La Resolución 33/2026 abre una licitación para que un operador privado importe y comercialice GNL, desplazando al Estado de un rol que hasta ahora ejercía Energía Argentina. El giro impacta de lleno en el debate sobre soberanía energética y el sentido estratégico del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.
Por Roque Pérez para NLI
La publicación de la Resolución 33/2026 de la Secretaría de Energía, en el Boletín Oficial del día de hoy, marca un punto de inflexión en la política energética argentina. El Gobierno convoca a una licitación pública nacional e internacional para seleccionar a un único “comercializador-agregador” privado que se encargará de importar Gas Natural Licuado (GNL), regasificarlo y venderlo en el mercado interno.
En términos simples: el Estado deja de importar directamente el gas licuado y le transfiere ese negocio a un operador privado.
Qué cambia con la Resolución 33/2026
Hasta ahora, la importación de GNL estaba centralizada en Energía Argentina S.A. (ex Enarsa). Era el Estado el que compraba el gas en el exterior, contrataba los barcos metaneros, utilizaba la terminal regasificadora de Escobar y luego comercializaba el fluido en el mercado local.
Con la nueva resolución:
- Se convoca a una licitación por un año.
- El adjudicatario podrá usar la totalidad de la capacidad de la terminal de Escobar.
- El criterio de selección será la oferta económica más conveniente.
- El privado importará, regasificará y comercializará el gas.
La infraestructura sigue siendo estatal, pero la operación comercial pasa a manos privadas. El Estado se retira como actor directo del negocio.
El argumento oficial apunta a “eficiencia”, “reducción de riesgo fiscal” y “mayor participación del mercado”. En los hechos, implica que la exposición financiera del Estado ante los precios internacionales se reduce, pero el control operativo también.
El Gasoducto Néstor Kirchner y el cambio de paradigma
El movimiento no puede analizarse sin mirar el contexto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).
El gasoducto fue concebido como una obra estratégica para:
- Transportar más gas desde Vaca Muerta.
- Reducir importaciones de GNL.
- Ahorrar divisas.
- Fortalecer la autonomía energética.
La lógica del proyecto era clara: invertir en infraestructura pública para disminuir la dependencia estructural del mercado internacional.
Sin embargo, la Argentina todavía necesita importar GNL en invierno para cubrir picos de demanda. Y es justamente ese tramo del esquema el que ahora se terceriza.
El contraste político es evidente: mientras el gasoducto se presentó como un paso hacia la autosuficiencia, la resolución actual consolida un modelo donde la importación —aunque complementaria— queda en manos privadas.
De la soberanía energética al esquema de mercado
Aquí aparece el debate de fondo.
El modelo anterior combinaba inversión estatal fuerte (gasoducto) con intervención directa en la importación. El Estado asumía riesgo, negociaba contratos y absorbía parte del impacto de los precios internacionales vía subsidios.
El esquema actual prioriza:
- Reducción del rol empresario del Estado.
- Menor exposición fiscal directa.
- Señales de mercado en precios y contratos.
No es una contradicción técnica con el gasoducto —que sigue operativo—, pero sí representa un cambio conceptual: la política energética deja de apoyarse en una lógica de integración estatal para avanzar hacia una arquitectura más liberalizada.
¿Impacto en tarifas y subsidios?
Si el privado traslada plenamente los costos internacionales al mercado interno, el precio del gas tenderá a reflejar más directamente las cotizaciones externas. Eso podría:
- Incrementar presión sobre tarifas.
- Reducir margen de maniobra en subsidios.
- Exponer más al sistema a la volatilidad global.
La clave será cómo se estructuren los contratos y qué mecanismos de regulación retenga el Estado.
El debate que se abre
La Resolución 33/2026 no es un detalle administrativo: es un movimiento que redefine el rol estatal en un área estratégica.
Mientras el Gasoducto Néstor Kirchner fue símbolo de planificación e inversión pública para sustituir importaciones, la nueva medida reubica la importación de gas dentro de la lógica de mercado y la rentabilidad privada.
El interrogante político es inevitable:
¿Se trata de eficiencia fiscal o de un retiro del Estado en un sector clave para el desarrollo?
Lo cierto es que, con esta decisión, Milei abandona el esquema de Estado importador y entrega a privados el negocio del gas licuado que aún necesita la Argentina para atravesar cada invierno.
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