La PFA incautó más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado producido por HLB Pharma en un operativo que destapó una verdad tan incómoda como urgente: buena parte de la droga que hoy circula ilegalmente proviene de clínicas, hospitales y sanatorios. No hablamos de dealers, sino de un engranaje clandestino enquistado en el propio sistema de salud, responsable de desvíos, robos y reventa de anestésicos críticos vinculados incluso a las 173 muertes denunciadas.
Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable
Un operativo que reveló lo que todos sospechaban (pero nadie quería admitir)
La Policía Federal Argentina ejecutó más de 40 órdenes de presentación en droguerías, clínicas y sanatorios de CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe para recuperar los lotes contaminados de fentanilo producidos por HLB Pharma, la empresa investigada en la causa que instruye el juez Ernesto Kreplak. El resultado fue tan impactante como ilustrativo del problema: más de 82 mil ampollas decomisadas sólo en esta etapa.
La recuperación del material contaminado —vinculado a las 173 muertes denunciadas— confirmó una hipótesis que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) viene construyendo hace años: no todo el fentanilo ilegal entra “de afuera”. Una parte significativa se fuga del propio circuito hospitalario, donde debería existir el máximo control sanitario.
No se trata de consumidores ni de redes de microtráfico barrial. Se trata de profesionales, visitadores médicos, administrativos, médicos, farmacias hospitalarias y clínicas privadas que participan en una economía paralela de anestésicos críticos. Un verdadero agujero negro de fiscalización.
La trama: WhatsApp, encomiendas y clínicas privadas comprando anestésicos al precio del mercado negro
Las investigaciones de la PROCUNAR revelan una subcultura consolidada: robo de ampollas, desvío sistemático y reventa a precios muy inferiores a los oficiales. El circuito es simple y funcional: las transacciones se pactan por WhatsApp, los pagos se acuerdan en el día y los envíos se hacen por encomiendas interprovinciales, que cruzan el país en micros de larga distancia.
Las ampollas terminan en centros de estética, consultorios oftalmológicos y clínicas privadas donde el fentanilo, el propofol o el remifentanilo —sustancias de uso crítico que requieren trazabilidad total— se compran como si fuesen insumos de librería.
La causa más avanzada en este entramado es la que sigue la jueza federal María Verónica Skanata en Misiones. En agosto procesó a Gerónimo Enrique Laje, Juan Carlos Gibilisco, Martín Hernán Alarcón, Magdalena Elizabeth Núñez y Natalia Soledad Butera, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada al transporte agravado de estupefacientes.
Durante la investigación, los fiscales Martín Uriona y Silvana Gutiérrez accedieron a los chats de los involucrados. Allí encontraron el mensaje de un contacto identificado como “Fede”, enviado el 9 de marzo de 2023, ofreciendo 200 ampollas de fentanilo HLB Pharma. Esas unidades no pertenecían a los lotes contaminados: eran producción regular de 2021 y 2022, lo que demuestra que el desvío no fue un accidente, sino un método.
Los chats exhiben a Alarcón, visitador médico porteño, ofreciendo propofol, remifentanilo, morfina y otras sustancias. Su pareja, Butera, coordinaba precios y envíos. Núñez y Gibilisco manejaban el grueso del movimiento desde Posadas, y trabajaban con Gustavo Gallardo, odontólogo de Jujuy, que actuaba como intermediario.
La causa explotó en abril de 2023, cuando Gendarmería detectó 500 ampollas de fentanilo en un micro que circulaba por la ruta provincial 12. La encomienda había salido de Misiones y estaba dirigida a Alarcón. Luego se comprobó que parte del material provenía de las farmacias de los hospitales Ramón Madariaga y Nuestra Señora de Fátima, en Posadas.
“Diez millones de ampollas”: el faltante que desnuda el verdadero tamaño del problema
Mientras Misiones avanzaba con procesamientos, el juez Kreplak seguía otro frente igual de preocupante: el faltante de cinco kilos de citrato de fentanilo que HLB Pharma declaró como “destruido”. La cifra no es anecdótica: esos cinco kilos alcanzan para producir diez millones de ampollas.
Diez millones.
Kreplak duda del destino declarado y por eso mantiene abiertas nuevas líneas de investigación. El caso deja en evidencia que el problema no es un desvío aislado sino un sistema paralelo, sin controles, sin trazabilidad y sin auditorías reales.
Mientras tanto, en todo el país siguen circulando miles de ampollas sin origen verificable, con un mercado que opera desde dentro de las instituciones que deberían —justamente— proteger a la ciudadanía de este tipo de sustancias.
El fentanilo que mata no sólo entra del narcotráfico: también sale por la puerta de atrás del sistema de salud. Y eso, en la Argentina de Milei que desfinancia controles, es una bomba que ya empezó a explotar.
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