Adrián Marcelo Grau presentó su renuncia como convencional constituyente de San Carlos de Bariloche, apenas cuatro días después de asumir. Había reivindicado públicamente al genocida Jorge Rafael Videla, relativizado los crímenes de la última dictadura y cuestionado la cifra de los 30.000 desaparecidos. Una denuncia penal de la APDH y el repudio social precipitaron su salida.
Por Ignacio Álvarez Alcorta para NLI

La renuncia de Adrián Marcelo Grau a la Convención Constituyente de San Carlos de Bariloche representa un freno político e institucional a la incorporación de un dirigente que había expresado públicamente su admiración por el dictador Jorge Rafael Videla y reivindicado el terrorismo de Estado. El dirigente presentó su dimisión este lunes 16 de noviembre, luego de una semana atravesada por denuncias, cuestionamientos y un contundente repudio de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad barilochense.
El episodio expone algo que la Argentina no puede naturalizar: la reivindicación de una dictadura responsable de miles de desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, apropiaciones de bebés y un plan sistemático de persecución política no es una simple diferencia de opiniones. Es una agresión a la memoria de las víctimas, a sus familiares y a los consensos democráticos construidos desde el retorno de la democracia.
Los mensajes que desataron el escándalo
La controversia comenzó cuando se difundieron publicaciones atribuidas a Grau en su cuenta de Facebook, fechadas en marzo, en vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Entre las expresiones que se le atribuyeron figuraba una particularmente brutal: «Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia». También circularon mensajes que negaban la cifra de los 30.000 desaparecidos, relativizaban la condición de víctimas de quienes fueron secuestrados y cuestionaban a los organismos históricos de derechos humanos.
No se trataba de una referencia aislada o de una discusión académica sobre la historia argentina. La exaltación de Videla y la reivindicación de una represión que incluyó centros clandestinos de detención, desapariciones y vuelos de la muerte expresaban una posición política incompatible con los principios fundamentales del sistema democrático y los derechos humanos.
Cuando las publicaciones tomaron estado público, Grau intentó despegarse de ellas y sostuvo que su cuenta había sido hackeada. Sin embargo, la explicación no consiguió desactivar el conflicto ni detener los reclamos para que se investigara el origen de los mensajes.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), regional Bariloche, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por presunta apología del delito. La presentación solicitó investigar si las expresiones difundidas podían encuadrarse en el artículo 213 del Código Penal.
Es importante distinguir los planos: existe una denuncia y corresponde a la Justicia determinar la autoría de las publicaciones y si se configura un delito. No hay que confundir esa investigación con una condena judicial. Pero esa precisión jurídica no obliga a relativizar la gravedad política y democrática de los mensajes atribuidos al dirigente.
Una jura entre pañuelos blancos y provocaciones
Pese a la polémica y a los reclamos para postergar su incorporación, Grau terminó asumiendo el jueves 12 de noviembre como convencional constituyente. Su presencia en el acto de jura generó un fuerte rechazo de quienes se acercaron a manifestar su repudio.
Los pañuelos blancos y las consignas «Nunca Más» y «Son 30.000» acompañaron la protesta. La respuesta del dirigente profundizó el escándalo: realizó gestos obscenos hacia quienes lo cuestionaban, en una escena que terminó de convertir su incorporación al cuerpo constituyente en un conflicto institucional.
La Defensoría del Pueblo de Bariloche también presentó una denuncia ante el Tribunal de Contralor por un presunto incumplimiento de las normas de ética de la función pública. La presentación cuestionó tanto las expresiones atribuidas a Grau como su comportamiento durante el acto de asunción y solicitó que se evaluara su continuidad en el cargo.
La controversia llegó así a distintos ámbitos institucionales. No era solamente una discusión entre dirigentes partidarios: estaban en juego los criterios éticos exigibles a quienes deben participar de la elaboración de las normas fundamentales de una comunidad.
La renuncia y el límite que impuso la sociedad
Grau había ingresado a la Convención como sexto candidato de la lista 658, Estamos Haciendo Bariloche, vinculada al oficialismo municipal encabezado por el intendente Walter Cortés. La Junta Electoral había confirmado su proclamación pese a los cuestionamientos previos.
Finalmente, después de asumir y de que se multiplicaran las denuncias y los reclamos públicos, presentó su renuncia. Su lugar será ocupado por Warner Luis Erwin Riquelme, primer suplente de la lista.
En su presentación, Grau justificó la decisión por la exposición pública que había sufrido y por el impacto que la controversia tuvo sobre su entorno familiar. También defendió su actividad política y sus ideas, sin que ello modificara el fondo de los cuestionamientos que habían motivado las denuncias.
La salida no borra lo sucedido ni resuelve las investigaciones pendientes. Tampoco debería clausurar el debate sobre las responsabilidades políticas de quienes impulsaron su candidatura y sostuvieron su proclamación cuando las publicaciones ya eran conocidas.
La memoria no es negociable
La historia argentina tiene una marca indeleble: el terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura cívico-militar. La CONADEP, el Juicio a las Juntas, las condenas por delitos de lesa humanidad y la lucha sostenida de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo construyeron un camino que convirtió al país en una referencia internacional en materia de memoria, verdad y justicia.
Ese recorrido no fue una concesión de los sectores que ejercieron el poder. Fue el resultado de décadas de lucha de familiares, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y organizaciones populares que enfrentaron la impunidad y consiguieron que los responsables rindieran cuentas ante la Justicia.
Por eso, reivindicar a Videla no puede presentarse como una provocación inocente ni como una expresión más del pluralismo democrático. Videla encabezó una dictadura que organizó un aparato clandestino de secuestro, tortura, exterminio y desaparición de personas. Su responsabilidad histórica y judicial está acreditada.
La renuncia de Grau demuestra que la sociedad conserva herramientas para defender esos consensos cuando son puestos en cuestión. La movilización, la denuncia y la memoria activa lograron que un dirigente que había reivindicado al genocida no continuara ocupando una banca desde la cual debía participar en la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche.
El Nunca Más no es una consigna partidaria ni una frase para los actos del 24 de marzo. Es un compromiso democrático que debe sostenerse todos los días. Y frente a quienes pretenden reivindicar a los responsables del terrorismo de Estado, la respuesta debe seguir siendo memoria, verdad y justicia.
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