El Reino Unido cruje: Escocia, Gales e Irlanda del Norte se unen para reclamar el derecho a romper con Londres

Los gobiernos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, todos conducidos actualmente por fuerzas favorables a la autodeterminación, se reunirán en Cardiff para firmar un acuerdo de cooperación y reclamar el derecho a celebrar referendos sobre su futuro político. La iniciativa llega después de que Donald Trump volviera a respaldar públicamente la reunificación de Irlanda. El viejo Reino Unido enfrenta así una de sus mayores crisis territoriales en décadas.

Por Bruno A. Monteverde para NLI

El Reino Unido que durante siglos proyectó hacia el mundo la imagen de una potencia compacta, centralizada y capaz de administrar desde Londres territorios separados por identidades, historias y tradiciones políticas diferentes atraviesa ahora una grieta que puede ser mucho más profunda que una disputa electoral. Este lunes, en Cardiff, los líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán para avanzar en una coordinación política destinada a defender el derecho de sus pueblos a decidir su propio futuro constitucional, incluyendo la posibilidad de celebrar referendos de independencia o reunificación. El encuentro adquiere una dimensión extraordinaria porque, por primera vez, las tres administraciones descentralizadas están dirigidas por fuerzas políticas que reivindican distintas formas de autodeterminación y que ahora buscan convertir esa coincidencia en una plataforma común frente a Westminster.

La reunión será encabezada por John Swinney, primer ministro escocés y dirigente del Scottish National Party; Rhun ap Iorwerth, primer ministro de Gales y líder de Plaid Cymru; y Michelle O’Neill, primera ministra de Irlanda del Norte y dirigente del Sinn Féin. También participará Mary Lou McDonald, presidenta de Sinn Féin y una de las principales figuras del movimiento que impulsa la reunificación de Irlanda. El encuentro contempla la firma de un memorándum de entendimiento para profundizar la cooperación entre las tres naciones y una declaración conjunta sobre autodeterminación. Aunque sus objetivos constitucionales no son idénticos —Escocia y Gales hablan de independencia, mientras el nacionalismo irlandés plantea la reunificación de la isla—, el punto de encuentro es contundente: la soberanía y el futuro constitucional no deberían quedar subordinados indefinidamente a la decisión del gobierno instalado en Londres.

Tres naciones, una misma disputa con Westminster

La importancia del movimiento reside también en el momento político en que se produce. Durante décadas, el nacionalismo escocés fue tratado en buena parte del establishment británico como una cuestión esencialmente escocesa, mientras que el independentismo galés era considerado marginal y el conflicto constitucional de Irlanda del Norte tenía un marco jurídico y político propio desde el Acuerdo del Viernes Santo de 1998. Ahora esas tres discusiones empiezan a conectarse. La experiencia demuestra que una crisis territorial puede modificar el equilibrio de todo el Estado: la eventual independencia de Escocia no solamente alteraría el mapa británico, sino que podría acelerar las demandas galesas, mientras que una eventual reunificación irlandesa implicaría directamente la desaparición de Irlanda del Norte como parte del Reino Unido.

En Escocia, la discusión está lejos de ser una fantasía política. El gobierno de Swinney ya reclamó formalmente al primer ministro británico, Andy Burnham, que transforme en un mecanismo legal su reconocimiento del principio según el cual un referéndum debería ser considerado cuando exista un consenso suficiente en favor de la independencia. Swinney escribió a Burnham después de que el jefe del Gobierno británico comparara la situación escocesa con la posibilidad de un referéndum sobre la reunificación de Irlanda del Norte. Desde Edimburgo interpretaron esas palabras como una oportunidad para exigir que el principio de autodeterminación no sea aplicado de manera selectiva y que la decisión sobre una consulta no dependa exclusivamente de la voluntad de Westminster.

La cuestión no es menor porque Escocia ya votó sobre la independencia en 2014, cuando el “No” obtuvo el 55,3 por ciento de los votos frente al 44,7 por ciento del “Sí”. Pero doce años después el escenario político es diferente y el Brexit modificó profundamente aquella ecuación. La mayoría de los escoceses votó permanecer en la Unión Europea en 2016, pero quedó fuera de la UE junto con el resto del Reino Unido. Para el nacionalismo escocés, aquella experiencia reforzó el argumento de que decisiones tomadas por una mayoría electoral inglesa pueden determinar el futuro de Escocia incluso cuando sus preferencias políticas son radicalmente diferentes.

Gales, por su parte, representa quizá la transformación más llamativa. Plaid Cymru consiguió una victoria histórica en las elecciones de mayo y se convirtió en la fuerza que gobierna el país, colocando a Rhun ap Iorwerth al frente del Ejecutivo galés. El propio dirigente ha rechazado la caracterización de que su gobierno esté simplemente conspirando para “romper” el Reino Unido, pero sostiene que Gales debe ser tratado como una nación y disponer de mayores competencias. Su posición revela una cuestión que excede al independentismo: para una parte creciente de la política galesa, el modelo actual de descentralización sigue dejando demasiado poder concentrado en Westminster.

Trump mete presión sobre una herida histórica

Y mientras las tres naciones preparan su encuentro, desde el otro lado del Atlántico llegó un elemento que vuelve todavía más incómoda la situación para Londres. Donald Trump volvió a respaldar públicamente la reunificación de Irlanda, afirmando durante su visita al país que le gustaría verla concretarse cuanto antes y describiendo la unidad irlandesa como un desenlace natural. El presidente estadounidense aclaró que, por ahora, no quería pronunciarse sobre la independencia escocesa, pero su intervención sobre Irlanda rompió con la tradicional prudencia de Washington respecto de una cuestión constitucional extremadamente sensible para británicos y unionistas norirlandeses.

La cuestión tiene un peso histórico enorme. La partición de Irlanda, la creación de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido y décadas de conflicto entre republicanos y unionistas dejaron una herida que recién comenzó a cicatrizar con el Acuerdo del Viernes Santo. Aquel pacto estableció precisamente un mecanismo democrático para que el futuro constitucional de Irlanda del Norte pueda modificarse si existe el consentimiento necesario de la población. Por eso la discusión actual no plantea necesariamente una ruptura unilateral ni una salida por la fuerza: el nacionalismo irlandés busca que el derecho a decidir pueda ejercerse mediante mecanismos democráticos reconocidos internacionalmente. El problema para Londres es que, si esa discusión se combina con las demandas escocesas y galesas, la cuestión deja de ser una excepción irlandesa y pasa a convertirse en una discusión general sobre la naturaleza misma del Estado británico.

En ese contexto, el gobierno de Burnham enfrenta una paradoja particularmente delicada. El primer ministro ha intentado presentarse como defensor de una nueva relación entre Westminster y las naciones que integran el Reino Unido, pero al mismo tiempo se resiste a conceder automáticamente nuevos referendos de independencia. Esa posición pretende preservar la unidad territorial sin volver al centralismo tradicional, pero corre el riesgo de resultar insuficiente para los nacionalistas. Si Londres sostiene que un pueblo puede votar sobre su futuro solamente cuando Westminster considere que existe suficiente consenso, la pregunta inevitable será quién decide cuándo existe ese consenso: el pueblo interesado o el poder central.

Las encuestas tampoco permiten descartar el fenómeno. Según los datos citados por medios británicos, el apoyo a la independencia alcanza alrededor del 47 por ciento en Escocia, mientras que las mediciones mencionadas sitúan el respaldo a la independencia galesa en torno del 32 por ciento y el apoyo a la reunificación en Irlanda del Norte alrededor del 36 por ciento. Son números que no significan que mañana vaya a desaparecer el Reino Unido, pero sí muestran que las alternativas al statu quo dejaron de pertenecer a los márgenes de la política.

Lo que está ocurriendo en Cardiff, entonces, debe leerse como parte de una transformación mucho más profunda. El Reino Unido no está a punto de desaparecer automáticamente, porque cada proceso tendría obstáculos jurídicos, electorales, económicos y políticos enormes. Pero tampoco puede ignorarse que tres de las cuatro naciones que componen el Estado están articulando, desde sus propios gobiernos, una discusión sobre la posibilidad de modificar radicalmente el vínculo con Westminster. El dato político decisivo es que esa conversación ya no se desarrolla únicamente en Edimburgo, Belfast o Cardiff por separado: empieza a construirse una agenda común de autodeterminación.

La paradoja histórica es que una de las grandes potencias que durante siglos justificó su influencia mundial mediante la expansión imperial enfrenta ahora, dentro de sus propias fronteras, una discusión elemental sobre el derecho de los pueblos a decidir su destino. El mismo Estado que alguna vez trazó fronteras en continentes enteros y administró territorios a miles de kilómetros de Londres tiene dificultades crecientes para convencer a sus propias naciones constituyentes de que el mapa actual debe permanecer intacto. La reunión de Cardiff no producirá por sí sola la disolución del Reino Unido, pero puede marcar el comienzo de una etapa en la que Escocia, Gales e Irlanda del Norte dejen de plantear sus demandas de manera aislada y empiecen a actuar como partes de un mismo problema constitucional. Y cuando tres piezas de un Estado comienzan simultáneamente a discutir qué hacer con la unión, ya no alcanza con hablar de separatismo: lo que está en debate es la propia supervivencia del Reino Unido tal como fue construido.