Alberto deroga un decreto de Macri y se queda con el Programa de Protección de Testigos

Se trata del decreto de Mauricio Macri que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, firmado a pocos días de dejar el poder, tenía estatus de agencia y autonomía funcional del Poder Ejecutivo.

Por la Redacción de Noticias La Insuperable

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Se publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto 168/2020, mediante el cual Alberto Fernández deroga el Decreto N° 795 que el entonces presidente Mauricio Macri firmo poco antes de irse, el 28 de noviembre de 2019.

Por el mismo se transfería el Programa de Protección de Testigos a la justicia. Ya en ese momento quedaba claro que Macri no quería que los testigos protegidos quedaran bajo la órbita del nuevo gobierno, sobre todo porque intentaba evitar que salieran a la luz –como están saliendo– las insólitas maniobras que se hicieron con los que aceptaron declarar contra los funcionarios de la época de Cristina Kirchner. En verdad, la transferencia del programa nunca se concretó porque tampoco la justicia lo quiso, dado que implica hacerse cargo de testigos protegidos complejos, como ya se vio con Leonardo Fariña, José López, Oscar Centeno y mar recientemente, con Alejandro Vandenbroele y su “Posada” en Mendoza.

En los considerandos, el Poder Ejecutivo recordó que la Cámara Federal de Casación Penal había expresado “su preocupación” por el decreto 795 firmado por Macri el 28 de noviembre de 2019 “’por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales” que tiene ese cuerpo.

Por esa disposición del gobierno de Cambiemos, el sistema contemplado en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que dependía directamente del Ministerio de Justicia, había sido transformado en una nueva dependencia, con estatus de agencia y autonomía funcional del Poder Ejecutivo.

La administración de Fernández argumentó en el decreto publicado hoy que “de la lectura del mencionado decreto se verifica que, al momento de su dictado, no existieron circunstancias excepcionales en los términos del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y que, por lo tanto, justificaran la adopción de una medida de excepción como es un decreto de necesidad y urgencia”.

En ese marco, agregó que “no se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional, máxime cuando el funcionamiento del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados se mantuvo sin variación durante más de 16 años, hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior”.

1 Comment

  1. Y se van acomodando los tantos… Disolver el espurio entramado dentro del aparato judicial creado por la corrupción del nefasto ejecutivo saliente, optimiza también la función de fiscales y jueces que no se anotaron pese a lo extorsivo. La cloaca de Comodoro, ya libre con el principal tapón fuera de acción, la tarea continuará para degradar los restos en su tramo.

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