Los nuevos viejos principios empresariales

El 20 de mayo de 1918, en el contexto del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, se fundó la Asociación del Trabajo (AT), un nucleamiento patronal que nació como reacción a los crecientes reclamos obreros, el desarrollo de los sindicatos y la proliferación de las huelgas. En sus bases sostenían la necesidad de “elegir y despedir libremente” a sus empleados. Pasó casi un siglo y la reforma laboral de Macri vuelve a recuperar esos mismos principios empresariales que se oponen al avance y las conquistas laborales de los trabajadores.

Por para Nuestras Voces

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El presidente Mauricio Macri, en una reunión con los gobernadores de todas las provincias –menos San Luis–, les pidió que bajen los salarios de los trabajadores del Estado para que no compitan con el sector privado, y luego agregó: “Tenemos que lograr que esto también se regularice en un nivel razonable y equilibrado. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una paritaria por delante, que siempre nos da una oportunidad”.

La premisa que parece ser la piedra filosofal de Cambiemos, su principio ordenador, podría resumirse en la máxima “todo lo que beneficie a los grandes empresarios es bueno para el país”. Expuesto con una crudeza sin precedentes, los más poderosos propietarios argentinos son conscientes de que la relación de fuerzas política actual es una oportunidad única y difícil de repetir, lo saben porque hace muchos años que se vienen organizando para influir en las políticas estatales, porque desde hace mucho tiempo han desarrollado esfuerzos por tratar de impedir que se consoliden las conquistas sociales, por tratar de anularlas. Esta visión es la que explica que en el primer discurso de Macri después de las elecciones legislativas del 22 de octubre les haya dicho “es ahora o nunca”.

Hace casi un siglo, el 20 de mayo de 1918, en el contexto del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, se fundó la Asociación Nacional del Trabajo, un nucleamiento patronal nacido como consecuencia de la preocupación que generaron los crecientes reclamos de los trabajadores, el desarrollo de sindicatos y la proliferación de huelgas. Consideraron que el gobierno radical no estaba enfrentando con solidez estas “insolencias” y temían que los sucesos de la Revolución Rusa pudieran replicarse en estas tierras. Al poco tiempo de iniciar sus actividades le quitaron la palabra “Nacional” y pasó a llamarse Asociación del Trabajo (AT) a secas, para no herir las susceptibilidades de las empresas extranjeras. Después de todo el capital no conoce fronteras.

Un fallo de la Corte Suprema había definido a los sindicatos como una “asociación ilícita”, por eso les molestaba, no podían entender, que el gobierno se allane a negociar con ellos en lugar de ponerlos en su lugar. Una de los principios inaugurales que escribieron en su declaración inaugural pedía “elegir y despedir libremente” a los trabajadores que contrataban. Su primer presidente fue quien presidía la Bolsa de Comercio, y el vice Joaquín de Anchorena, por ese entonces presidente de la Sociedad Rural. El objetivo era influir y presionar a la clase política. A los trabajadores los convocaban a ser libres de las influencias de los sindicatos.

La historiadora María Ester Rapalo publicó el libro Patrones y obreros. La ofensiva de la clase propietaria, 1918-1930 (Siglo XXI), donde define que “la derecha tiene más conciencia de clase que los sectores trabajadores”. Sólo un año después de la fundación de la AT ocurrieron los sucesos sangrientos de la Semana Trágica. Luego de la feroz represión policial, los sectores más pudientes de la sociedad se mostraron muy agradecidos con los miembros de las fuerzas represivas y quisieron premiarlas con lo único que a ambas partes les interesa a la hora de los homenajes: dinero. Las empresas beneficiadas con la “disciplina social”, las damas de beneficencia y otras entidades “de bien público” iniciaron colectas “pro defensores del orden”. Así lo detalló el diario La Nación de enero de 1919: “En el local de la Asociación del Trabajo se reunió ayer la Junta Directiva de la Comisión pro defensores del orden, que preside el contralmirante Domecq García, adoptándose diversas resoluciones de importancia. Se resolvió designar comisiones especiales que tendrán a su cargo la recolección de fondos en la banca, el comercio, la industria, el foro, etc., y se adoptaron diversas disposiciones tendientes a hacer que el óbolo llegue en forma equitativa a todos los hogares de los defensores del orden”.

Casi resulta una obviedad mencionar que la totalidad de los sectores empresarios apoyaron activamente el golpe de 1930 que derrocó a Yrigoyen.

Una nueva ofensiva patronal se precipitó desde 1943 cuando Juan Domingo Perón se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. A cada ley laboral, a cada conquista social los medios de prensa y el Poder Judicial respondieron con virulencia. La ley de aguinaldo fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. El escritor Jorge Luis Borges, con su innegable talento, marcó el tono del pensamiento elitista: “Otro soborno fue el aguinaldo, curiosa medida económica –imitada nunca sabré porqué por los gobiernos ulteriores– según la cual trabajan doce meses y se paga trece. Esta ridícula y onerosa medida ha sido decorada con el título de ‘conquista social’”.

La creación de los Fueros del Trabajo, tribunales laborales para mediar en los conflictos del capital y el trabajo, no fueron reconocidos por la Corte que se negó a tomarle juramento a los nuevos jueces.

El rechazo general de los propietarios a las reformas laborales llegó a un climax con la convocatoria a la Marcha de la Constitución y la Libertad que reunió a una multitud el 19 de septiembre de 1945, un mes antes del famoso 17 de octubre, allí los sectores propietarios del comercio, la industria y el campo pidieron la renuncia de Perón y que se le otorgue el poder a la Corte Suprema. La principal queja del sector empresario era que se estaba creando “un clima de recelos, de provocación y de rebeldía, que estimula el resentimiento, y un permanente espíritu de hostilidad y reivindicación”.

Lograron su objetivo cuando el 10 de octubre el gobierno de Farrell le pidió la renuncia a Perón. Pero ocurrió un hecho asombroso, se le permitió que dé un último discurso por cadena nacional. Unos setenta mil trabajadores lo fueron a escuchar, y allí, entre sus palabras de despedida dijo: “También dejo firmado un decreto de una importancia extraordinaria para los trabajadores. Es el que se refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la participación en las ganancias. Dicho decreto, que he suscripto en mi carácter de secretario de Estado tiene las firmas de los ministros de Obras Públicas y de Marina, y beneficia no solamente a los gestores de la iniciativa –la Confederación de Empleados de Comercio–, sino a todos los trabajadores argentinos”.

La reacción empresaria fue ponerse en pie de guerra. En la Bolsa de Comercio se organizó la mayor asamblea patronal de toda la historia argentina, concurrieron dos mil empresarios y convocaron a un lock out que concretaron los días 14, 15 y 16 de enero de 1946. En su comunicado oficial expresaron: “La Asamblea de la producción recomienda que cada trabajador negocie con su director de empresa las condiciones salariales sin dejarse influir por engaños externos”.

En el origen mismo de los derechos laborales argentinos la reacción empresaria se propuso enfrentarlos, y no dejó de hacerlo durante todos los gobiernos que vinieron después. Lo novedoso e inédito es que ya no necesitan presionar a ningún gobierno porque manejan en forma directa los resortes del Estado.

@sergiodwy

http://www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-noticias/los-nuevos-viejos-principios-empresariales/

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