La cadena mayorista Caromar cerró de forma abrupta sus sucursales de San Justo, Rosario, Burzaco, José C. Paz y Mar del Plata, dejando a decenas de trabajadores y trabajadoras en la calle sin previo aviso. Los gremios de Comercio y Camioneros ya denunciaron que la empresa intenta aprovechar el contexto de flexibilización laboral impulsado por Milei para pagar solo la mitad de las indemnizaciones.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Un amanecer con las puertas cerradas
La postal se repitió en varias ciudades del país y retrata mejor que cualquier discurso la realidad brutal que deja el experimento libertario: trabajadores llegando a su puesto de trabajo y encontrándose con las persianas bajas. Nada de aviso previo, ninguna notificación, ni una palabra de parte de la firma. Así se encontraron los 63 empleados de la sucursal San Justo de Caromar cuando, a primera hora de esta mañana, directamente les prohibieron el ingreso.
El SEOCA Zona Oeste confirmó que dentro del establecimiento se desempeñaban 43 empleados afiliados a Comercio y 20 a Camioneros, todos con años de trayectoria. La escena se replicó en segundos: mientras se organizaban los primeros reclamos, empezaron a llegar noticias de que también habían caído las sucursales de Rosario, Burzaco y José C. Paz. La ola fue tan repentina como desprolija.
Los gremios ya contactaron al Ministerio de Trabajo bonaerense para exigir la apertura urgente de una mesa de negociación. Pero la incertidumbre reina: la empresa ni siquiera emitió un comunicado formal para explicar la decisión o aclarar si pagará las indemnizaciones.
Mar del Plata: 15 despidos y una maniobra para pagar el 50%
Mientras la noticia explotaba en el Conurbano, otro frente de conflicto estallaba en Mar del Plata, donde 15 empleados se encontraron con el mismo escenario. La sede del mayorista —hoy ubicada en la avenida Perón 1950, luego del histórico incendio de 2016— dejó de funcionar de un día para el otro.
La indignación se profundizó cuando el Sindicato de Empleados de Comercio confirmó que la empresa pretende pagar solo la mitad de las indemnizaciones, escudándose en el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita esa reducción en casos de “fuerza mayor”.
El SEC Zona Atlántica fue categórico: Caromar no se encuentra en una situación de crisis ni de cierre total, ya que mantiene operaciones en otras provincias y posee fábricas propias de detergentes, alcohol y productos químicos. Desde el gremio señalaron que la empresa intenta “usar falsas causales legales para perjudicar a trabajadores que sostuvieron el funcionamiento durante años” y que la supuesta “fuerza mayor” es una excusa que no resiste ningún análisis.
La maniobra fue rechazada de plano por los sindicatos. Reclaman el pago del 100% de las indemnizaciones, sin descuentos, sin trampas y sin aprovecharse del contexto de desregulación laboral que Milei viene empujando a fuerza de DNU.
Otro síntoma del país que Milei acelera: cierres, despidos y precarización
Los cierres de Caromar no son un hecho aislado ni un rayo en cielo sereno. Son parte de una tendencia que se profundizó desde que Milei desató un ajuste sin precedentes sobre salarios, importaciones, tarifas, consumo y actividad económica. La caída del poder adquisitivo y la recesión inducida por el Gobierno están dejando un tendal de empresas y trabajadores en el camino.
En este escenario, no sorprende que aparezcan “reestructuraciones” sorpresivas, cierres nocturnos, despidos masivos y maniobras para pagar menos indemnizaciones. Todo ocurre en el marco de un Gobierno que promueve abiertamente la desprotección laboral, desmantela organismos de control, frena inspecciones y habilita —de hecho o de derecho— prácticas empresarias que antes hubieran sido impensables.
La empresa mayorista, que supo expandirse por el país, hoy decide cerrar locales estratégicos sin explicación alguna y pretende, además, que los trabajadores paguen el costo. El resultado es el mismo de siempre: ganancias privadas, pérdidas socializadas.
Mientras tanto, los gremios ya anunciaron que acompañarán a los despedidos en todas las instancias administrativas y judiciales. La batalla recién empieza.
Porque cada cierre tiene nombre, rostro, historia, antigüedad, familia.
Y porque detrás del “modelo Milei” hay trabajadores reales que se quedan sin sustento de un día para el otro.
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