El escándalo que rodea a Manuel Adorni sumó un capítulo explosivo: una diputada nacional pidió su detención al acusarlo de intentar manipular a un testigo clave. La Justicia ahora evalúa si el funcionario utilizó su poder para interferir en la causa.
Por Ramiro C. Ferrante para NLI
La situación judicial de Manuel Adorni dio un salto cualitativo en gravedad. Lo que hasta hace semanas era una investigación por presunto enriquecimiento ilícito ahora escaló a un posible caso de entorpecimiento de la Justicia, con un pedido concreto de detención que sacude al oficialismo.
La diputada Marcela Pagano solicitó formalmente ante el juez Ariel Lijo que se ordene la detención del funcionario, acusándolo de haber “apretado” a un testigo clave en la causa: el contratista Matías Tabar.
La acusación: presión, mensajes borrados y posible manipulación
Según la presentación judicial, Adorni habría contactado a Tabar horas antes de su declaración para ofrecerle “ayuda” y sugerirle borrar conversaciones comprometedoras.
La denuncia sostiene que el objetivo habría sido condicionar el testimonio del contratista, quien declaró haber recibido pagos en efectivo por más de 245.000 dólares en refacciones.
El punto más delicado es que el propio testigo habría reconocido ese contacto previo y entregó su celular para peritajes, con el fin de recuperar mensajes eliminados que podrían comprometer al funcionario.
En términos judiciales, esto no es un detalle menor: intentar influir sobre un testigo puede configurar un delito autónomo y agravar la situación procesal del imputado.
La doctrina Irurzun y el fantasma de la prisión preventiva
El pedido de detención se apoya en la llamada Doctrina Irurzun, un criterio utilizado durante el macrismo para justificar la prisión preventiva de exfuncionarios bajo el argumento de que su poder residual podía interferir en las causas.
Pagano invierte ahora esa lógica y plantea que, al estar en funciones, Adorni tendría incluso mayor capacidad de presión sobre testigos y estructuras del Estado, lo que justificaría una medida excepcional.
El planteo no es sólo simbólico: la presentación advierte que aún quedan testigos por declarar, lo que abriría la puerta a nuevos intentos de interferencia si no se toman medidas urgentes.
De un escándalo patrimonial a una causa penal más grave
El expediente original ya venía golpeando fuerte: se investiga si Adorni pudo justificar gastos millonarios —incluyendo refacciones de lujo— incompatibles con sus ingresos declarados.
Pero este nuevo capítulo cambia el eje. Ya no se trata sólo del origen del dinero, sino del comportamiento del funcionario frente a la Justicia.
En términos procesales, esto puede marcar un antes y un después:
pasar de una investigación patrimonial a una sospecha de encubrimiento o manipulación de pruebas suele acelerar decisiones judiciales más severas.
Un gobierno cada vez más expuesto
El caso impacta de lleno en el relato oficial de transparencia. Mientras Milei construyó su discurso contra “la casta”, uno de sus funcionarios más cercanos enfrenta ahora una acusación que remite a prácticas clásicas de presión sobre testigos.
En los tribunales de Comodoro Py, la pelota está en manos del juez Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes deberán determinar si existen elementos suficientes para avanzar con medidas restrictivas o incluso con la detención.
Por lo pronto, el expediente ya dejó de ser una incomodidad política: se convirtió en una bomba judicial en pleno desarrollo, con consecuencias imprevisibles para el corazón del gobierno.
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