El horror en la comisaría de La Tablada

La comisaría tercera de La Tablada en La Matanza tenía a sus detenidas en condiciones inhumanas. La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) denunció abusos sexuales y torturas. Las mujeres estaban hacinadas e incomunicadas. Las castigaban y humillaban. Muchas de las celdas se inundaban y la comida era escasa. La mayoría estaba detenida por delitos menores o en prisión preventiva. El lugar fue intervenido por el Ministerio de Seguridad. La semana pasada detuvieron a ocho policías por violaciones a los derechos humanos, y ayer se sumó un noveno detenido. El relato de las víctimas.

Por Emilio Ruchansky para Nuestras Voces

La rutina diaria de las detenidas de la comisaría distrital noreste tercera de La Tablada era degradante. El lugar tiene cupo para ocho, aunque por momentos había hasta 16 mujeres “alojadas”. Las celdas carecen de luz natural, no hay patio ni posibilidad de sentir el sol en la cara. Cuando llovía, además de entrar medio metro de agua en el sector común, se tapaba el baño y ellas mismas debían limpiarlo metiendo la mano, sin guantes. El olor a cloacas tornaba más nauseabundo este lugar en el que no circulaba aire fresco. Algunas llevaban varios meses cumplieron prisión preventiva en esta seccional del partido bonaerense de La Matanza.

No todas las celdas tenían ducha y las que sí, salía tan caliente el agua que debían acumularla en botellas para enfriarla. Por eso, el personal policial las verdugueaba llamándolas “difunta correa”. Encima debían bañarse ante la mirada de los policías de la dependencia. La vianda, que pomposamente llaman “catering”, no era más que una pequeña bandeja con fideos hervidos, un trozo de pan y una feta de algo parecido a la paleta. Sobrevivían con los pocos alimentos que les dejaban ingresar a sus familiares. Los guardaban en conservadoras de telgopor y cocinaban con calentadores eléctricos.

La llegada del subcomisario Leonel Gómez en septiembre del año pasado empeoró este cuadro a los que se sumaron abusos sexuales y torturas. Así lo explica el defensor ante la Casación penal bonaerense, Mario Coriolano: “Han sufrido un daño irreparable y les estamos dando contención psicológica, tratamientos médicos porque han sufrido algo atroz que nunca olvidarán en sus vidas”. La mayoría estaba detenida por delitos menores no violentos de drogas (vendían para consumir o subsistir), por hurto o encubrimiento.

Coriolano recibió la denuncia, de forma confidencial, en enero pasado. Esto derivó en una inspección sorpresiva de un equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), como parte del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y un Habeas Corpus resuelto favorablemente. La comisaría fue intervenida por el Ministerio de Seguridad a los pocos días. La semana pasada, tres meses después, se libraron ocho órdenes de detención por parte del juzgado de Garantías N 1 de La Matanza, tras el pedido de la Ayudantía Fiscal en delitos de Gravedad Institucional Departamental. Este sábado se sumó un nuevo detenido.

Además del subcomisario Gómez, la orden incluye a Javier González, Cristian Aliaga, Ángel Reales, Ariel Pasquale y Leandro Maidan, y las agentes Maida Celeste Ruiz y Johana Romero, esta última del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Se les imputa los delitos de severidades, vejámenes y abuso sexual con el agravante de tratarse de funcionarios y funcionarias públicos. Hay otras personas imputadas, que no fueron arrestadas, y faltan identificar a más agentes, como se verá a continuación.

Los relatos y descripciones contenidos en este artículo surgen del Habeas Corpus y de la orden de detención, casi todas las víctimas declararon en sede judicial pese a las amenazas previas del personal policial implicado y los traslados que hicieron con parte de las detenidas para que lo sucedido quede impune.

La crueldad al poder

El primer hecho denunciado por las detenidas, además de las condiciones inhumanas de alojamiento, ocurrió el 19 de diciembre, cuando apareció por los calabozos una policía al frente de la requisa, acompañada de otra colega a la que las víctimas apodaron “la ginecóloga” y un grupo indeterminado de “paleros”. La ginecóloga las hizo pasar de una desde el calabozo común a una celda, obligándolas a desnudarse para someterlas luego a una “revisación”, utilizando los mismos guantes para todas. En algunos momentos los policías las golpeaban con sus porras y se burlaban. Aún no fue identificada la ginecóloga, tampoco varios de los paleros.

En busca de garantizar su impunidad, primero las amenazaron y luego ejercieron su brutalidad sobre la miserable rutina de las detenidas. Fueron “engomadas”, aisladas en sus calabozos durante 5 días, sin otra opción que hacer y dejar sus necesidades en tachos o bolsas. También hubo algunos traslados repentinos a otras seccionales. En adelante, ya casi no se podrían tener elementos de higiene personal. Les quitaron las conservadoras de telgopor y las hornallas eléctricas. La diminuta vianda llegaba una vez por día. Empezaron a pasar hambre.

Ya no pudieron comunicarse con sus familiares, salvo por correspondencia escrita, previamente leída por el personal policial y destruida, si detectaban algo que no les gustaba. También les sacaron las radios y el televisor. No tenían noción del día y la hora ni de lo que pasaba en el exterior. Una de ellas tuvo una crisis epiléptica y se desmayó porque tampoco le dejaban pasar la medicación. “Si te llevamos al hospital las engomo a todas”, le dijeron cuando recobró la conciencia. Se quedó para no perjudicar a sus compañeras.

La única persona trans entre las víctimas siguió engomada, sin derecho alguno, ni poder hablar con alguien, salvo cuando un policía arrojó un detenido a su celda, pidiendo que lo “atienda” para que se tranquilice.

Dos semanas después del abuso sexual masivo, las detenidas sufrieron nuevamente una requisa general. Aparecieron al menos tres integrantes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) comandados por una oficial. Revisaron los ocho calabozos y luego encerraron a diez detenidas en un baño diminuto, de un metro y medio por dos. Allí las obligaron a desnudarse, mientras las golpeaban nuevamente con sus porras y se burlaban de ellas.

Durante dos horas debieron hacer ejercicios físicos (sentadillas, cuclillas o flexiones) hasta que quedaron extenuadas. La tortura cesó porque una de las jóvenes se descompuso y debieron llevarla a un hospital. Solo una de las integrantes del GAD resultó detenida.

Diligencias

Por la gravedad del caso, el juez de garantías Agustín Pablo Gosnn dispuso que fuera todo el personal de su juzgado hasta la comisaría tras recibir la denuncia de la CPM. Cuando llegaron al último calabozo, las seis detenidas rogaron por un vaso de agua antes de declarar. Eran las cinco de la tarde y no habían ingerido líquido desde la mañana. Hacía más de treinta grados. Luego de pedir copias de los libros de guardia y el listado de las internadas alojadas los días en los que se cometieron los ataques sexuales denunciados, se procedió a clausurar preventivamente el lugar y reubicar a las detenidas.

El juez se declaró incompetente por haber intervenido en el habeas y el caso pasó a otro juzgado de garantías. La ayudantía fiscal tomó declaración a casi todas las víctimas. En total fueron 23, ya que las condiciones en las que transcurrían el encierro bajo el mando del subcomisario Gómez, entre septiembre y enero, atentaron contra la integridad física de ellas. Se secuestraron los celulares del personal policial que pudo ser identificado.

Para la Comisión Provincial por la Memoria estos hechos no deben ser tipificados como “severidades” sino como “tortura”, un delito mucho más grave que implica penas de entre 8 y 25 años. “La sistematicidad de lo que estaba pasando en esa comisaría es característica de la tortura. Hay que ver el contexto también”, explica Margarita Jarque, de la CPM. “Se aprovechaban de la situación de hacinamiento, generaban tensiones que se resolvían con castigos y tortura. Dejaban entrar pocas visitas y solo una vez por semana”, detalla la abogada. Desde este organismo de Derecho Humanos se pidió ampliar indagatorias y detenciones, a partir de la identificación de más personal policial.

Jarque representa a las particulares damnificadas. El hecho le recuerda lo ocurrido entre agosto de 2015 y 2016 en la subcomisaria de Domselaar en San Vicente a cinco detenidas, donde siete policías están imputados y esperan el juicio oral en libertad.  Advierte que en La Tablada se notó la falta de perspectiva de género en la fuerza: “La mayoría de los que estaban al cuidado de estas mujeres eran hombres”. Algunas de las víctimas, las que pudieron fijar domicilio, consiguieron arresto domiciliario o fueron derivada a cárceles. Otras reincidieron. No recibieron ningún tipo de conmutación de la pena pese a estar con prisión preventiva por delitos menores, ínfimos si se considera los que sufrieron por parte del personal policial.

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