El escándalo de la mujer de Federico D´elía

La mujer del actor Federico D´elía es empleada del gobierno de la Ciudad en el ministerio de Cultura y, además, le factura al mismo ministerio con su empresa

Por Guillermo Carlos Delgado Jordan

los contratos parecen andar de parabienes para algunos sectores críticos a los doce años de kirchnerismo. Así parece demostrarlo, al menos, la esposa del actor Federico D´elía, Déborah Cosovschi, periodista, ex gerente de Producción Corporativa de Cuatrocabezas y fundadora de la agencia de comunicación Kocawa junto a Silvana Waisberg.

Por ejemplo, entre 2015 y 2017, Kocawa S.R.L. (la agencia de su mujer) a conseguido dos jugosas contrataciones directas con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ambas por realizar un “Servicio de Obra Teatral para Educación Tributaria” (así como suena) por las que recibieron un total de $ 2.761.630.-

Específicamente nos referimos a la Contratación Directa 8618-0193-CD/15 del 2015 por un monto de 2.254.230 pesos y la 8618-0022-CD/17 de 2017 por 507.400 pesos, ambas contratadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero los contratos no terminaron ahí. En febrero de este año, Silvana Waisberg (la socia en Kocawa) será contratada a título personal como Productora Artístico Cultural de la Subsecretaría de Gestión Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, puesto por el cual recibe un monto de 42.000 pesos mensuales.

Y la cosa sigue. En junio de este año, se sumó también como Productora Artístico Cultural la mismísima esposa de Federico D´elía, Déborah Cosovschi, cobrando por dicho servicio 30.000 pesos todos los meses, tal cual consta en la RESOLUCIÓN N.º 3337/MCGC/18 fechada el 21 de junio y publicada el pasado 31 de julio en el Boletín Oficial y firmada por Enrique Avogadro.

Pero lo que nos venimos a enterar ahora es que, el mismo Enrique Avogadro que contrata de empleada a la esposa de Federico D´elía, Déborah Cosovschi, también contrata, según RESOLUCIÓN N.º 5485/MCGC/18 fechada el 11 y publicada el 17 de septiembre de 2018, a la empresa productora de su empleada la cual presta servicios para el ministerio que contrata a su productora y donde, además, ella misma figura como representante para cobrar los $118.000 del contrato.

Todo un intríngulis que termina beneficiando siempre a quienes alzan la voz contra los K.

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