El juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, procesó al titular del frigorífico La Canaria S.A., de Roque Pérez, por el vertido sistemático de efluentes peligrosos al ecosistema del Río Salado, en una causa que expone años de infracciones ambientales, desidia empresarial y controles que recién ahora empiezan a dar resultados.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para Noticias La Insuperable
Un caso que nació con una denuncia y fotos que lo decían todo
La investigación arrancó luego de que la UFIMA —a cargo del fiscal federal Ramiro González— denunciara la existencia de descargas directas de residuos industriales en aguas que alimentan el sistema del Río Salado, a partir de imágenes difundidas por un medio periodístico. El expediente pasó del Juzgado Federal de Dolores al de Azul en noviembre de 2023, tras declararse la incompetencia en la primera jurisdicción.
Ya con la causa en Azul, señalan desde Fiscales, comenzaron las inspecciones: la Autoridad del Agua (ADA), el Ministerio de Ambiente bonaerense y el Departamento de Delitos Ambientales de la PFA detectaron al menos tres episodios de contaminación grave entre 2023 y 2025, todos con parámetros peligrosos muy por encima de los límites legales.
Qué encontraron los peritajes
Los informes técnicos citados en el procesamiento describen un cuadro reiterado y grave:
- DBO y DQO en niveles extremadamente altos,
- fósforo total y sólidos sedimentables fuera de norma,
- coliformes fecales en cantidades incompatibles con cualquier curso de agua sano.
Para el magistrado, esto no dejaba dudas: se trató de residuos peligrosos con aptitud real para dañar el ambiente y comprometer la salud pública.
La defensa que no convenció
El presidente del frigorífico no declaró; prefirió enviar un descargo escrito en el que aseguró que todo era “una irregularidad administrativa” y que la empresa había hecho mejoras. El juez Di Giulio consideró que ese argumento no alcanzaba ni mínimamente para contrarrestar la evidencia acumulada: informes oficiales, muestreos, allanamientos y mediciones repetidas que confirmaron la persistencia del daño ambiental.
Procesamiento, embargo millonario y un mensaje a las industrias
Con su resolución —fechada el 27 de octubre— el juez procesó al empresario sin prisión preventiva, pero ordenó un embargo por 10 millones de pesos para cubrir posibles multas y medidas de recomposición ambiental. También rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
El encuadre penal utilizado fue el artículo 55 de la Ley 24.051, que reprime con 3 a 10 años de prisión a quien contamine de manera peligrosa para la salud o el ambiente. Di Giulio sostuvo que la reiteración de los vertidos, su nivel de toxicidad y su destino final al Río Salado configuran, al menos en esta etapa, esa figura delictiva.
Un fallo que marca el rumbo de la política ambiental del MPF
Desde la Sede Fiscal Descentralizada de Azul subrayaron que se trata del primer procesamiento penal ambiental dictado en esa jurisdicción, un punto de inflexión que fortalece la política institucional del Ministerio Público Fiscal. Esa línea se profundizó desde la Declaración de Río sobre combate del crimen organizado, promoción de justicia y sustentabilidad socioambiental, firmada en octubre de 2024 por el procurador interino Eduardo Casal.
El fallo reafirma una premisa básica que muchas industrias parecen ignorar: no se trata de “detalles administrativos”, sino de delitos que ponen en riesgo recursos hídricos y salud pública, bienes protegidos por la Constitución.
¿Un antes y un después en Azul?
El caso La Canaria S.A. deja en claro que los tiempos de mirar para otro lado mientras las empresas contaminan ríos podrían estar cambiando. Falta camino, y mucho. Pero la Justicia federal de Azul acaba de dar una señal nítida: contaminar sale caro, y puede costar todavía más.
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