El Gobierno nacional eliminó el listado de medicamentos esenciales que sostenía una política sanitaria de más de dos décadas y lo reemplazó por seis principios activos destinados a enfermedades cardiovasculares. Antibióticos, medicamentos para la diabetes, el hipotiroidismo, el asma y otras patologías quedaron afuera del nuevo esquema de provisión nacional. Con un presupuesto que cayó 72% en términos reales desde 2023 y millones de tratamientos menos, el ajuste sanitario vuelve a trasladar el costo de la crisis a quienes dependen exclusivamente de la salud pública.
Por Tomás Palazzo para NLI
El gobierno de Milei avanzó sobre una de las políticas públicas de acceso a medicamentos más importantes de la Argentina. El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, derogó el listado de medicamentos esenciales que regía desde 2021 para el primer nivel de atención y lo reemplazó por una nómina de apenas seis principios activos, concentrados en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. La decisión, oficializada mediante la Resolución 1447/2026 y publicada en el Boletín Oficial, representa un cambio drástico en el esquema de provisión nacional que durante más de dos décadas permitió que millones de personas accedieran gratuitamente a tratamientos básicos en los centros de salud.
El Gobierno presenta la modificación como una actualización de las prioridades sanitarias. En la práctica, el alcance nacional de la política quedó reducido a un conjunto acotado de medicamentos, mientras que la provisión de numerosos tratamientos esenciales pasa a depender de la capacidad presupuestaria y las decisiones de cada provincia. El resultado es un sistema más fragmentado, en el que el lugar de residencia y los recursos disponibles de cada jurisdicción pueden determinar si una persona consigue o no el medicamento que necesita.
La diferencia no es menor. Para una familia que cuenta con obra social o cobertura privada, la falta de un medicamento en un centro de salud puede representar un gasto adicional. Para quien depende exclusivamente del hospital público, cobra una jubilación mínima, trabaja en la informalidad o no tiene ingresos suficientes para comprar remedios, esa ausencia puede significar la interrupción de un tratamiento. El ajuste que se presenta como una reorganización administrativa termina impactando directamente sobre el acceso a la salud.
De 128 medicamentos a seis: qué queda afuera
La nueva lista nacional comprende seis principios activos: ácido acetilsalicílico —aspirina—, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Son medicamentos utilizados en la prevención de eventos cardiovasculares, el control de la presión arterial y el tratamiento de niveles elevados de colesterol. Las enfermedades cardiovasculares constituyen un problema sanitario de enorme magnitud y su prevención requiere políticas sostenidas. La discusión, por lo tanto, no consiste en cuestionar la importancia de estos tratamientos, sino en entender por qué su priorización se realiza a costa de desarticular una cobertura más amplia de medicamentos esenciales.
Entre los fármacos que ya no integran el nuevo listado se encuentran la amoxicilina, un antibiótico utilizado para tratar determinadas infecciones bacterianas; la metformina, empleada en el tratamiento de la diabetes tipo 2; la levotiroxina, fundamental para numerosas personas con hipotiroidismo; y el salbutamol, utilizado para aliviar el broncoespasmo en enfermedades respiratorias como el asma. También quedaron afuera medicamentos como la loratadina, indicada para síntomas alérgicos, el fluconazol, utilizado contra determinadas infecciones por hongos, y ciertos anticonceptivos.
La consecuencia es concreta: la provisión nacional deja de contemplar una diversidad de tratamientos que respondían a problemas frecuentes de la atención primaria. Niños con infecciones, personas con enfermedades crónicas, pacientes con afecciones respiratorias y mujeres que necesitan determinados medicamentos deberán recurrir a otras vías de provisión. Que esos fármacos puedan seguir consiguiéndose en el sistema sanitario no significa que el Estado nacional continúe garantizando su entrega gratuita a través del mismo mecanismo.
La resolución deroga la norma de 2021 que establecía el listado anterior y convierte la nueva nómina en un instrumento orientativo y de referencia para las adquisiciones centralizadas, la planificación logística y la distribución. Esto significa que el esquema nacional deja de funcionar como antes: las provincias conservan sus responsabilidades sanitarias y pueden establecer sus propias compras y políticas de provisión, pero deberán hacerlo con recursos y capacidades que no son iguales en todo el territorio.
La diferencia entre las jurisdicciones es decisiva. Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe cuentan con estructuras económicas y sanitarias distintas de las de provincias con menor capacidad fiscal. Si Nación reduce su intervención, no todas podrán reemplazar con la misma rapidez ni en la misma cantidad los medicamentos que dejan de recibir. El resultado amenaza con profundizar desigualdades que una política federal de medicamentos debía contribuir a reducir.
Un recorte que comenzó mucho antes de la resolución
El desmantelamiento del esquema anterior no empezó el día de la publicación de la nueva norma. Durante la gestión de Milei, el programa ya había sufrido una fuerte reducción presupuestaria y una caída de las entregas. Según datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación analizados por Chequeado, el presupuesto de Remediar cayó 72% en términos reales entre 2023 y 2026. Es decir, descontado el efecto de la inflación, los recursos asignados al programa se redujeron de manera drástica.
La cantidad de tratamientos dispensados también retrocedió. De acuerdo con el Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS), del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, las entregas pasaron de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025. La caída fue del 62% entre esos años. El dato permite dimensionar que la nueva resolución no inaugura el deterioro: consolida una tendencia de reducción que ya venía afectando la cobertura.
El mismo relevamiento advirtió que la cantidad de botiquines distribuidos por habitante cayó y que, de los aproximadamente 8.100 centros que recibían esos insumos, solo unos 800 continuarían recibiéndolos en la etapa final del esquema anunciado para 2026. La reducción de las entregas y los cambios logísticos condicionan la capacidad de respuesta de los centros de atención primaria, que constituyen la puerta de entrada al sistema público para buena parte de la población.
El Plan Remediar había sido creado en 2002, en plena crisis económica y social, con un objetivo sencillo y fundamental: garantizar medicamentos esenciales a quienes no podían pagarlos. A través de compras centralizadas y la distribución de botiquines, el programa permitía acercar tratamientos a centros de salud de todo el país. Su continuidad durante distintos gobiernos había consolidado una herramienta sanitaria que no dependía exclusivamente de la capacidad económica de cada provincia.
La compra centralizada también permitía reunir demanda, organizar la distribución y negociar precios a escala. Cuando esa estructura se debilita, las jurisdicciones pueden verse obligadas a adquirir por separado medicamentos que antes formaban parte de una política nacional. El impacto no se limita al presupuesto: también compromete la planificación, la logística y la continuidad de los tratamientos.
El costo del ajuste lo pagan los pacientes
El Ministerio de Salud justifica la modificación en la necesidad de adecuar la política de medicamentos a las prioridades epidemiológicas y fortalecer la prevención de enfermedades vasculares. La resolución invoca criterios técnicos, evidencia científica y el objetivo de mejorar la detección y el tratamiento de factores de riesgo. Sin embargo, esos argumentos no responden por sí solos a una pregunta central: por qué fortalecer la atención cardiovascular debe implicar reducir de manera tan drástica la provisión nacional de medicamentos para otras patologías frecuentes.
Una política sanitaria integral no consiste en elegir entre tratar enfermedades cardiovasculares o garantizar antibióticos, medicamentos para la diabetes y tratamientos respiratorios. La atención primaria necesita cubrir un conjunto de problemas que aparecen todos los días en los consultorios y que, si no reciben respuesta oportuna, pueden agravarse y terminar demandando intervenciones más complejas y costosas.
El problema se vuelve todavía más serio cuando se considera a las personas con enfermedades crónicas. La diabetes y el hipotiroidismo requieren seguimiento y tratamientos sostenidos. Las afecciones respiratorias pueden necesitar medicamentos para controlar síntomas y prevenir complicaciones. Las infecciones bacterianas, por su parte, requieren evaluación médica y, cuando corresponde, antibióticos adecuados. La ausencia de un medicamento en el botiquín no significa que todas esas personas quedarán automáticamente sin tratamiento, pero sí elimina una vía nacional de acceso gratuito y aumenta la presión sobre los sistemas provinciales y los bolsillos familiares.
Las consecuencias tampoco se distribuyen de manera equitativa. Los hogares con ingresos suficientes pueden intentar comprar los remedios en farmacias. Quienes viven al día deben elegir entre gastos básicos. Para una persona mayor que necesita varios medicamentos mensuales, para una familia con chicos o para un paciente sin cobertura médica, el gasto acumulado puede volverse imposible de afrontar.
En este escenario, el discurso de la eficiencia fiscal queda enfrentado con una realidad concreta: reducir el gasto nacional no elimina la necesidad de los medicamentos. La desplaza. Si las provincias deben cubrir el faltante, el costo reaparece en sus presupuestos; si no pueden hacerlo, la carga recae sobre los pacientes y sus familias. El ahorro de una jurisdicción puede convertirse en un gasto mayor para otra o en una pérdida de acceso para la población.
La política sanitaria también tiene una dimensión federal que no puede ignorarse. El Estado nacional no reemplaza todas las funciones de las provincias, pero una política de provisión centralizada podía compensar parte de las desigualdades de recursos entre ellas. Al reducir su alcance, el Gobierno deja que la capacidad fiscal local tenga un peso mayor sobre la disponibilidad de medicamentos esenciales.
La Argentina ya conoce las consecuencias sociales de convertir derechos básicos en prestaciones condicionadas por la capacidad de pago. El acceso a un tratamiento no debería depender de si una familia puede afrontar el precio de un medicamento ni de si la provincia en la que vive dispone de recursos suficientes para suplir lo que Nación deja de distribuir.
El Plan Remediar nació como respuesta a una crisis y sobrevivió a distintas administraciones porque atendía una necesidad concreta. Hoy, la reducción presupuestaria, la caída de las entregas y la eliminación del listado amplio de medicamentos configuran un retroceso profundo de aquella política. El Gobierno puede denominarlo relanzamiento, actualización o reorganización; para los centros de salud que reciben menos insumos y para los pacientes que deben buscar por otra vía sus tratamientos, lo decisivo es qué medicamentos llegan efectivamente y quién se hace cargo de garantizar su acceso.
Milei no eliminó la necesidad de medicamentos: redujo la respuesta nacional para atenderla. La pregunta que queda planteada es quién cubrirá lo que falta, con qué recursos y qué ocurrirá con quienes no puedan pagar. En un país donde millones de personas dependen del sistema público, la respuesta no puede quedar librada a la suerte de cada provincia ni a la capacidad económica de cada familia.
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