“Pizzería Los Pulpos”: el negocio narco detrás del triple femicidio de Florencio Varela y una red criminal que todavía tiene demasiadas preguntas sin responder

Una cuenta comercial de WhatsApp, publicaciones de cocaína disfrazadas de ofertas de pizza y transferencias de dinero dejaron al descubierto parte del entramado económico de la organización vinculada al asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. La investigación ya registra 17 detenidos y cinco prófugos, pero una pregunta central sigue abierta: ¿cómo se conectaban las distintas estructuras narco que operaban entre el Bajo Flores, Florencio Varela y Perú?

Por Luis Bulnes Valdez para NLI

Mujer de pie contra una pared, con sudadera gris y pantalones marrones; sus ojos están censurados.
Celeste Guerrero: detenida, delatora y operadora de «Pizzería Los Pulpos»

El triple femicidio narco de Florencio Varela continúa revelando una trama criminal mucho más extensa que la que inicialmente apareció detrás de los asesinatos. A más de un año de los hechos, la investigación incorporó nuevas pruebas que permiten reconstruir parte del funcionamiento comercial de la organización: una cuenta empresarial de WhatsApp llamada “Pizzería Los Pulpos”, utilizada para ofrecer cocaína, mantener contacto con compradores y coordinar operaciones económicas. Detrás de una fachada aparentemente inocente se escondía uno de los circuitos de comercialización de drogas vinculados a la estructura investigada por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

La información, revelada por Infobae a partir de documentación judicial y peritajes telefónicos, vuelve a poner en evidencia que el crimen no puede comprenderse como un episodio aislado de violencia. Los investigadores siguen reconstruyendo una organización con ramificaciones territoriales, conexiones internacionales y diferentes niveles de participación. En ese esquema, el negocio de la droga aparece como el hilo conductor de una estructura que operaba mucho antes de que las tres jóvenes fueran asesinadas.

Una pizzería que vendía cocaína

Las pruebas surgieron del análisis forense de un teléfono Redmi perteneciente a Celeste Guerrero, una de las detenidas que aportó información sobre el funcionamiento de la organización. Allí se encontraron capturas de pantalla de publicaciones realizadas por una cuenta empresarial de WhatsApp identificada como “Pizzería Los Pulpos”.

El mecanismo era sencillo: la palabra pizza funcionaba como código para referirse a los estupefacientes. Los estados de la cuenta exhibían fotografías de cocaína y mensajes destinados a mantener activa la clientela. Entre las expresiones registradas aparecen frases como “Seguimos activos” y “más tarde no hay”. En una de las imágenes se observaban dos kilos de cocaína con la característica marca del delfín.

La investigación también encontró conversaciones directas con compradores. En julio de 2025, Guerrero le habría ofrecido a un contacto identificado como Nicolás diez gramos de droga por diez mil pesos. El intercambio constituye una evidencia de la modalidad de comercialización que utilizaba la organización y permite observar cómo se articulaba la venta minorista con otros movimientos de dinero.

El dato adquiere especial relevancia porque la actividad de esa cuenta no terminó con los asesinatos ni comenzó después de ellos. Según la documentación citada en la investigación periodística, el circuito comercial seguía funcionando durante los días previos al triple crimen.

Una transferencia fechada el 14 de septiembre de 2025, apenas días antes de los asesinatos, aparece vinculada a la cuenta y tiene como destinatario a Matías Ozorio, señalado como colaborador de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”. Ozorio compartió posteriormente su fuga hacia Perú.

El nombre elegido para la operación tampoco sería casual. La denominación Los Pulpos remite a la organización criminal de Trujillo, Perú, de donde provienen varios de los acusados y que constituye una referencia central para comprender las conexiones internacionales que intenta reconstruir la Justicia.

Roger Macalopu y el video que abrió otra investigación

Pero las novedades más inquietantes no terminan en la comercialización de estupefacientes. El expediente también incorporó elementos que conectan el negocio narco con la violencia extrema ejercida contra las víctimas, particularmente contra Lara Gutiérrez, de apenas 15 años.

El video de las torturas, recuperado del teléfono de Daniel Tello Chacón, colaborador de la estructura atribuida a Pablo Daniel Macalopu Cafferata, alias Roger, permitió avanzar sobre la identificación de otros integrantes y sobre el papel que habrían desempeñado durante el cautiverio de la adolescente.

En las imágenes, Lara aparece sometida a una brutal agresión mientras sus captores la interrogan y le amputan un dedo. La filmación también muestra a un hombre identificado por los investigadores como Roger, quien habría dirigido parte de la secuencia. La documentación judicial incorporó el registro como elemento probatorio para evaluar su posición dentro de la organización criminal.

Otro de los nombres que aparece en esta trama es José Miguel Lozano Cerrón, señalado como el hombre que habría ejecutado la amputación. Se encuentra prófugo y habría mantenido una relación estrecha con Macalopu. Ambos compartieron un viaje a Colombia entre el 14 y el 18 de julio de 2026, un dato que también forma parte de la reconstrucción de sus vínculos.

Macalopu fue procesado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado en una investigación paralela por narcotráfico. En esa causa, las autoridades secuestraron 207 kilos de cocaína en una vivienda de La Reja, partido de Moreno, donde también fue detenido Tello Chacón.

La aparición del video en el teléfono de este último permitió conectar la investigación por narcotráfico con la causa que intenta esclarecer el triple femicidio. Sin embargo, todavía quedan interrogantes sobre la totalidad de los participantes y la relación entre los distintos grupos que aparecen en los expedientes.

Una red que atraviesa fronteras

La dimensión internacional del caso volvió a quedar expuesta con la detención en Lima, Perú, de Abel Taya Humpire, señalado como custodio de Luis Valverde, alias Papá, otro de los presuntos referentes de la organización. Taya fue localizado con documentación falsa después de una investigación que involucró una pista de Interpol y la colaboración de las autoridades policiales.

Los investigadores también encontraron conexiones entre Taya, Celeste Guerrero y otros imputados de la primera etapa de la causa. Los registros migratorios aportaron otro elemento: Taya y Valverde habían declarado el mismo domicilio en Argentina, una propiedad ubicada en José C. Paz que habría funcionado como lugar de resguardo.

Los movimientos de dinero, las comunicaciones telefónicas y los vínculos personales permiten reconstruir una red que conecta el Bajo Flores con Florencio Varela y José C. Paz, además de ramificaciones en Perú y otros países de la región.

La causa principal, a cargo del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, con el juez Jorge Rodríguez y la intervención de la fiscal Mariela Labozzetta, acumula más de 11.000 fojas. Según el último relevamiento publicado, hay 17 detenidos y cinco prófugos.

Sin embargo, la cantidad de imputados y el volumen de documentación no significan que toda la estructura esté esclarecida. Uno de los interrogantes fundamentales sigue siendo la relación entre la organización vinculada a Macalopu y la banda que operaba desde el Bajo Flores.

Las 99 páginas del procesamiento dictado contra Roger y otros integrantes de su estructura no establecen de manera concluyente el vínculo orgánico con la organización investigada por el triple femicidio. Los investigadores sostienen que existían contactos y negocios compartidos, pero todavía deben determinar cómo se distribuían las responsabilidades y qué lugar ocupaba cada grupo dentro de la cadena de comercialización.

El misterio del video y las responsabilidades pendientes

A la investigación por los asesinatos se sumó ahora otra causa judicial: determinar cómo llegó a los medios de comunicación el video de las torturas. El juez Jorge Rodríguez dispuso que se investigue la filtración de las imágenes, que debían permanecer reservadas para las partes del expediente.

La difusión de ese material generó una nueva controversia alrededor de un caso atravesado por la violencia extrema y la revictimización de las familias. La Fiscalía Federal N.º 2 de Morón había exhortado a los medios y profesionales de la comunicación a no reproducir las imágenes, tanto por el respeto a las víctimas como por la necesidad de preservar una investigación que continúa en trámite.

El problema judicial no es menor: una cosa es utilizar una prueba audiovisual para establecer responsabilidades penales y otra muy distinta es que ese material reservado circule públicamente sin control. La investigación deberá determinar quién tuvo acceso al registro y quién permitió su difusión.

El caso de Florencio Varela muestra, una vez más, que el narcotráfico no funciona solamente a través de vendedores callejeros o episodios aislados de violencia. Detrás aparecen circuitos comerciales, operadores financieros, contactos internacionales, estructuras territoriales y mecanismos de coordinación que permiten sostener el negocio.

La “Pizzería Los Pulpos” es una muestra concreta de esa maquinaria: una cuenta empresarial, clientes, transferencias y publicaciones que escondían la venta de cocaína. Pero el interrogante más importante permanece abierto: quiénes integraban realmente la conducción de la red, cómo se conectaban sus diferentes estructuras y hasta dónde llegaban sus responsabilidades en los crímenes.

Mientras esas preguntas sigan sin respuestas judiciales definitivas, las 17 detenciones y los cinco prófugos serán apenas una parte de una historia criminal que todavía está lejos de quedar completamente esclarecida.


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