamente describe con precisión la experiencia cotidiana de quienes deben elegir entre cubrir la comida, pagar las facturas o afrontar el alquiler. La distribución del gasto determina cuánto pesa cada aumento y qué posibilidades reales quedan para compensarlo.

Además, una inflación mensual relativamente baja no significa que los precios hayan regresado a niveles anteriores. Si un producto aumenta un 1,9% en un mes, su precio se suma al nivel que ya había alcanzado después de todos los incrementos previos. La desaceleración implica que el ritmo de encarecimiento es menor que en períodos de inflación más elevada; no supone una reducción generalizada de los precios. Para que los hogares recuperen capacidad de compra, los ingresos deben evolucionar favorablemente en términos reales, es decir, crecer por encima del costo de la canasta de consumo que efectivamente enfrentan.

En los primeros nueve meses de 2026, el IPC acumuló un incremento del 23,6%. Esa cifra es el resultado compuesto de las variaciones mensuales y no debe confundirse con una suma simple de porcentajes. Para dimensionar su impacto, alcanza con observar que los ingresos que no se actualizan al mismo ritmo pierden capacidad de compra durante el año. Jubilaciones, salarios, asignaciones y remuneraciones informales tienen mecanismos de actualización diferentes, por lo que el efecto de la inflación tampoco es idéntico para todos los sectores. Sin embargo, el problema común es evidente: cuando los precios aumentan y los ingresos quedan rezagados, el ajuste se traduce en una transferencia de capacidad de consumo desde los hogares hacia los gastos que deben afrontar.

La promesa de Milei frente a la economía real

El Gobierno puede señalar, con razón estadística, que el nivel actual de inflación mensual es muy inferior al que registró la Argentina durante los períodos de mayor descontrol de precios. Pero esa comparación no alcanza para dar por cumplido el programa económico. La pregunta no es solamente cuánto bajó la inflación respecto de los peores momentos, sino por qué, después del ajuste aplicado, todavía no logra estabilizarse de manera sostenida en niveles compatibles con la promesa presidencial de inflación cero.

La estrategia oficial apuesta a la disciplina fiscal, la restricción monetaria y cambiaria y la contención de la demanda para moderar los precios. Sin embargo, la dinámica inflacionaria también depende de la estructura productiva, la evolución del tipo de cambio, los costos de las empresas, las tarifas, las expectativas y la capacidad de los distintos sectores para trasladar aumentos. Reducir el déficit público o limitar la emisión monetaria puede contribuir a disminuir determinadas presiones, pero no garantiza por sí solo que todos los componentes del IPC converjan rápidamente hacia cero. La persistencia de los aumentos regulados y estacionales demuestra que el proceso tiene más de una dimensión.

El problema político y económico aparece cuando la desaceleración de la inflación se presenta como una medida suficiente del éxito del programa, sin incorporar el costo social que implica alcanzarla ni la evolución de la actividad y el empleo. El propio INDEC informó que la tasa de desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y que el estimador mensual de actividad económica registró una caída interanual del 2,9% en julio. Son indicadores correspondientes a períodos distintos del IPC de septiembre, pero aportan contexto para evaluar el funcionamiento general de la economía: los precios no pueden analizarse aislados del empleo, la producción y los ingresos.

Una economía puede atravesar una desaceleración inflacionaria mientras acumula dificultades en el mercado laboral y en el consumo. Si la demanda se debilita porque las familias pierden ingresos reales, algunas empresas pueden encontrar más dificultades para aumentar sus ventas y trasladar costos. Ese mecanismo puede contribuir a moderar determinados precios, pero también perjudicar la producción y el empleo. No toda reducción de la inflación tiene la misma calidad económica: no es equivalente conseguir estabilidad mediante una expansión de la productividad y una mejora de la oferta que hacerlo en un contexto de contracción del consumo y pérdida de actividad.

El desafío para la administración libertaria consiste, por lo tanto, en demostrar que puede pasar de una inflación mensual cercana al 2% a una trayectoria descendente persistente sin profundizar el deterioro de los ingresos ni debilitar todavía más el entramado productivo. Los datos de septiembre no permiten concluir que ese objetivo sea imposible, pero tampoco autorizan a presentarlo como un resultado conseguido. El índice general subió respecto de agosto, los precios regulados avanzaron por encima de la inflación núcleo y el encarecimiento interanual de las canastas básicas continúa siendo elevado.

La inflación no se termina con un anuncio presidencial, una proyección optimista ni una comparación favorable con el pasado. Se termina cuando los precios dejan de aumentar de manera persistente y los ingresos recuperan capacidad de compra. Mientras ese resultado no llegue, el 1,9% mensual seguirá siendo un dato que debe analizarse junto con el 23,6% acumulado, el 33,4% interanual y el costo creciente de las necesidades básicas.

Milei prometió empezar con cero. Septiembre volvió a mostrar que ese horizonte está lejos. Y detrás de cada décima del IPC hay una discusión que el discurso oficial no puede resolver con consignas: quién paga el costo del programa económico, qué sectores consiguen sostener sus ingresos y cuánto tiempo más puede una sociedad soportar que el alivio estadístico no se traduzca en una mejora concreta de sus condiciones de vida.