El oficialismo consiguió bloquear el debate sobre la derogación del DNU 70/2023 gracias a las ausencias de diputados vinculados a gobernadores que negocian con la Casa Rosada. La sesión reunió apenas 121 legisladores, ocho menos de los 129 necesarios para abrir el recinto. Entre los ausentes hubo representantes ligados a Maximiliano Pullaro, Osvaldo Jaldo, Carlos Sadir y Gustavo Sáenz, entre otros. El resultado dejó en evidencia los límites de una oposición que denuncia el ajuste, pero no siempre consigue —o no siempre quiere— convertir sus discursos en votos.
Por Roque Pérez para NLI
Hay traiciones que se consuman con un voto negativo y otras que se ejecutan de una manera mucho más cómoda: dejando vacía la banca. Este jueves 15 de octubre, la Cámara de Diputados volvió a mostrar cómo funciona la política de los acuerdos entre bambalinas cuando el gobierno de Javier Milei necesita evitar una derrota parlamentaria. La oposición no consiguió reunir el quórum para debatir la derogación del DNU 70/2023, el megadecreto que desde el comienzo de la gestión libertaria modificó las reglas económicas, derogó leyes y avanzó sobre derechos y regulaciones que protegían a distintos sectores de la sociedad. El oficialismo consiguió su objetivo sin tener que defender cada una de esas reformas en una votación: alcanzó con que faltaran diputados.
El número fue contundente. Se sentaron 121 legisladores, cuando hacen falta 129 para habilitar una sesión. La diferencia no fue un detalle administrativo ni una anécdota del reglamento: significó que el Congreso no pudo siquiera comenzar a discutir la derogación de una de las principales herramientas legislativas del programa de Milei. Según la reconstrucción publicada por Infobae, las ausencias de diputados vinculados a gobernadores que mantienen canales de negociación con el Poder Ejecutivo resultaron determinantes para frustrar la convocatoria.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central para la democracia argentina: ¿qué representa un legislador que llegó al Congreso con el respaldo de un electorado que esperaba oposición al ajuste, pero que, cuando llega el momento decisivo, contribuye con su ausencia a que el Gobierno conserve intactas sus herramientas de desregulación? La respuesta política no puede esconderse detrás de tecnicismos. Quien ocupa una banca tiene la responsabilidad de explicar qué hace con ella, especialmente cuando están en juego normas que afectan la vida económica, el acceso a derechos y la soberanía nacional.
Los gobernadores aliados y las ausencias que salvaron al Gobierno
La lista de ausentes revela el peso de los acuerdos provinciales en el funcionamiento del Congreso. Entre los nombres señalados por las coberturas periodísticas aparecen Gisela Scaglia y José Núñez, vinculados al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro; Alejandra Torres, de Córdoba; Yolanda Vega, cercana al salteño Gustavo Sáenz; Daniel Vancsik, de Misiones; y Jorge “Loma” Ávila, ligado al mandatario chubutense Ignacio Torres. También se ausentaron los tres integrantes del bloque Independencia, referenciado en el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, y los jujeños Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados al gobernador Carlos Sadir. El caso de Zigarán llamó particularmente la atención porque había firmado la convocatoria a la sesión y finalmente no se presentó. Además, otras ausencias, incluidas las de legisladores vinculados a Gustavo Melella y al santiagueño Elías Suárez, contribuyeron a complicar el número opositor.
No se trata de afirmar que cada ausencia respondió a una orden directa de la Casa Rosada: para establecerlo hacen falta pruebas. Pero sí puede señalarse el resultado político concreto. Los votos que la oposición necesitaba no estuvieron y el Gobierno consiguió evitar una discusión que amenazaba con poner en cuestión el corazón de su programa de desregulación. Las negociaciones con los gobernadores, las concesiones legislativas y las promesas de inversiones o de atención a demandas provinciales forman parte de una trama que merece ser examinada con nombres, compromisos y resultados verificables.
El problema de fondo es que la gobernabilidad no puede convertirse en una coartada para vaciar de contenido la representación popular. Los gobernadores tienen la obligación de defender los intereses de sus provincias, negociar recursos y buscar soluciones para sus comunidades. Pero esa responsabilidad no desaparece cuando sus legisladores contribuyen a bloquear el debate sobre decisiones nacionales que afectan a millones de argentinos. Si el acuerdo con Milei supone resignar posiciones que se prometieron defender durante una campaña electoral, corresponde que lo expliquen públicamente.
El DNU 70: mucho más que un decreto
La sesión frustrada tenía una importancia que excedía la pulseada entre oficialismo y oposición. El DNU 70/2023 fue una de las primeras grandes decisiones del Gobierno libertario y modificó un amplio conjunto de normas económicas. Entre otras medidas, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas y Alquileres, eliminó la ley de Compre Nacional y avanzó sobre regulaciones en distintos mercados. Su alcance explica por qué una eventual derogación total abre discusiones jurídicas, económicas y administrativas que no pueden resolverse con consignas.
El oficialismo sostiene que el decreto fue una herramienta necesaria para desregular la economía, eliminar trabas y promover la actividad privada. Sus críticos cuestionan la amplitud de los cambios, el procedimiento elegido para impulsarlos y las consecuencias que pueden tener sobre los consumidores, los inquilinos, la producción nacional y la capacidad regulatoria del Estado. La discusión parlamentaria era precisamente el ámbito para confrontar esas posiciones, examinar sus efectos y definir qué normas deben continuar vigentes.
Entre los motivos que reactivaron la ofensiva opositora estuvo la controversia por la Ley de Tierras. El DNU había derogado esa normativa, que establecía límites a la propiedad rural extranjera. La discusión judicial sobre su vigencia y la reacción política frente a la posibilidad de flexibilizar esas restricciones devolvieron al centro de la agenda una cuestión estratégica: quién puede adquirir tierras argentinas y bajo qué condiciones. Posteriormente, una medida cautelar restituyó temporalmente la vigencia de la ley, mientras el oficialismo negoció incorporar límites a la extranjerización en su propio proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La paradoja política es evidente: el Gobierno terminó aceptando discutir restricciones a la extranjerización que antes había eliminado mediante el megadecreto, al mismo tiempo que utilizó negociaciones con bloques aliados para preservar el resto de la norma. Esa concesión parcial modificó el escenario parlamentario y debilitó la capacidad de la oposición para reunir apoyos. Pero también demuestra que las decisiones del Ejecutivo no son inamovibles: cuando encuentra resistencia política y social, puede verse obligado a revisar sus posiciones.
A la discusión sobre el DNU se sumaban otros dos asuntos: la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados al endeudamiento y la mora. De ese modo, el fracaso de la sesión dejó sin debate una agenda que no se limitaba a una controversia jurídica. También estaban en juego demandas de sectores que reclaman respuestas concretas ante dificultades económicas y sociales.
Las promesas de Milei y la política de las concesiones
El oficialismo llegó a la jornada después de desplegar negociaciones para evitar el quórum. Según las crónicas periodísticas, entre los movimientos que contribuyeron a cambiar el panorama figuraron las concesiones sobre tierras y discapacidad, además de compromisos de inversiones ferroviarias en el norte. Cada uno de esos acuerdos debe analizarse por separado: una promesa de inversión no equivale a una obra ejecutada, una conversación política no garantiza recursos y un anuncio no sustituye una partida presupuestaria ni un cronograma verificable.
Ese es el punto que los representantes provinciales deberían explicar a sus votantes. ¿Qué obtuvieron concretamente a cambio de no participar de una sesión que buscaba cuestionar el megadecreto? ¿Existen compromisos escritos, partidas asignadas y plazos de ejecución? ¿Qué garantías tienen las provincias de que las promesas se cumplirán? ¿Y qué posición sostendrán esos mismos legisladores si las concesiones anunciadas no se materializan?
No hay nada ilegítimo en negociar. El Congreso es, por definición, un espacio de acuerdos y desacuerdos. Lo que merece cuestionamiento es que los compromisos políticos se traduzcan en ausencias decisivas sin una explicación pública suficiente, especialmente cuando el resultado es impedir que el cuerpo legislativo debata una norma de semejante alcance.
Los gobernadores no son espectadores de la política nacional. Sus decisiones, sus bloques parlamentarios y sus acuerdos con la Casa Rosada tienen consecuencias concretas. Si deciden acompañar al Gobierno, deben asumir esa posición de frente y explicar por qué consideran conveniente sostener el DNU. Si se presentan como opositores, deben responder por la distancia entre sus declaraciones y el comportamiento de sus representantes. Lo que no puede aceptarse como una práctica normal es reclamar recursos en público y facilitar en silencio que el Ejecutivo conserve las herramientas que se prometió revisar.
La oposición también debe rendir cuentas
El fracaso de este jueves expone, además, una dificultad de los bloques opositores: construir mayorías no consiste solamente en convocar sesiones y denunciar las políticas del Gobierno. Hace falta una estrategia legislativa consistente, acuerdos transparentes y una evaluación realista de los votos disponibles. La oposición tenía razones para impulsar el debate, pero no consiguió asegurar la presencia de los legisladores necesarios para abrirlo.
El interrogante también alcanza a quienes firmaron la convocatoria y luego no estuvieron, así como a los bloques que no lograron garantizar la participación de sus integrantes. La responsabilidad política no se agota en señalar a los aliados de Milei. También exige explicar por qué una iniciativa presentada como prioritaria terminó sin siquiera comenzar el tratamiento parlamentario.
La ciudadanía tiene derecho a conocer las razones de cada ausencia y de cada decisión. Los registros de asistencia, las declaraciones de los diputados, los acuerdos anunciados y los compromisos asumidos permiten reconstruir qué ocurrió sin recurrir a especulaciones sobre motivaciones personales. Esa información es indispensable para distinguir entre una diferencia política legítima, una negociación explícita y un incumplimiento de compromisos asumidos ante los votantes.
La banca parlamentaria no pertenece al gobernador que negocia ni al Gobierno que presiona: pertenece a la representación que surge del voto popular. Por eso, los diputados deben explicar sus decisiones y asumir sus consecuencias, tanto cuando acompañan una medida como cuando impiden que sea debatida.
La jornada dejó una victoria parlamentaria para Milei sin que el oficialismo necesitara demostrar que dispone de una mayoría propia para defender el DNU en el recinto. El Gobierno aprovechó las divisiones opositoras y las ausencias de legisladores vinculados a mandatarios provinciales para bloquear la sesión. La discusión sobre la conveniencia de derogar íntegramente el decreto sigue abierta, pero el resultado de este jueves es inequívoco: la Cámara no pudo debatirlo.
La política argentina vuelve a enfrentar una vieja contradicción: dirigentes que denuncian el rumbo nacional mientras negocian con el poder que dicen cuestionar. Cuando esas negociaciones terminan impidiendo el tratamiento de asuntos centrales, la explicación no puede limitarse a hablar de pragmatismo o responsabilidad institucional. Hay que mostrar qué se negoció, qué se obtuvo y quién terminó pagando el costo.
En una democracia representativa, el desacuerdo es legítimo y los acuerdos también. Lo que no puede naturalizarse es que las promesas electorales desaparezcan detrás de operaciones parlamentarias cuyo resultado beneficia al Gobierno sin que los responsables den explicaciones suficientes. Los ciudadanos votan representantes para que actúen, debatan y rindan cuentas, no para que su ausencia decida por ellos.
La sesión se cayó por falta de quórum. La responsabilidad política, en cambio, no desaparece con las bancas vacías.
La incapacidad de la oposición para reunir los 129 diputados necesarios dejó al DNU 70/2023 fuera del debate y permitió al Gobierno conservar, por ahora, una de sus principales herramientas de desregulación. Los nombres de los ausentes, los acuerdos con los gobernadores y las concesiones anunciadas deben quedar bajo escrutinio público. Porque cuando la política se negocia a espaldas de quienes votaron, la primera obligación es recuperar la transparencia y exigir explicaciones.
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