¿Podemos seguir esperando?

Lo que más preocupa del Poder Judicial es la persistencia de las cadenas de complicidades

Por Graciana Peñafort para El Cohete a la Luna

Estoy un poco harta. La vida en pandemia no deja de ser un continuo de llamadas, zooms, papeles que van a lugares difusos y cafés, asados y cenas postergadas a un futuro incierto. Harta al punto de ya casi no tolerar a nadie, empezando por mí misma. Me llaman para hacer entrevistas, reportajes o dar charlas y yo ardo de ganas de preguntar: ¿Y por qué debería hacer eso? Con honestidad siento al otro como una fuerza que me quita el poco tiempo del que dispongo y no termino de entender por qué debería prestarme a participar. Y aclaro, a mí me encanta explicar cosas y enseñar. Pero últimamente estoy incómoda, porque no tengo respuesta y las soluciones a las que arribo me parece por demás inútiles.

Tengo una charla agendada para dentro de unos días. El tema es reforma judicial. ¿Qué voy a decir sobre ello? Digamos que podría ocupar los 30 minutos iniciales en hacer un diagnóstico de la situación del Poder Judicial –que es cruel, a mi criterio—, pero, ¿y después? ¿Qué digo después? Porque hay cosas que me cuesta explicar. Por ejemplo, por qué tenemos dos reformas judiciales ya con media sanción, trabadas en la Cámara de Diputados de la Nación.

De hecho, me sorprendió –y no de modo agradable— lo que pasó la semana pasada. Martín Soria, ministro de Justicia de la Nación, se reuní de modo oficial, público y con fotos incluidas con algunas fiscales nacionales. Rápidamente Florencia Arietto y Patricia Bullrich denunciaron esta reunión ante el procurador interino Eduardo Casal. Hasta ahí podríamos reinos de la conducta de las denunciantes. Pero dejamos de reírnos cuando nos enteramos de que Casal hizo un llamado de atención, señalando que las fiscales debían comunicarse de modo institucional con las autoridades. Lo cual me hizo recordar a una foto de julio del 2018, en la que se ve a un sonriente fiscal Carlos Stornelli, en una celebración en la embajada norteamericana, saludando con amabilidad al entonces embajador Prado.

El Embajador y la pleitesía

La preocupación de las denunciantes no se extrapoló a las visitas reiteradas, no públicas y cuidadosamente mantenidas en secreto de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri. Cuando esas visitas tomaron estado público, un usuario de Twitter, Pablo Lapuente Escobar (@PConurbano) publicó este tuit, que semanas después me sigue haciendo reír y se ha tornado mi respuesta a todo.

Es como el reclamo de mis alumnos respecto a los jueces y fiscales. Concluyen mis alumnos que algunos jueces y fiscales deberían irse. ¿Qué duda cabe de que mis alumnos tienen razón? Pero atento la paridad de fuerzas parlamentarias, la posibilidad de concluir exitosamente un proceso de remoción se presenta digamos que difusa, por ser relativamente cordial.

Y voy de nuevo a un tema sobre el que ya he escrito mucho y hablado más, al mirar al Poder Judicial: lo que más me preocupa es la persistencia de las cadenas de complicidades, que sigue incólume. Basta ver el intento algo maníaco de Comodoro Py para quedarse con la megacausa de espionaje ilegal que se tramitaba en Lomas de Zamora. Maniático o no, lo obtuvieron. La causa tramitará en Comodoro Py. Aún no sabemos con qué juez, porque la jueza Capuchetti, con una dignidad que muchos de sus colegas han olvidado, se excusó de intervenir. Básicamente porque entre los muchos espiados figura ella misma. Lo que habrá sido la dimensión de las maniobras de espionaje ilegal, que incluso una jueza designada por el macrismo fue víctima de tales maniobras.

Ya todos sabemos o intuimos las verdaderas razones por las que Comodoro Py trabajó tan arduamente para quedarse con la causa de espionaje ilegal de Lomas de Zamora. Nunca falta un hijo o nieto de vecino que escribe lo que no debe. ¿Cómo termina esta historia? No tengo idea, pero podría especular que siempre se corta el hilo por lo más delgado. A la misma conclusión arribo sobre causas como la que llamamos “Mesa Judicial” o incluso sobre la causa por la persecución sufrida por el Grupo Indalo.

Zaffaroni me diría que no se puede perder la fe en lo que estudiamos y amamos. Y como de costumbre tiene razón. Pero que Zaffa tenga razón no hace que mi fe goce de buena salud.

¿Desencanto o mero desánimo? No sé qué decir. Si no fuese porque me angustia y mucho, un poco me reiría de cosas como el dictamen de Casal, que dice que el Poder Ejecutivo es competente para tomar medidas de emergencia por la pandemia para acto seguido decir que las mismas carecen de fundamentos suficientes. El prodigioso caso del abogado que se tornó sommelier de fundamentos científicos, o la historia de Casal el epidemiólogo.

Hace unos días mi amigo Miguel Litch, hijo de mi querido Bernardo, publicó algo que me pareció genial respecto a competencias federales en materia de sanidad. El caso es “Rodrigo Emanuel s/violación leyes de policía sanitaria animal». CSJ Comp. W 23/2019/CSI”.

El caso se origina por un conflicto de competencias entre el Juzgado de Garantías N° 1 del departamento judicial de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, y el Juzgado Federal n° 1 de esa sección, en la causa en la que se investiga un brote de triquinosis originado a partir de la faena de cerdos infectados en un predio propiedad de Rodrigo Emanuel T. En dicha oportunidad la Corte Suprema dispuso que se trataba de una cuestión de competencia federal en virtud de “la función de poder de policía de sanidad animal que ejerce la Nación, por la naturaleza de los bienes tutelados”.

Dicho en criollo, el poder de policía de sanidad animal es ejercido por la Nación. Lo insólito es que la Justicia porteña y lo que es peor, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no admite esa competencia a la Nación por el poder de policía de sanidad de las personas. Y no lo reconoce en el marco de una pandemia. Y pese a los mas de 20.000 casos diarios y de las muertes contadas en centenas, nada parece importar. Pese al decreto del Poder Ejecutivo, publicado ayer sábado, en CABA seguirá habiendo clases presenciales.

Hay gente que va a morir porque el Poder Judicial y un gobierno local deciden que no van a reconocer las normas sanitarias ni las medidas de prevención dictadas en base a ellas. En plena pandemia.

Pero ese no es el único milagro —para nada milagroso— del Poder Judicial en los últimos días. Buena parte del país deberá continuar con sus clases e incluso con la modalidad de teletrabajo a través de Internet. Y hace unas horas nomás la Sala II de la Cámara Contenciosa Administrativo Federal le dio una cautelar a Telecom, para suspender por seis meses el decreto que calificó como servicio publico a los servicios de telecomunicaciones y que impuso topes a sus tarifas.

Seamos justos. No es que Telecom cumpliera la norma, porque ha facturado sin limites y sin importarle las sanciones que el ENACOM le aplicaba por eso. Lo que importa, lo que es verdaderamente relevante, es que, iniciando la segunda ola de Covid, los jueces consideran que es legitimo suspender los topes tarifarios a la principal proveedora de servicios de Internet del país.

Hay chicos que no van a poder estudiar, ni siquiera virtualmente porque sus padres no tendrán para pagar Internet. Y otros que no estudiarán porque sus padres no pueden comprarles un dispositivo de acceso, aun cuando solo sea un celular. Pienso en el tiempo perdido por haber discontinuado el programa de alfabetización informática más importante que tuvo este país, que fue Conectar Igualdad. Que consistía en una netbook para cada chico de estudiase en una escuela pública.

Yo entiendo y asumo que en plena pandemia hay mil prioridades que pasan por cuidar la vida y la salud de las personas que viven aquí. También sé que con el kilo de pan a 200 pesos mucha gente se pregunta cómo carajo hará para comer. Todo, pero todo parece más prioritario que resolver los problemas sistémicos del Poder Judicial. Pero creo que es un error no encararlos de una buena vez. Porque el costo social de un Poder Judicial ineficiente, acomodaticio y sordo a las necesidades de la población es tan enorme, que ya lo empezamos a contar en chicos sin estudios y en cadáveres.

¿Podemos seguir esperando?

1 Comment

  1. Como no entenderte quienes te seguimos en la lectura apreciada Graciana. Todas y todos, antes de anteponer ideología política alguna, estamos hartos. La pandemia nos condiciona, cuando no, nos deprime; pero si las circunstancias fueran otras en cuanto como bien definís sobre “el costo social de un Poder Judicial ineficiente, acomodaticio y sordo a las necesidades de la población , que ya lo empezamos a contar en chicos sin estudios y en cadáveres”… Sin dudas somos muchas y muchos más que además del hartazgo no deseamos seguir esperando. Sólo en el escenario de la calle está la batalla. Ellos bien lo saben; la pandemia juega a su favor; por ahora, tan sólo por ahora. Los plazos se acortan.

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