Los antecedentes de los dueños del caos.
Por Roque Pérez para NLI
El derrumbe ocurrido en el complejo Archi Club durante la madrugada dejó al menos 15 personas heridas y escenas de pánico en plena noche porteña, pero mientras aún se investigan las causas estructurales del colapso, empieza a emerger otra pregunta inevitable: quiénes están detrás del negocio que operaba el lugar.
Una concesión otorgada por el Gobierno porteño
Según la disposición oficial firmada por la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, la explotación del predio fue otorgada a la firma NIGHT DREAM S.A., que obtuvo la concesión para operar el espacio donde funcionaba Archi.
Night Dream pertenece a los empresarios Matías Gonzalo Villafaña y Juan Manuel Moix, firma que fue inscripta en el año 2019. ¿Quiénes firmaron por parte del gobierno porteño: Carla Vanesa Borgognoni, designada en octubre de 2024 como Directora General de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); María Belén Taccone, Directora General de la Dirección Fiscalización y Control de Obras y Franco Cammarata, Director General de Fiscalizacion y Control.
La empresa tenía la habilitación formal para explotar comercialmente el lugar, rectificada por el Gobierno de la Ciudad en agosto del 2025 a través de la DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 34/DGFYC/25 «para desarrollar la actividad de Alimentación en general y gastronomía, Casa o Local de fiestas privadas y Local de baile clase C, con una capacidad máxima para funcionar de quinientas (500) personas» Los informes periodísticos señalan que esa capacidad estaría superada en al menos doscientas personas.
Los nombres detrás del negocio
De acuerdo a la documentación societaria publicada en el Boletín Oficial, NIGHT DREAM S.A. pertenece a un grupo empresario conformado por los mencionados Villafaña y Moix, que ya cuenta con antecedentes en la noche porteña y que aparece vinculado a otros emprendimientos del mismo rubro.
Los mismos accionistas estuvieron detrás de EMPRENDIMIENTOS COSTANERA S.A., firma que operó distintos locales nocturnos en la zona ribereña.
Entre ellos se encuentra el boliche Rose in Rio, que ya había sido noticia en 2019 luego de que la Justicia determinara que debía pagar una multa superior a los 60 mil pesos tras un episodio de discriminación contra una mujer trans en su ingreso.
Antecedentes durante la pandemia
Pero el historial no termina allí.
En 2021, en plena vigencia de restricciones sanitarias, el propio Gobierno porteño denunció a estos dos organizadores como realizadores de fiestas clandestinas en la Costanera, en eventos vinculados a este mismo entramado empresarial.
Es decir, no se trata de actores nuevos ni improvisados en el negocio nocturno, sino de operadores con trayectoria, conflictos previos y una presencia sostenida en espacios concesionados del borde costero. Pero, al parecer, nada que impidiera al gobierno de Jorge Macri otorgales la correspondiente habilitación.
Un derrumbe que expone más que fallas edilicias
Lo ocurrido anoche —cuando parte de la estructura del complejo colapsó provocando heridos y evacuaciones de urgencia— ya es investigado desde el punto de vista técnico.
Sin embargo, la información disponible empieza a delinear un escenario más amplio: un modelo de concesiones nocturnas donde el mismo grupo empresario acumula antecedentes de sanciones, denuncias y episodios polémicos. y una supuesta extralimitación en la capacidad autorizada.
El foco ahora no sólo estará puesto en qué falló en la estructura del boliche, sino también en qué controles existieron sobre la empresa concesionaria y su historial antes de otorgarle la explotación de uno de los espacios más concurridos de la noche porteña.
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