Lamentable fallo de la Justicia Porteña: Solamente podrán reclamar vacantes en la escuela pública los que no puedan pagar una privada

A tono con el decálogo macrista, la justicia porteña falla en contra de los ciudadanos

Por Tomás Palazzo para Noticias La Insuperable

Hace tan solo 10 días, el legislador Leandro Santoro sacaba a relucir en un memorable discurso en la Legislatura porteña, durante la discusión del presupuesto de la Ciudad, como era beneficiado el Poder Judicial en detrimento de áreas como salud y educación.  

¿Alguien conoce a alguna persona que haya resuelto un problema en el Poder Judicial de la Ciudad? ¿Saben cuánto es su presupuesto? 37 mil millones de pesos en financiar una Justicia que no persigue la corrupción, ni robos, ni otros delitos. Termina siendo la caja sucia de la política. Y acá es donde se va la plata de la coparticipación“, aseguraba Santoro.

Hoy esa “Justicia” demostró por qué Larreta la premia. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) falló contra las familias que reclaman una vacante para sus hijos en las escuelas públicas, al declarar inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de las vacantes en la escuela públicas. Además, el máximo tribunal porteño determinó que solo deberían hacer el reclamo por la vía judicial aquellos familiares que no puedan abonar la matrícula en la educación privada. Como si no fuese un derecho de los habitantes de este país el acceso a una educación gratuita y como si sólo pudiesen reclamar los que “caen” en la pública.

La causa se había iniciado en 2018, cuando una madre quiso anotar a su hijo de dos años en un establecimiento educativo público de la Ciudad y, en caso de no conseguir vacante, que fuera subsidiada en un jardín privado. Al momento de la inscripción online, el Gobierno de la Ciudad no le brindó ninguna de las dos opciones, por lo que el niño quedó en “lista de espera”. En este sentido, la madre denunció que las autoridades no garantizaron el derecho a la educación de su hijo, amparándose en el artículo 24 de la Constitución porteño, que establece que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.

La Ciudad contestó la demanda, al indicar que los procesos de inscripción no caducan y que el “reacomodamiento” de las vacantes “sigue vigente”. El conflicto se extendió, con fallos de un juez de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario -que le dio la espalda a la postura del CGBA-, hasta el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de la Justicia porteña. Allí en un voto casi unánime (cuatro votos a favor, y solo Alicia Ruiz en contra) el órgano judicial desestimó la denuncia de la familia sin vacante. De este modo, increíblemente, el TSJ dispone que solo pueden exigir la obligatoriedad de las vacantes al gobierno de la Ciudad quienes no puedan afrontar una cuota de un establecimiento privado. En la resolución, además, los jueces agregaron que las demandas por vacantes no deben ser individualizadas, sino que deberían estar agrupadas en una demanda colectiva en una ONG (la elegida fue Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Desde la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), repudiaron el fallo a través de un comunicado:

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad acaba de fallar contra las familias que reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública.

Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada.

El fallo busca limitar el acceso a la Justicia a las familias que eligen la escuela pública y pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace trece años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021.

La Constitución porteña es muy clara al respecto y en su Artículo 24 establece que “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”.

Echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el “reino del revés”, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casa de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos.

Con el recorte presupuestario, la persecución judicial a las y los docentes y los fallos hechos a la medida del macrismo- larretismo, el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia de la Ciudad ya no disimulan que tienen una política común para destruir la escuela pública.

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