La subsecretaría de Derechos Humanos queda bajo control de defensores del Terrorismo de Estado

Cada vez más lejos de los Derechos Humanos.

Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación atraviesa una transformación profunda que enciende todas las alarmas. A menos de cincuenta años del golpe de Estado de 1976, el área encargada de sostener las políticas de memoria, verdad y justicia quedó en manos de funcionarios con un recorrido político e ideológico abiertamente alineado con sectores que defienden a las Fuerzas Armadas y relativizan los crímenes del terrorismo de Estado.

El cambio no es meramente administrativo: expresa una decisión política del Gobierno de vaciar de contenido uno de los pilares centrales de la democracia argentina.

UN FUNCIONARIO CON HISTORIAL NEGACIONISTA

El eje de esta reconfiguración es Bryan José Mayer, designado como jefe de gabinete del organismo. Mayer ya había ocupado cargos públicos anteriormente, pero debió dejar su función tras reivindicar públicamente el golpe de Estado de 1976 y cuestionar el consenso democrático construido alrededor de los juicios por delitos de lesa humanidad.

En sus intervenciones públicas, Mayer sostuvo posturas que equiparan a víctimas y victimarios, habló de “excesos” en lugar de crímenes sistemáticos y se manifestó a favor de una revisión de las condenas a represores. Esas expresiones generaron un fuerte repudio de organismos de derechos humanos y derivaron en su salida de la gestión.

Lejos de tratarse de un error aislado, su trayectoria muestra una línea coherente: defensa de militares condenados, cuestionamiento del número de desaparecidos y promoción de discursos que buscan clausurar el debate histórico bajo consignas de reconciliación forzada.

LA ESTRATEGIA DEL “PERDÓN” Y LA “CONCORDIA”

La conducción formal del área está en manos de Joaquín Mogaburu, pero la estructura operativa quedó bajo el control de Mayer y de funcionarios con perfiles similares. En ese marco, la periodista Luciana Bertoia advirtió en su investigación periodística que los nuevos responsables de la Subsecretaría impulsan una narrativa centrada en el “perdón” y la “concordia”.

Ese enfoque, presentado como una supuesta superación del pasado, funciona en los hechos como una herramienta para diluir responsabilidades penales y políticas por los crímenes de la dictadura. No se trata de memoria ni de reconciliación real, sino de un intento deliberado por correr el eje desde la justicia hacia el olvido.

La adopción de este discurso no es inocente: habilita el regreso de funcionarios que nunca ocultaron su desprecio por las políticas de derechos humanos y coloca a las víctimas en un rol secundario dentro del propio Estado.

UN RETROCESO INSTITUCIONAL A CINCUENTA AÑOS DEL GOLPE

El desplazamiento de los organismos de derechos humanos no es simbólico: es concreto y operativo. La nueva estructura limita su participación, reduce su capacidad de incidencia y deja las decisiones estratégicas en manos de personas que históricamente cuestionaron los consensos básicos de la democracia argentina.

Todo esto ocurre en la antesala de una nueva conmemoración del 24 de marzo, cuando se cumplen casi cinco décadas del golpe cívico-militar. En lugar de reforzar el compromiso estatal con la memoria, el Gobierno opta por una política de vaciamiento que reabre discusiones que parecían saldadas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, creada para garantizar verdad y justicia, hoy funciona bajo la tutela de quienes nunca las defendieron. A cincuenta años del golpe, el mensaje es tan claro como preocupante: para este Gobierno, los derechos humanos dejaron de ser una política de Estado y pasaron a ser un obstáculo ideológico.