Ajuste y Fuga

La lógica económica en el gobierno de Cambiemos fue la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de gestión, la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.

Por Lic. Horacio Rovelli

Cuando Néstor Kirchner asumió la Presidencia de la República el 25 de mayo de 2003 planteó un capitalismo serio que significó qué se produzcan bienes y servicios en el país con reglas claras de distribución del ingreso (paritarias libres, con un piso mínimo de incremento salarial de inflación más dos puntos sostenía el Presidente), que se defienda el mercado interno, que las exportaciones paguen una retención que permita al Estado subsidiar la energía y apuntalar a las industrias para generar mayor valor agregado. Que permita que el Estado cumpla su función de regulación de los mercados estableciendo claras reglas de juego por un lado y, de asistencia a los que menos tienen por el otro, cumpliendo cabalmente los principios constitucionales de “promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino

La Argentina crecía y crecía la industria que se expandió a un promedio del 6,8% anual entre los años 2003 y 2011, según los números del INDEC revisado durante el macrismo por su Director, Jorge Todesca. Pero la burguesía local, la que opera en nuestra Nación, incapaz de comprender la situación,en lugar de invertir, prefirió hacer el juego que más conoce y que más práctica: fugar capitales.  De ese modo no se propuso sustituir insumos que se deben traer del exterior ante la mayor producción nacional, prefiriendo ensamblar importando que es más barato y menos riesgoso que producir en el país. Si a eso le sumamos que la mayor actividad alcanzada durante el kirchnerismo implicó mayor uso de energía que en gran parte se debió comprar al exterior, la combinación de menor inversión, fuga de capitales y mayores importaciones tarde o temprano debían ser superadas con un nuevo reordenamiento por parte del Estado. Esto fue anunciado a fin del año 2011 y fue denominado por la Presidenta de Kirchner como “Sintonía Fina”, que consistía básicamente en hacer un seguimiento de los principales costos de producción de las principales industrias y de los principales productos del campo, a la vez de constituir un “mapa fiscal” que significa ver cuánto recibe en carácter de subsidio por desgravaciones impositivas, créditos blandos de bancos oficiales, tarifas reducidas de servicios públicos, etc., una empresa, y cuanto contribuye esa empresa con el Estado y con la sociedad.

El proceso de desinversión y fuga de capitales de los empresarios llevado adelante por el empresariado,  trató de ser compensado con políticas de seguir impulsando la demanda, que no hubiera estado mal si se hubiera realizado simultánea y paralelamente con las medidas de “sintonía fina” que, al no ejecutarse y, ante la restricción de la oferta, generó un proceso inflacionario que influyó negativamente sobre el tipo de cambio real y el poder adquisitivo del salario.

Esto es, se  puede expandir la economía desde la demanda agregada donde el sector público es fundamental para apuntalar las obras de infraestructura, impulsar el consumo interno y regular la actividad económica,  pero es inflacionario y se anula  así mismo si  no se cumplen los tres indicadores mencionados y, eso fue lo que pasó en el fin de la administración de Cristina Fernández de Kirchner,agravado cuando el grueso de los empresarios querían un cambio de gobierno.

En el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la situación fiscal tendió a agravarse, el aumento del gasto público superó los ingresos del fisco llevando el déficit fiscal a un escenario complicado. La política de subsidios al consumo de la electricidad, el gas y el agua insumía cada vez más recursos del fisco. La caída del tipo de cambio real producto de la administración del dólar se conjugó con el incremento de las importaciones, entre ellas, las derivadas de consumos energéticos necesarios para sostener la producción y el consumo interno. La fuga de capitales como la intensificación de la compra de dólares para ahorro generó también una situación de escasez de divisas

En pleno auge del modelo kirchnerista, año 2007 por ejemplo,  los subsidios a la energía y al transporte totalizaron en ese año un monto de  $ 14.600 millones de pesos  (a un dólar promedio de $ 3,10 significaban 4.700 millones de dólares, que era una suma menor que lo que se recaudó ese año por los Derechos de Exportación). En el año 2015 dichos subsidios fueron por casi $ 240.000 millones de pesos (equivalente a unos 25.000 millones de dólares que representó el 5% del PIB), cuando la recaudación por retenciones del año 2015 fue de unos $ 75.000 millones de pesos (unos 7.800 millones de dólares).  Esa inconsistencia hizo que en el año  2015 el déficit fiscal fuese de $ 221.344 millones y representaba el 15,5% del gasto total de la Administración Nacional y alrededor del 4,5% del PIB

GOBIERNO DE CAMBIEMOS

La lógica económica en el gobierno de Cambiemos fue la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de gestión, la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori. El gobierno de Macri solamente podía superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, en ese marco no puede existir proyectos de inversión productiva,  se prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que  condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la deuda externa.

Devaluaron violentamente no bien asumieron (el dólar pasó a valer $ 9,70 el 9 de diciembre de 2015 a $ 13,90 el 31 de enero y a $ 15,80 el 28 de febrero de 2016) y quitaron las retenciones (Derechos de Exportación) a las exportaciones en general y disminuyendo la de la soja, plasmando una brutal transferencia de ingresos de los asalariados y los que perciben sumas fijas, a favor de los exportadores y entre ellos a los de mayor patrimonio y agudizando el déficit fiscal que se financiaba con endeudamiento en pesos y en divisas, cerrando el circuito de deuda y fuga.

Paralelamente incrementaron fuertemente todas las tasas de interés de manera tal que  en mayo de 2017 el dólar valía (hasta la crisis de Brasil) menos de $ 16.- (precio similar que  un año antes) y las LEBAC pagaron tasas en ese período del 38 al 25% anual, recreando el sistema de “carry trade” (bicicleta financiera) como fue en todas las etapas en que el liberalismo gobernó al país, con lo que ingresan dólares financieros, se pasan a pesos, lucran con la tasa de interés y vuelven a su moneda original y regresan a su país de origen.

Desde el inicio de la gestión acrecentaron sideralmente las tarifas eléctricas, del gas, de los combustibles, del agua, de las comunicaciones, redujeron los impuestos internos para la compra de autos de alta gama y artículos de lujo y la alícuota de Bienes Personales, siempre beneficiando a los sectores de mayores ingresos en desmedro de la población.

La esencia de la propuesta del esbozo de un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos, no bien asumió, consistía en devaluar nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio creciera más que las tasas de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, generando una transferencia de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrado y de los exportadores. Una segunda etapa era que una vez producida la devaluación se asegurara que las tasas de interés del país sean mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de José Alfredo Martínez  de Hoz y de Domingo Felipe Cavallo.

Solamente dejaron que los precios de grandes empresas y sobre todo las vinculadas al equipo gobernante crecieran por encima del dólar (que punta contra punta en el gobierno de Cambiemos se acrecentó en un 670%), como es el caso de las tarifas eléctricas (cuya tarifa incluso creció por encima de la devaluación de nuestra moneda),  donde las principales empresas estaban vinculadas a Mauricio Macri, como es el caso de Pampa Energía SA de Marcelo Mindlin (quién blanqueó dinero para comprarle la empresa constructora IECSA al grupo Macri) y que controla también a las energéticas Transener y Edenor. O de Nicolás Caputo, socio de Macri en Mirgor SA y que tiene participación junto con capitales chilenos y las firmas española ENDESA y la italiana ENEL en Edesur.  O de Rogelio Pagano que de ser empleado de Marcelo Mindlin en Dolphin SA (que luego iba a llamarse Pampa Energía SA) pasó a ser titular de todas las empresas distribuidoras de electricidad de la Provincia de Buenos Aires: EDELAP, EDES, EDEA Y EDEN  y de la distribuidora de la Provincia de Salta: EDESA.

La lógica económica en el gobierno de Cambiemos fue la búsqueda y apropiación inmediata de la ganancia a como dé lugar, cubriendo los déficit que ellos mismos generaron con endeudamiento, aprovechando en los dos primeros años de gestión, la alta liquidez internacional, que a su vez fue el camino para que los sectores más favorecidos del modelo adquieran las divisas y fugarlas a posteriori.El gobierno de Macri solamente podía superar la restricción externa y las inconsecuencias del modelo que aplicó endeudándose y ofreciendo pingues negocios al capital más concentrado, en ese marco no puede existir proyectos de inversión productiva,  se prioriza la renta financiera a costa de un mercado interno que se achica, se concentra y se extranjeriza, con lo que  condena a amplias franjas de la población a la desocupación y a la pobreza, con un efecto anestésico inicial por el ingreso de dólares para un sector de la población, pero insustentable en el tiempo, como lo demostró la necesidad de acudir al FMI y la magnitud y vencimientos de la deuda externa.

Devaluaron violentamente no bien asumieron (el dólar pasó a valer $ 9,70 el 9 de diciembre de 2015 a $ 13,90 el 31 de enero y a $ 15,80 el 28 de febrero de 2016) y quitaron las retenciones (Derechos de Exportación) a las exportaciones en general y disminuyendo la de la soja, plasmando una brutal transferencia de ingresos de los asalariados y los que perciben sumas fijas, a favor de los exportadores y entre ellos a los de mayor patrimonio y agudizando el déficit fiscal que se financiaba con endeudamiento en pesos y en divisas, cerrando el circuito de deuda y fuga.

Paralelamente incrementaron fuertemente todas las tasas de interés de manera tal que  en mayo de 2017 el dólar valía (hasta la crisis de Brasil) menos de $ 16.- (precio similar que  un año antes) y las LEBAC pagaron tasas en ese período del 38 al 25% anual, recreando el sistema de “carry trade” (bicicleta financiera) como fue en todas las etapas en que el liberalismo gobernó al país, con lo que ingresan dólares financieros, se pasan a pesos, lucran con la tasa de interés y vuelven a su moneda original y regresan a su país de origen.

Desde el inicio de la gestión acrecentaron sideralmente las tarifas eléctricas, del gas, de los combustibles, del agua, de las comunicaciones, redujeron los impuestos internos para la compra de autos de alta gama y artículos de lujo y la alícuota de Bienes Personales, siempre beneficiando a los sectores de mayores ingresos en desmedro de la población.

La esencia de la propuesta del esbozo de un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos, no bien asumió, consistía en devaluar nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio creciera más que las tasas de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, generando una transferencia de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrado y de los exportadores. Una segunda etapa era que una vez producida la devaluación se asegurara que las tasas de interés del país sean mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de José Alfredo Martínez  de Hoz y de Domingo Felipe Cavallo.

Solamente dejaron que los precios de grandes empresas y sobre todo las vinculadas al equipo gobernante crecieran por encima del dólar (que punta contra punta en el gobierno de Cambiemos se acrecentó en un 670%), como es el caso de las tarifas eléctricas (cuya tarifa incluso creció por encima de la devaluación de nuestra moneda),  donde las principales empresas estaban vinculadas a Mauricio Macri, como es el caso de Pampa Energía SA de Marcelo Mindlin (quién blanqueó dinero para comprarle la empresa constructora IECSA al grupo Macri) y que controla también a las energéticas Transener y Edenor. O de Nicolás Caputo, socio de Macri en Mirgor SA y que tiene participación junto con capitales chilenos y las firmas española ENDESA y la italiana ENEL en Edesur.  O de Rogelio Pagano que de ser empleado de Marcelo Mindlin en Dolphin SA (que luego iba a llamarse Pampa Energía SA) pasó a ser titular de todas las empresas distribuidoras de electricidad de la Provincia de Buenos Aires: EDELAP, EDES, EDEA Y EDEN  y de la distribuidora de la Provincia de Salta: EDESA.

Pero la inmediata y acelerada suba de los precios provocada por los grupos económicos locales y extranjeros que operan en la Argentina y, el mayor endeudamiento para pagarle a los fondos buitres que no habían ingresado en los canjes de los años 2005 y 2010 (NM Elliot de Paul Singer, Aurelius y otros), con el fin de dejar librado el ingreso de capitales del exterior, sumado a la incapacidad en el tiempo del repago de la deuda, fruto que desfinanciaron al Estado por la devaluación y quita y reducción de las retenciones y el mismo endeudamiento en dólares, sabiendo que la devaluación no implica mayores exportaciones, esto es, pagan afuera en divisas y demandan  determinada cantidad de bienes (no más que lo que necesitan), al darle más pesos por dólar beneficia a los exportadores pero eso no significa mayores ventas y si mayor apropiación de ganancias, pero esa ampliación de los márgenes de ganancias se deriva a capitales especulativos y a la fuga del circuito económico local, dado que nadie invierte en un país que se achica y genera desempleo como hizo el gobierno de Cambiemos.

Ante la baja en el ingreso al Estado nacional de impuestos provenientes a la propiedad y a la renta, más la eliminación de las retenciones y disminución de las exportaciones de soja y, el freno en el nivel de actividad, la recaudación tributaria también disminuyó, profundizando el déficit fiscal, que financiaron contrayendo deuda externa, que a su vez fue generando mayores intereses todos los años y, compensaron parcialmente pero a costa de ajustar el gasto vía obra pública (Gastos de Capital) y las erogaciones en salud y educación.

DATOS DE LAS CUENTAS FISCALES NACIONALES

El 25 de abril de 2018 ante la suba de la tasa de interés de largo plazo (10 años) de los EEUU, acercándola al 3% anual, se profundiza en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda argentinos en los mercados internacionales (JP Morgan, HSBC, Deustche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.) y aquellos que no pudieron irse por tener vencimientos a posteriori, esperaron cierta estabilidad para vender títulos públicos y privados argentinos, pero, paralelamente, aparecen en el mercado financiero local grandes administradores de fondo de cobertura como Blackrock, Franklin Templeton, Fidelity, Vanguard y Pimco entre otros que, en la mayoría de los casos, no le prestaron directamente al Tesoro de la Nación Argentina y si compraron los títulos de deuda a precio muy menor al nominal a los que querían salir de esa acreencia, en los mercados secundarios de títulos y acciones.

Ante la corrida cambiaria el gobierno de Cambiemos firma dos acuerdos con el FMI, aceptando la reducción de salarios y del empleo público, la disminución de la obra pública y el recorte de los subsidios a la energía y al transporte, es más, descargaba parte del ajuste en las provincias trasladando el subsidio de transporte y limitando las transferencias. Por esa política iban a recibir en DEG (Derechos Especiales de Giro) por 40.714 millones, equivalente a 57.000 millones de dólares, pero después por severos incumplimientos fiscales y monetarios, le fueron otorgados finalmente DEG 32.200 millones, el equivalente a 44.000 millones de dólares, pero superando ampliamente el monto máximo que le hubiera correspondido a la Argentina que no superaba los 15.900 millones de DEG.

Sin tomar una sola medida que frene la compra de divisas (como sería la de fijar un impuesto que encarecería dicha moneda y significaría un ingreso genuino al fisco), el gobierno de Cambiemos cayó en un proceso recesivo. Sin dólares para cumplir con sus compromisos externos, cuando había permitido sin límite alguno las compras de dólares desfinanciando al Tesoro de la Nación[1], situación que se complicó cuando el FMI a posteriori le sacó el apoyo financiero. Tras las PASO (elecciones  primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) que se realizaron el 11 de agosto de 2019 y que significó una derrota terminal del frente oficialista de Juntos por el Cambio, se vieron obligados a un plan de contingencia para arribar a las elecciones nacionales y luego a la entrega del gobierno al Presidente Alberto Fernández, recién allí pusieron límites a la compra de divisas para las personas física y jurídicas de 200 dólares por mes.

El gobierno de Cambiemos nos volvió atar al FMI y capitales trasnacionales incrementaron la participación en la economía nacional, no solo en las más grandes empresas (como es la participación de BlackRock en Tenaris y en YPF SA por ejemplo), sino cuando Glencore[2] se queda con Oleaginosa Moreno y con lo mejor del negocio de Vicentin SAIC, incluida la participación de la misma en Renova SA (biodiesel, glicerina, molienda y aceite de soja) perfilando en conjunto, un país agropecuario extractivista exportador, en desmedro del trabajo y la producción nacional.

EL GOBIERNO DE ALBERTO FERNANDEZ

A quién beneficia que la Argentina del año 2020 haya exportado 39 millones de toneladas de  maíz en granos, encareciendo el costo de  producir carne de aves y cerdos y con ellos su precio en el país.  A quién beneficia que se hayan exportado un millón de toneladas de carne vacuna y a la par el consumo per cápita es el menor de los últimos cien años (50,1kg de carne de vaca en el año 2020).  A quién beneficia cuando los principales alimentos que vendemos (granos y carnes) vieron incrementado sus precios en dólares en el mercado externo  a un promedio del 40% y, el tipo de cambio comercial paso de valer $ 59,60 el 10 de diciembre de 2019 a $ 97,50 al 31 de marzo de 2021, se deprecia nuestra moneda en un 65% y esa combinación de mayor precio en dólar y ajuste de la paridad solo es frenada con un derecho de exportación del 12% y solo la soja tiene una tasa del 30%.

Ningún gremio consiguió semejante tasa de aumento como aumentaron los productos de primera necesidad por la combinación  antedicha.  Ello en medio de la pandemia con la economía seriamente limitada para desenvolverse, incluso con despidos francos y otros  encubiertos, entonces no nos puede sorprender que la pobreza sea según el INDEC de un 42% (si el país tiene un poco más de 45 millones de habitantes alcanza a unas 19.000.000 de personas) y que la indigencia sea del 10,5% (4.700.000 personas) y sabemos que castiga más a los niños y a la franja etaria de los más jóvenes que recién ingresan al mercado laboral o que si lo hicieron con el gobierno de Cambiemos y la pandemia perdieron el trabajo. Las disponibilidades laborales son informales y precarias en la inmensa mayoría de los  casos y, en el trabajo registrado, el salario mínimo vital y móvil es operativo y es de solo $ 21.600 por mes, y en jornalero de $ 108.- por hora, cuando la Canasta Básica Total para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos (y sin contemplar el pago del alquiler) fue de $ 57.997.- para el mes de febrero 2021, según el INDEC.  Trabajan dos personas en la familia y  no pueden superar el umbral de la pobreza.

Mercado de Trabajo

Datos IV Trimestre de cada año

Finalmente demostrando la correlación entre la depreciación de nuestra moneda y la inflación, si tomamos el período marzo 2015 a febrero de 2021, el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC creció en un 1.033%  y el tipo de cambio lo hizo en 1.061%  (el dólar tipo de cambio comercial promedio paso a valer $ 8,62 en marzo 2015 a $ 91,50 en febrero 2021), esto es porque básicamente vendemos alimentos, entonces al igualarse los precios externos al interno sucede esa proporcional y directa relación.

EL AJUSTE COMERCIAL

La Argentina no tiene un problema de restricción externa,  no es que no podemos crecer porque faltan divisas, al contrario, las divisas deberían sobrar,  si tomamos un período largo de nuestra historia reciente, por ejemplo del año 2003 al año 2020 el superávit comercial fue de 156.712 millones de dólares.  De hecho en el año 2020 las exportaciones superaron a las importaciones en 12.528 millones de dólares y sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares en ese año.  Y esto fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas de empresas como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain o el Banco HSBC, que seguramente tienen deudas pero tienen mucho más activos afuera que esa deuda que el BCRA les autorizó pagar y que en conjunto para todos los que fueron y le compraron dólares al BCRA pata pagar supuestas obligaciones externas fue por 6.200 millones de dólares.

Es más, el BCRA les permitió a los importadores pagar en forma adelantada importaciones (antes que los productos ingresaran al país) por unos 5.000 millones de dólares, y todo ello cumpliendo con la legislación de la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz.  La corrida cambiaria no debería haber existido si el BCRA priorizará la defensa de nuestra moneda cumpliendo acabadamente con el Art. 3ero. de su Carta Orgánica que dice “Preservar el valor de la moneda”.

El gobierno todo debería trabajar en un mayor control y supervisión del comercio exterior y, sin embargo, se publicó el Decreto 949/20 el 26 de noviembre de 2020 que continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios y en Hidrovía Paraná SA, sociedad cuyo principal accionista es la empresa Jan De Nul Group, con casa central en Luxemburgo, en lugar de que ese rol lo asuma el Consejo Federal de Hidrovía que lo constituyen la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la cuenca del Plata que se había creado por Decreto el 28 de agosto de 2020.

Por ende, no es necesario sacrificar el consumo interno para tener mayor saldo exportable, sino que se debe contemporizar uno y otro, priorizando la demanda interna como hizo Néstor Kirchner en su momento, por ejemplo, con las exportaciones de carne y de trigo, primero se abastece al mercado local y luego el saldo exportable y los precios  desacoplados por retenciones del 35%. Y por supuesto se debe tener un plan para agregar valor a nuestras ventas externas que debe partir de limitar la venta de granos y carnes sin elaboración alguna.

No se puede permitir bajo ningún concepto que los grandes comercializadores de alimentos, las ocho grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos[3]; el Consorcio ABC que representa el 80% de las exportaciones de carne vacuna, etc. igualen el precio externo con el interno, cuando el salario promedio en la Argentina actual no alcanza a ser de 820 dólares por mes y, en Europa central es (en euros)  el equivalente a  2.000 dólares mensuales.  En Europa pueden pagar la botella de aceite mezcla 1,8 euros,  pero nosotros no la podemos pagar $ 200.- cuando acá se produce y el costo total es menos de la mitad de esa suma. 

El margen de ganancia y fuga de los grandes formadores de precios en la Argentina, llámese Techint, Aluar, Loma Negra, Cementera Avellaneda, Total, Pan American  Energy,  Cargill, AGD, Ledesma, La Serenísima, Frigorífico Rioplatense, etc. es abismal  como es abismal la pobreza y la indigencia de gran parte de nuestro pueblo.

Se acumula superávit comercial y se pierde en autorizaciones del BCRA que se habrían evitado,si la ley 27.541de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, hubiera incluido la Emergencia Cambiaria, emergencia que fue derogada por el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos, luego de casi 53 años de vigencia desde el Decreto 2581/1964, con diez de interrupción por el Decreto 530/1991 hasta el DNU 1606/2001, Decreto 1638/2001, que preserva las divisas en poder del BCRA y obliga a los exportadores a liquidar sus operaciones en tiempos perentorios.

AJUSTE FISCAL

Las cuentas de la Administración Nacional también se benefician del proceso inflacionario por la simple razón que se incrementan nominalmente los ingresos, principalmente los derechos de exportación y aranceles ante la depreciación de nuestra moneda y los mayores precios internacionales[4]y los impuestos ligados a los precios (IVA, Internos, Combustibles), ante el menor gasto al ajustarse las partidas, principalmente jubilaciones y pensiones (que representan más del 40% del gasto público de la administración nacional) y los salarios que se acrecientan por debajo de la inflación acumulada.

En el Ministerio de Economía insisten que  la Argentina puede llegar a crecer un 7% este año 2021 y que el déficit fiscal de la ley de Presupuesto Nacional 2021 que se estimaba en el 4,5% del PIB será menor e incluso cercano al 3%.En primer lugar no parece que así sea con los números fiscales del primer bimestre del año, donde el déficit fiscal total suma $ 67.347 millones y es una suma mayor a todo el gasto de capital del período.

Y es peor, cuando se dieron a conocer la caída del PIB del 9,9% en el año 2020, motivada por un descenso del 13,1% en el Consumo y del 13% en la Inversión Bruta Fijacon respecto al año 2019, año en que había disminuido el PIB en un 2,1%.  Y cuando la pobreza alcanza al 42,2% de la población,  es obvio que es ética y moralmente criticable insistir con pautas que distan de la realidad, solo para asegurar un ajuste fiscal que permita comprar los dólares del ajuste externo y de es amanera honrar la deuda.

Primero y antes que nada se debe auditar quienes se beneficiaron con la deuda. El BCRA en un trabajo titulado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, sostiene que fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares, por ende se debe llamar a los titulares de esas cien firmas y decirle señores ustedes no pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron, de donde extrajeron esa suma, con lo cual se logra hacer, además, un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. 

Es fácil suponer quienes son los que fugaron gran parte de los dólares del año 2015-2019  (el BCRA tiene los datos fehacientes de cada compra de divisas, fecha y monto)  y son los beneficiados del macrismo, las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de granos, las exractivistas de minerales líquido, sólidos y gas y, las empresas de telecomunicaciones.  Se los audita y se los multa y con ello se hace un fuerte avance en la fiscalización del  país y en el ingreso del Tesoro de la Nación.

Obviamente se debe realizar un sideral cambio en las cuentas públicas si se quiere realmente impulsar el mercado interno. Se debe sí o sí cobrar impuestos a los sectores de mayores recursos y aumentar los derechos de exportación (retenciones) que implica mayores recursos para el fisco y a la vez menores precios para el mercado local.  Paralelamente se debe incrementar fuertemente la obra pública  (gran dinamizadora por sí y demandante de mano de obra) y las transferencias (gasto social, subsidio al transporte  y la energía en las provincias más pobres).

Del lado del gasto, el 40% del mismo son pagos de jubilaciones y pensiones, cuando en su más amplia mayoría los supuestos beneficiaros después de trabajar toda la vida, perciben la mínima o cerca de la mínima (en torno a los $ 22.000.- mensuales para marzo 2021), y los salarios de la administración pública también se han retrasado por la inflación, más los servicios de salud, educación y asistencia social que se debe seguir ejecutando.

Si no se adoptan medidas de cobrar impuestos y apuntalar la inversión pública, el Estado no puede garantizar que la economía crezca un 7% anual y, es desaconsejable bajo todo punto de vista, poner como meta reducir el déficit fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad.

El déficit fiscal total del año 2020 de la Administración Nacional fue de 2.292.730 millones de pesos y representó un tercio del total del gasto, gasto que se incrementó fuertemente por los programas de salud y asistenciales por la pandemia del covid 19. Dicho déficit fiscal fue financiado parcialmente por el BCRA, por dos vías, una transfiriendo utilidades de la autoridad monetaria (que se generan básicamente porque las reservas internacionales brutas en oro y divisas al devaluarse nuestra moneda, valen más en pesos) por casi un billón de pesos y, otra parte, por Adelantos Transitorio al Tesoro por 467.720 millones, por lo tanto la Administración Nacional debió endeudarse en el año 2020 en pesos, por la diferencia, que fue de 827.700 millones de pesos[5. Esquema que plantea repetir este año 2021, para que el 60% del déficit sea financiado por el BCRA y, 40% por deuda, pero con cifras menores (el objetivo de la ley 27.591 de Presupuesto de la Administración Nacional 2021 es reducir el déficit fiscal total del 8% al 4,5% del PIB).

Pero de allí a afirmar que la política de reducir el déficit fiscal no es de derecha o de izquierda, dista de la realidad, en un país donde a la injusta distribución del ingreso se suma un más injusto y regresivo sistema impositivo.  El Ministro Guzmán tiene una idea teórica del tema formado en las universidades de los EEUU, en ese país los impuestos respetan la proporción en la recaudación entre gravámenes a la riqueza (patrimoniales), a las ganancias (rentas) y, al consumo y la actividad, que es de aproximadamente un tercio para cada división, por un lado y, por el otro, esa Nación, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, vemos que el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y además, depende de los Estado la presión fiscal, obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.

Muy distinto es en nuestro país, donde sumando las imposiciones de las provincias, el total de los impuestos al consumo y a la actividad (IVA; Combustible; Internos; Débito y Crédito Bancario; etc. a nivel nacional y el Impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial) representan más del 75% de lo que se recauda.  El Impuesto a las Ganancias no alcanza a ser el 22% de la recaudación total (donde más de un tercio es a la cuarta categoría – trabajo personal) y, el gravamen a las riquezas supera levemente el 3%.  Por ejemplo teniendo las tierras más fértiles del mundo, el impuesto inmobiliario rural (que recaudan las provincias) no alcanza a ser el 0,3% del PIB,  cuando el IVA representa el 10,5% del producto bruto interno argentino.

Por ende se puede lograr reducir el déficit fiscal, pero el camino correcto es esencialmente cobrándole impuestos a los que no pagan o lo hacen mínimamente, que son los sectores más ricos de nuestra sociedad.  La presión impositiva es importante para la mayor parte de la población, no así para los que detentan un gran patrimonio.

Por ejemplo, la recaudación de impuesto a los  Ingreso Brutos, que se traslada y lo paga el consumidor final, representó en la Provincia de Buenos Aires en el año 2020 el 72,6% de la recaudación de la provincia ($ 339.086 millones), mientras que el Impuesto Inmobiliario Rural fue de solo $ 14.131 millones (el 3% de la recaudación propia), cuando la concentración de la propiedad de la tierra, según informa el Censo Nacional Agropecuario, 2.516 establecimientos son dueños de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables de la Provincia), pero a su vez, cuando a comienzo del año 2020 en el Senado bonaerense se trató el Código Fiscal, nos enteramos que los dueños de esos establecimientos son 211 familias y/o sociedades.  Estamos hablando de la tierra más fértil del país (y una de las más fértiles del mundo), donde más rinde por hectáreas tiene el maíz, el trigo, la soja, el sorgo, el girasol, etc., paga solamente el 3% de los ingresos propios de la provincia.

Es claro que se necesita una reforma integral del sistema tributario y que no se puede realizar una disminución del déficit sino se lo hace principalmente desde los ingresos.

EL DIFICIT CUASI FISCAL 

Lo más llamativo es que el equipo económico no muestra la misma preocupación por el déficit del BCRA o cuasi fiscal,  cuando las Leliq (letras de Liquidez del BCRA) más los pases pasivos (que es plata que los bancos le prestan al BCRA) suman en total al 30 de marzo de 2021,  3,1 Billones de pesos, superando a la Base Monetaria que es el total de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA que era a esa fecha de 2,5 billones de  pesos e incluso, es mayor al déficit fiscal  acumulado del año 2020 de $ 2,3 Billones

Esa masa de dinero inmovilizada devenga intereses todos los meses, que en marzo de  2021 fue por unos $ 90.000 millones[6], que paga religiosamente la autoridad monetaria.  En la gestión actual del BCRA el renglón que más se incrementó fueron la Leliq, creció de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión al 31 de marzo 2021 que ascendía a 1.891.864 millones, en un 149%, cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 38%. Por lo tanto en la Argentina el crédito y la liquidez (dinero en la calle) es mínimo e insuficiente para impulsar la actividad económica y, no solo no se puede concebir que el BCRA le pague a los Bancos por no prestar, sino que esas inmovilizaciones han tomado una magnitud inconmensurable y, el nivel de esterilización del dinero es de mayor magnitud que el déficit fiscal de Tesoro de la Nación, con el grave riesgo que se convierta en una “bola de nieve” imposible de pagar.

Cínicamente los economistas del sistema critican el déficit fiscal, básicamente ocasionado para poder hacer frente al drama de la pandemia generada por el covid-19, pero nada dicen del déficit cuasi fiscal o déficit del BCRA que crece sin cesar y por motus proprio y, dada la concentración del sistema financiero local, donde diez grandes bancos privados concentran la mayor parte de las Leliq y pases pasivos y, son los mismos que compraron para sí y para sus clientes la mayor parte de los 86.200 millones que se fugaron en la gestión del gobierno de Cambiemos.

Por ende, en medio de la llamada Segunda Ola de la Pandemia del Covid 19 se deben tomar medidas de regulación estatal para apuntalar a la población, a su producción y a su trabajo, en cumplimiento del Art. 16 de nuestra Constitución Nacional: “Todos sus habitantes son iguales ante la ley. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Y del mandato constitucional:”… promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.



[1]El marco propicio lo creó el gobierno de Cambiemos que en diciembre de 2015 eliminó el Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias de la AFIP y elevó el máximo a comprar a  dos millones de dólares mensuales para las personas físicas y jurídicas.  En mayo de 2016 lo elevaron a cinco millones de dólares y desde agosto de 2016 se liberó totalmente, hecho que permitió que el 25 de abril de 2018 se fueran ese solo día 1.225 millones de dólares a $ 20,20 en promedio cada dólar.

[2]Glencore tiene el 50% de la explotación minera de Farallón  Negro y a su vez, Larry Finck reconoce que BlacRock  posee el 6% del capital accionario de Glencore.

3] ADM; Bunge Ceval; Cofco; Cargill; Glecnore; Louis Dreyfus; Aceitera General Deheza; y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas).

[4] Como se explicó al principio de la nota.

5] En el mercado local y colocando títulos de deuda que se pagan en pesos pero ajustados al valor dólar (por ejemplo los llamados Bonos Linked)  y en pesos ajustables (Los BONCER),  el CER es el Coeficiente de Estabilización de Referencia y se basa en el IPC del INDEC.  Desde el 10 de diciembre de 2015 al 28 de febrero  de 2021 ambos índices crecieron en forma similar en un 1.000%.

[6] Monto similar al IFE (ingreso Familiar de Emergencia) cada vez que se pagó

Gentileza: El Tábano Economista

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